Aumenta la criminalización de las personas migrantes y la solidaridad y ayuda a estas en 2023

Tanto personas migrantes como más de 100 personas vinculadas a ONG habrían enfrentado procesos judiciales en la UE por prestar ayuda humanitaria
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Barco de rescate de la Guardia Civil — Ministerio del Interior

Según el informe de PICUM, una red de ONG que trabajan por los derechos de las personas migrantes, hasta seis países de la UE tendrían algún tipo de ley que criminaliza, o algún tipo de solidaridad, o el cruce de fronteras de manera irregular, y también enfrentarían algún tipo de acoso distinto del judicial.

Los procedimientos que enfrentarían estas personas durarían de media unos 3 años y medio, más del 80% estarían en procedimientos durante más de un año e incluso en uno de los casos que resultó en absolución para 17 de los 18 involucrados, el procedimiento duró casi ocho años.

Por otro lado, hay también sanciones de tipo administrativo u otros tipos de acciones que también han tenido que enfrentar hasta 12 ONG, como son las multas, que suponen un golpe fuerte a muchas organizaciones que ya hacen malabares para mantener sus programas, también hay casos de confiscación de material, acoso y detenciones policiales, amenazas por parte de grupos privados, restricciones de acceso a determinados lugares o difamación.

En este sentido, KISA, organización chipriota sufrió en enero de este año un ataque bomba en sus instalaciones, sin por ahora culpables a pesar de que vienen sufriendo ataques durante 4 años, desde que en 2020 fueran señalados por el Ministro del Interior chipriota como cómplices de los hermanos musulmanes y de apoyar a Turquía.

También se denuncian los juicios contra conductores de embarcaciones que llegan a la UE acusándoles de ser traficantes por facilitar la entrada irregular de personas, sin embargo, estas acusaciones se suelen basar en la mera presencia en el barco, resistirse a una deportación o incluso grabar con el móvil. En este sentido, de los datos recolectados se destacan Grecia o Italia como países en los que se realiza esta práctica, en Italia a enero de 2024, hasta 107 personas estarían acusadas de “tráfico” o “contrabando”, estando la mayoría retenida en prisión. En Grecia, para febrero de 2023, los acusados por “contrabando” serían el segundo grupo por tipo de delito más grande, con hasta 1.897 acusados.

Los juicios contra estos acusados se caracterizan por defectos en el procedimiento judicial y falta de evidencia, también destaca que los acusados pasan años en prisión antes de ni siquiera tener una primera audiencia, en Italia, un procedimiento que involucraba a diez personas, a pesar de que hubo coacción, este duro siete años. A los acusados se les identifica como conductores del barco con base en testimonios no fiables y las sentencias se dictan después de procedimientos sin garantías, como no tener acceso a asesoramiento legal o un traductor, además, las personas migrantes suelen sufrir maltrato durante los procedimientos legales. Durante el monitoreo de 48 juicios distintos por “contrabando” entre 2016 y 2019, la duración promedio de cada juicio fue de 38 minutos.

Ha habido casos aislados en los que los tribunales han reconocido estos comportamientos compensando a las víctimas, por ejemplo, en Grecia, Akif Rasuli fue condenado a 50 años de prisión por “facilitar la entrada ilegal” a personas después de que la guardia costera griega intentara deportar el barco en el que viajaba de vuelta a aguas turcas, este también fue acusado de “causar un naufragio”, sin embargo, fue absuelto de este cargo. Después de tres años en prisión y de apelar la decisión, el tribunal de Mitilene reconoció que había sido encarcelado injustamente, compensándolo con casi 16.000 €.

También resalta los casos en los que niños estarían siendo acusados de estos delitos. Entre otros, el informe pone en relieve los siguientes casos: Abdalla, Amara y Kader, en 2019, embarcaron en Libia en una neumática, una vez rescatados, fueron instruidos para que regresaran a Libia, sin embargo, tuvieron que ir hacia Malta después de que algunos pasajeros se quejaran, una vez en el puerto, fueron arrestados acusados de haber robado el barco a pesar de que los testimonios aclaraban que habían ejercido como mediadores entre la tripulación y los migrantes, finalmente, a pesar de tener entre 15 y 16 años en ese momento, fueron tratados como adultos e internados en prisión provisional varios meses, después de cuatro años, se encuentran acusados de terrorismo y enfrentan penas potenciales de 30 años en prisión.

M. de 15 años, se embarcó con su padre que era pescador en noviembre de 2022, este último acepto de mala gana llevar a cabo determinadas tareas a bordo para poder permitirse el viaje, al llegar a Grecia ambos fueron acusados de estos delitos, siendo su padre puesto en prisión provisional y sentenciado a 280 años de prisión y M. separado de él y enfrentando cargos en un Tribunal de menores.

La legislación anti-contrabando o anti-tráfico de personas se está usando para criminalizar tanto a personas migrantes que cruzan las fronteras, como a personas que ayudan a estas personas migrantes. Este incremento se prevé que se vea elevado este año si tenemos en cuenta la Directiva dictada en noviembre de 2023 para prevenir y combatir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares en la Unión, la cual fue aprobada sin un informe que analizara cuál iba a ser el impacto en las circunstancias actuales, cosa requerida conforme la Guía para establecer mejores regulaciones de la Comisión Europea.

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