Acuerdo entre Economía y Trabajo en la reforma para el subsidio por desempleo
Esta reforma ha sido objeto en las últimas semanas de enfrentamientos entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía de Nadia Calviño, pero ambos Departamentos han llegado a un acuerdo para desbloquear esta reforma, el último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación que le queda a Trabajo por cumplir y que está ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos.
Dicha reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por el Ministerio de Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.
El diseño que Trabajo llevará al Consejo de Ministros de este martes, incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
Asimismo, en la propuesta de Trabajo, los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio, y permitirá tener en cuenta las rentas de la unidad familiar si es más favorable al desempleado que tomar la renta individual.
El planteamiento de Trabajo implica un mayor gasto porque eleva la cuantía de la prestación y el universo de los posibles beneficiarios en unas 400.000 personas (actualmente, el subsidio lo cobran unas 800.000 personas).