Empieza la fiesta: Alvise podría ser investigado por financiación ilegal
Según informa eldiario.es, Álvaro Romillo, creador de la oficina de inversión Madeira Invest Club, afirmaba este lunes en un escrito dirigido a la Fiscalía haber entregado 100.000 euros en metálico al eurodiputado Alvise Pérez. Este dinero habría sido destinado para financiar la campaña de las elecciones europeas del líder de Se Acabó la Fiesta.
En los escritos entregados a Fiscalía, Romillo proporciona varias conversaciones con Pérez, acompañadas de un informe pericial que acredita su veracidad. En esas mismas conversaciones, también publicadas por eldiario.es, Alvise reconoce necesitar “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”. Solicita fondos para el partido, alegando que no puede sufragar los gastos de su propio bolsillo debido a las restricciones por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Además, dice necesitar el dinero para hacer frente a las multas por revelación de secretos.
Antes de recibir el dinero en metálico, Alvise pidió a sus seguidores donaciones a través de monederos digitales creados por Romillo. Estas wallets sirvieron para que el candidato a eurodiputado consiguiese siete mil euros.
El pasado 20 de septiembre, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, representada por Aránguez Abogados, interpuso una denuncia por el cierre repentino, cuatro días antes, de la empresa de Romillo. Esta misma entidad había sido denunciada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en mayo de 2023 por ser “un chiringuito financiero”. La Audiencia Nacional anunció este martes que abrirá diligencias para investigar por presunta estafa a dicha oficina de inversión. Según apunta El Confidencial podría haber miles de damnificados, y, de acuerdo con las demandas colectivas presentadas, el déficit podría superar los 600 millones de euros. Romillo se ha ofrecido a liquidar sus bienes para compensar a los inversores. Las víctimas han decidido este mismo día ampliar su denuncia inicial y dirigirla también contra Alvise, a quien acusan de utilizar el dinero de la entidad para promocionar la presunta “estafa”.
Tras la aparición de nuevas informaciones, hemos sabido que la Fiscalía del Tribunal Supremo está estudiando si investigar al eurodiputado por un presunto delito de financiación ilegal, ya que la ley de partidos prohíbe donaciones superiores a los 50.000 euros. Además, se añaden las conversaciones y audios donde el líder de SALF promete ayudar al directivo de la empresa con legislación favorable e influencia en Europa. Hasta el momento, el eurodiputado lo ha negado todo y ha amenazado a los medios con “que empiece la catarsis”.