El BBVA lanza una OPA hostil al Sabadell y el Gobierno se opone

El resultado de la operación está en manos de los grandes fondos de inversión que tienen el 53% del capital del banco catalán
Un panel en el Palacio de la Bolsa, a 9 de mayo de 2024, en Madrid — Eduardo Parra / Europa Press

La cúpula del BBVA parece considerar imprescindible para el futuro del banco la adquisición del Sabadell y por eso lanza una OPA hostil contra la entidad que le dio calabazas hace un par de días, en una maniobra que no suele utilizarse en las fusiones del sector bancario, siempre amistosas o pactadas —la última OPA hostil que se recuerda en la banca española fue la del Banco Bilbao sobre Banesto en los 80, y fracasó—. El resultado está ahora en manos de los grandes fondos de inversión que detentan el 53% del capital del banco presidido por Josep Oliu. El Gobierno rechaza claramente la operación porque “introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero”. Carlos Torres, presidente del BBVA, no da razones concluyentes para justificar la decisión, mientras la entidad cae en bolsa más de un 5%. 

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una Oferta Pública de Adquisición (OPA) es “una operación en la que personas físicas o sociedades ofrecen a los accionistas de una empresa que cotiza en Bolsa la compra de sus acciones. La cantidad que se paga suele ser en efectivo, aunque también es posible ejecutar la operación mediante acciones o con una fórmula mixta, incluyendo dinero y acciones”. Una OPA hostil, la fórmula decidida por el BBVA tras la negativa del Sabadell a la negociación amistosa, es una oferta lanzada en la bolsa a los accionistas, que una vez comunicada no puede retirarse. El BBVA debe remitir a la CNMV en el plazo de un mes la documentación de la oferta. El supervisor tiene cinco días para admitirla a trámite y luego 20 para analizarla, pero puede prolongarla a su gusto y suele hacerlo por más de seis meses. Después, el plazo de aceptación de la oferta dura entre 15 y 70 días.

Está claro que los fondos de inversión, encabezados por los gigantes BlackRock o Vanguard, con participaciones inferiores al 4% cada uno, tienen todo el tiempo del mundo para hacer números y decidir si prefieren el dividendo que promete el Sabadell o el pago por acción que ofrece el BBVA. No hay que olvidar al magnate mexicano David Martínez Guzman, que según la CNMV detenta casi el 3,5% de la entidad. Quienes es evidente que deberán someterse al resultado son los minoristas, ese 47% de accionistas que incluye a la hipotética viuda de Cuenca de la que hablábamos el otro día. El éxito de la OPA se condiciona a obtener el 50,01% del capital.

La ley no solo impide al BBVA retirarse, también reduce la capacidad de defensa del opado Sabadell, obligándole al llamado “deber de pasividad”, que le impide ampliar capital o lanzarse a por otras entidades para aumentar su tamaño y dificultar la ofensiva. En esta guerra económica tanto el atacante como el atacado pueden perder, pero quienes no tienen ningún margen de maniobra son los pequeños accionistas, sometidos al dictado de los fondos; los clientes, que pueden sufrir cambios en las condiciones de sus préstamos y depósitos o perder la oficina habitual, y los trabajadores, víctimas de un ERE inexorable.

El presidente del BBVA no da razones de peso para la OPA mientras la entidad se hunde en bolsa

Desde el Gobierno se critican incluso “las formas” utilizadas por el BBVA y se asegura que la fusión "supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros". La operación curiosamente es negativa incluso para el PP, tradicionalmente favorable a cualquier decisión de los grandes del Ibex. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón asegura que “destruye valor, destruye trabajo, destruye territorio, destruye competencia” y se hace “en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor”. No olvidemos que el Sabadell trasladó su sede social a Alicante en los tiempos del Procés.

El BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell las mismas condiciones que en la propuesta de absorción de hace dos semanas, una acción de nueva emisión por cada 4,83 actuales. De esta forma el valor de Sabadell estaría en unos 11.600 millones de euros. Un día antes de lanzar la OPA, Torres aseguraba que no tenía margen para mejorar la oferta, como así ha sido, porque “la capitalización bursátil de BBVA ha descendido en más de 6.000 millones de euros”. Por eso resulta complicado entender sus motivaciones, especialmente cuando en la oferta amistosa había asumido unos gastos aproximados de 1.450 millones de euros antes de impuestos, que dañarían la calidad del capital del futuro banco en la ratio que mide el riesgo.

El presidente de la entidad opante asegura que, en principio, cuenta con la preceptiva autorización del BCE, aunque puntualiza: “No tenemos una luz verde explícita pero sí una opinión favorable”. Afirma también que “la entidad resultante va a generar resultados positivos para la economía y una base fiscal mayor”, por eso, por el aumento de la recaudación de impuestos, considera que el Gobierno acabará respaldando la operación. Ahora no lo hace, según él, porque estamos en un periodo electoral. 

Para defender la OPA aduce que el nuevo banco tendría “una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España” y prevé unas sinergias, la temida palabra mágica, de 850 millones de euros anuales, que estarán en marcha completamente al tercer año de la operación. Estas sinergias se reparten entre 100 millones de ahorro en costes financieros y 750 millones por reducir “costes operativos”, así se llama en neolengua el cierre de oficinas y el despido y/o prejubilación de trabajadores. De lo que no habla es de la imperiosa necesidad de incrementar beneficios ante la anunciada rebaja de tipos del BCE, que explicábamos en este artículo.

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