Cuatro de ‘los 6 de Zaragoza’ entrarán en prisión de manera inminente si el Gobierno no los indulta

Lo que realmente se ha juzgado ha sido el propio derecho de manifestación y libertades democráticas. Pero solo para un sector de la población, aquel que se organiza en defensa de los derechos democráticos, la igualdad y la libertad
Imagen de la campaña por la libertad de los 6 de Zaragoza. Diseño: Rubén Hervás

Imagina acudir en el 2019 a una manifestación en rechazo de un mitin de VOX en donde se proclaman consignas de odio, xenófobas, racistas y de blanqueamiento del terrorismo machista y, tras varias cargas policiales, horas después, eres detenido en los alrededores simplemente por tu estética. Imagina que, tras pasar a disposición judicial junto con otros chavales, sois acusados de “desórdenes públicos” y “atentado a la autoridad”. Imagina que, además, el juez que lleva el caso es Carlos Lasala, un juez ultraderechista que un día se acostó franquista y al día se levantó demócrata. Imagina, también, que en el juicio no se admite como prueba unas grabaciones donde se prueba tu inocencia y se ignoran por completo los testigos que probaban tu inocencia, pero, sin embargo, sí que se da veracidad a los testimonios contradictorios de los policías involucrados. Imagina que, además, la Audiencia de Zaragoza, te impone penas de seis años de prisión y posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), continúa reforzando el montaje policial-judicial e incluso eleva las penas. Imagina que, recurres la sentencia al Tribunal Supremo (TS) a la espera de absolución por faltas de pruebas y por la imposibilidad de probar la culpabilidad, pero, decide dar credibilidad a la farsa y condenarte a cuatro años y nueve meses por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”. Imagina que, tras la condena de todos estos años en que ha durado el procedimiento judicial, ahora te espera una nueva condena en prisión cerca de otros cinco años. E imagina, por último, que ahora tu entrada en prisión depende de si el Gobierno acepta o no el indulto.

Ojalá todo esto fuera simple imaginación, pero, por desgracia, este montaje judicial-policial existe, tiene víctimas detrás de él y ha ocurrido en la “democracia plena y avanzada” a la que hace referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este montaje donde se ha condenado a unos jóvenes sin pruebas incriminatorias se conoce como el caso de ‘los 6 de Zaragoza’ y es un caso que no solo afecta a los jóvenes condenados, ya que se ha pretendido mandar desde el primer momento un aviso a navegantes. Lo que realmente se ha juzgado ha sido el propio derecho de manifestación y libertades democráticas. Pero solo para un sector de la población, aquel que se organiza en defensa de los derechos democráticos, la igualdad y la libertad. Como señalaban desde la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’: “El objetivo no es solo golpear a activistas y militantes, sino que estos casos sirvan como aviso a navegantes y así desmovilizar”.

Cualquier juez decente no hubiera dado recorrido judicial a este montaje sin ningún tipo de pruebas incriminatorias, pero el juez Carlos Lasala, vinculado al franquismo, decidió dar recorrido a esta farsa y joder la vida a unos chavales que simplemente habían acudido a una manifestación antifascista.

Recordemos que el juez Lasala en la década de los noventa, se hizo conocido por portar armas y por ensañarse contra los insumisos que se negaban a realizar el servicio militar, llegando incluso a decretar la entrada en prisión provisional de insumisos como Fernando Cebrián y Javier Clarimón. Este juez ultraderechista también hizo de las suyas y en el año 2004 llamó a declarar a quienes protestaban en las sedes del PP después del 11M. Como vemos, el juez que dio recorrido judicial a este montaje es un “demócrata de toda la vida”.

Represión al antifascismo

Con una internacional derechista cada vez más legitimada y avanzando posiciones y con el antifascismo cada vez más criminalizado [recordemos que Donald Trump tras el asesinato policial de George Floyd anunció que iba a “designar a los antifa como Organización Terrorista”], el caso de lawfare contra ‘los 6 de Zaragoza es uno de los muchos procesos judiciales en donde se retuerce el derecho con una clara intencionalidad política para dar un aviso a navegantes. En este caso, es un aviso para que quienes decidan plantar cara a la bestia fascista y acudir a una manifestación en contra de la extrema derecha, se lo piensen dos veces.

La represión al antifascismo hoy en día es algo generalizado y cada vez existen más casos de montajes amparados por, siguiendo con el jurista Martín Pallín, “el gobierno de las Togas”. A todos nos suena, por ejemplo, el caso de lawfare a los jóvenes de Altsasu, en donde unos jueces hicieron pasar por terrorismo una pelea de bar y así asestar un golpe judicial a ellos y a todo su entorno. Estrategia en la que contribuyó en este caso el poder mediático, tratando a dichos chavales como terroristas y vinculándolos con ETA, tal y como hizo de forma vomitiva programas como Espejo Público.

Esta represión política proveniente del poder judicial nos retrotrae a épocas muy oscuras anteriores a la propia Transición. Sirva como dato relevante el hecho de que solo en los Países Catalanes han sido encausadas en procesos judiciales por causas antifascistas más de 210 personas desde el año 2017, tal y como detalla el recién publicado Informe 210 elaborado por Alerta Solidaria.

En este sentido, si este Gobierno que se dice “progresista” no indulta a los cuatro condenados de los ‘6 de Zaragoza’ se habrá consumado un caso de lawfare sin precedentes contra el movimiento antifascista y contra la propia democracia.

Numerosas muestras de solidaridad

El caso de ‘los 6 de Zaragoza’ ha recibido numerosas reacciones de apoyo. Entre ellas destacan personas provenientes del mundo de la cultura como Rigoberta Bandini, Kase.O, Manu Chao, Pepe Viyuela o Samanta Hudson; del periodismo, como Olga Rodríguez, Miquel Ramos, Dina Bousselham o Antonio Maestre, y de la política como Ione Belarra, Pablo Iglesias, Alberto Cubero, Jorge Pueyo, Carla Antonelli, Teresa Rodríguez o Íñigo Errejón.

También han mostrado su apoyo organizaciones políticas como Podemos, Izquierda Unida, Anticapitalistas, Zaragoza en Común, CHA, PCE, CUP, Puyalon de Cuchas, Teruel Existe, CRT, Espacio Municipalista por Teruel, UJCE; sindicatos como CGT, SOA, OSTA, CNT, LAB, CCOO; y asociaciones vecinales y culturales aragonesas como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), El Cantero, Barrio Verde, CSA A Ixena, CSO Kike Mur; y colectivos como La PAH, Vagas y Maleantes, Stop Desahucios, Chavs 71, Futuro Vegetal, Solidaridad Antifascista, Towanda, 8M, Amnistía Animal, Acción Libertaria, Ateneo Republicano, entre muchas otras.

Solicitud de indulto al Gobierno

Ante el inminente ingreso en prisión, antes del 10 de abril, de los cuatro condenados, este martes la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha formalizado la solicitud de indulto al Gobierno ante el Ministerio de Justicia de Zaragoza para los cuatro condenados a penas de 4 años y 9 meses de prisión por el Tribunal Supremo. Solicitud de indulto que ha ido acompañada además de más de 10.000 firmas de personas y organizaciones.

El mismo día de la presentación del indulto se ha realizado una rueda de prensa delante de la Delegación del Gobierno en Zaragoza en la que han intervenido Pablo Rochela y María Bernad, miembros de la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ y Daniel Jiménez, del colectivo Derechos Civiles Zaragoza.

Rueda de prensa de la presentación de la solicitud de indulto. Foto: Plataforma Libertad 6 de Zaragoza

En el acto Pablo Rochela ha señalado que “lo que está en juego con este caso es el derecho a manifestarse ante la extrema derecha”, añadiendo que en la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ tienen claro que “es necesario frenar los discursos de odio y ante eso hay que plantarse, porque ponerse de perfil ante estos discursos significa ser cómplices del racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia, la transfobia, el machismo y de cualquier expresión del fascismo.”

Si nadie lo impide dentro de una semana un grupo de cuatro jóvenes va a entrar en prisión mientras en gobiernos autonómicos y locales vemos como elementos de extrema derecha campan a sus anchas. La condena es absolutamente injusta, se ha realizado sin pruebas y solo basándose en testimonios de la policía que como hemos podido comprobar en el juicio han incurrido en contradicciones”, explicaba Rochela.

Del mismo modo, ha recalcado que la sentencia del Tribunal Supremo “condena la protesta”, al tener como objetivo “desmovilizar y generar miedo a la organización política a través de castigos ejemplarizantes” y que, “por eso no se deroga la Ley Mordaza.”

Rochela ha concluido su intervención apelando a que “el Gobierno y todas las fuerzas que tienen representación institucional y que se consideran democráticas” tomen “este caso como suyo” y se responsabilicen para “que está barbarie sea detenida”.

Por su parte, María Bernad ha agradecido todo el apoyo y las muestras de solidaridad y ha incidido en que en el proceso no les aceptaron las pruebas exculpatorias, en referencia a los vídeos del propio campus de la Universidad de Zaragoza. “Por dos veces nos han negado esa prueba, ese video”, ha señalado.

Es un proceso demoledor porque durante cinco años paralizan tu vida con una amenaza de no solo ir a la cárcel, sino de hacer frente a una deuda que para cualquier trabajador es muy inasumible”, afirma Bernad.

“Significa volver a hipotecar tu casa, seguir trabajando toda tu vida para pagar una multa por algo que tú no has hecho. Por eso es tan importante la solidaridad y por eso también que no entren en la cárcel, que puedan de alguna manera seguir retomando su vida, porque este proceso la paraliza”, añade.

Por último, Daniel Jiménez del colectivo Derechos Civiles de Zaragoza ha enfatizado que esta sentencia es “injusta” ya que “no hay un hecho que la motiva” ni existen “pruebas de la culpabilidad por la comisión de los hechos que se imputan” y ha sido “la palabra de la policía” la que ha habilitado “todo el proceso.”

Jiménez ha concluido preguntándose si un Estado de Derecho “es un Estado que abandona selectivamente los derechos fundamentales de aquellos a quienes llama sus ciudadanos.”

Crowdfunding

Desde la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” han puesto en marcha un crowdfunding con el que poder hacer frente a los más de 50.000€ en concepto de multas y gastos judiciales derivados de la condena del Tribunal Supremo. Por el momento se ha recaudado en torno al 15% de lo estimado, superándose los 8.000€.

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