“Exigimos detener la cadena de suministro de armas que perpetúa el conflicto”
A dos meses del inicio del conflicto entre Hamás e Israel, con al menos 17 mil personas muertas en Gaza debido a más de 10 mil ataques aéreos de las fuerzas israelíes, las protestas y manifestaciones exigiendo un cese al fuego inmediato y condenando el genocidio de civiles palestinos se intensifican.
En este contexto, la acción de dos activistas del pasado martes en el Congreso de los Diputados ha sido especialmente resonante. Estos activistas protagonizaron un acto llamativo al intervenir en el pleno durante la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien informaba sobre la situación en Israel y la Franja de Gaza. Aunque la interrupción no estaba completamente planeada, ha generado una significativa atención mediática, resaltando la urgencia de poner fin al conflicto y condenar el genocidio de civiles palestinos. La iniciativa quería subrayar la necesidad imperante de abordar la situación con urgencia y buscar soluciones diplomáticas y humanitarias.
Cuando hablar de Palestina y del conflicto con cierta parcialidad en los medios nacionales a menudo resulta misión imposible, la acción de los activistas ha generado visibilidad en los derechos del pueblo palestino. Los dos activistas que el pasado martes salieron en todos los medios nacionales responden a los nombres de Jaldia Abubakra y Julio Rodríguez.
Jaldía es una reconocida activista palestina originaria de Gaza, donde vivió hasta los 19 años antes de trasladarse a España, donde ha formado su familia. Es miembro destacada de la asociación de mujeres palestinas llamada Movimiento de Mujeres Palestinas (MMP) Alkarama. Esta organización, fundada en 2017 por un grupo de mujeres palestinas residentes en Madrid, Valencia y Barcelona, se caracteriza por ser feminista, laica y anticolonialista. Su objetivo principal es crear un nuevo espacio de expresión para las mujeres palestinas en la diáspora dentro del Estado Español.
Julio Rodríguez, pacifista y activista para los derechos humanos y la paz durante al menos tres décadas, ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estas causas. Fue uno de los fundadores de la Asociación Paz Ahora, establecida en 1993, justo al cumplirse el segundo año de la guerra en los Balcanes. Julio, junto con los demás miembros de la asociación, participó en una histórica Marcha de la Paz que llevó a 3.000 activistas a Sarajevo, en un momento en que la ciudad aún era escenario de cruentos combates.
Después de la Segunda Intifada en el año 2000, Julio y sus compañeros decidieron ampliar su apoyo a Palestina, demostrando su compromiso continuo con la paz y los derechos humanos.
Ayer tuvimos el placer de conversar con Julio, quien nos contó de primera mano los eventos del pasado martes, de sus experiencias en Palestina, así como nos comentó los planteamientos del movimiento pacifista con respecto al conflicto en Gaza.
Julio comienza directamente sin preámbulos. Explica primero lo que sucedió en el Congreso, lo circunstancial, para luego abordar lo sustancial de la política del gobierno en relación con la actualidad en Palestina. Nos cuenta que, en un principio, unas 10 personas se habían apuntado para asistir al pleno, pero que finalmente, por diversos motivos, solo pudieron entrar 2 de ellos: Jaldía y Julio.
“Cuando el jueves nos enteramos de que se iba a tener un pleno monográfico sobre Palestina, decidimos hacer algo, algo llamativo que sirviera para expresar lo que pensamos”.
Como muchas otras plataformas y organizaciones que actualmente se demuestran llenando las calles para exigir el cese del genocidio o hacer llamamientos en defensa de los derechos humanos, Julio relata que en los últimos dos meses han estado inmersos en una campaña de sensibilización permanente, promoviendo manifestaciones y acciones de distintos tipos, pero matiza: "no hemos empezado ahora".
Pasamos a hablar del martes y del momento en el que, mientras Albares comparecía, se escucharon gritos desde la pajarera. ”Le pusieron la mano encima (a Jaldía), le empujaron, y ahí es cuando reaccioné, no podía dejarla sola, sabes, la semana pasada un bombardeo mató a algunos de sus familiares”.
Entonces Julio siguiendo a Jaldía sacó la bandera palestina y “me he puesto a gritar. Han llegado hasta unos doce policías, nos han sacado y nos han quitado las banderas, han tomado nota de la documentación y nos han dejado salir a la calle por otro pasadizo para que no nos viera la prensa, aunque se dieron cuenta e igualmente se acercaron”.
Pregunto a Julio si la acción estaba planificada, o más bien, si habían decidido intervenir en un momento exacto. Responde que la reacción de Jaldía, la primera en pronunciarse, fue "improvisada" ante las palabras de Albares. Luego, le pregunto por las palabras que provocaron dicha reacción. “Jaldía ha reaccionado ante la mención de la palabra terrorismo. Se oye en los vídeos gritando: 'Los palestinos no somos terroristas'”.
Julio pasa de analizar el momento del discurso de Albares al planteamiento político del gobierno en relación a la actualidad en Palestina. Reconoce que el gobierno de España es más pro-palestino que la gran mayoría de los de Occidente, pero sostiene que debería ser más audaz, que debería ir “más allá. El PSOE no entiende que utilizar el lenguaje del militarismo no es aceptable”. Considera que de esta manera se legitima el discurso de la guerra y que se termina aceptando la tesis de la autodefensa cuando, al contrario, se trata de ataques indiscriminados y desproporcionados.
“Si Israel bombardea y mata a miles de civiles, es una acción de guerra, por lo tanto, es legítima. Sin embargo, si los palestinos lanzan un cohete, es una acción terrorista. Esto es muy difícil de asumir para los pacifistas. Como pacifistas, decimos que hay que estar en contra de todas las muertes pero el terrorismo de estado también es terrorismo y es importante matizarlo”.
Recuerda las primeras declaraciones de Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, cuando a finales de octubre rechazó los actos de Israel en Gaza y precisó que el conflicto no había comenzado el 7 de octubre. “Decir lo contrario es faltar a la verdad e insultar a cualquiera que tenga sentido común. El terrorismo de estado viene a negar eso. Lo que pedía Jaldía en el Congreso era eso, la verdad".
Las reivindicaciones de las organizaciones representadas por Julio y Jaldía incluyen el alto al fuego inmediato y permanente. Julio añade: “Pedimos que haya paz, pero no puede haber paz sin justicia". Además, exigen el fin de la venta y la compra de armas a Israel. “La claridad y contundencia en nuestra postura son evidentes: no queremos contribuir ni respaldar la venta de armas. Israel cuenta con todo tipo de tecnologías, como el famoso programa Pegasus. Tecnología militar que, según quedó claro, ha sido probada en combate sobre los palestinos. Es fundamental detener esta cadena de suministro que perpetúa el conflicto”.
Julio evidencia que existe una contradicción evidente en el gobierno de Pedro Sánchez y en el PSOE. Si queremos que haya paz y queremos acabar con el desastre en Gaza, ¿por qué compramos y vendemos armas a Israel?”
“Es una cuestión de coherencia pero también económica”, matiza Julio, argumentando que esta afirmación está respaldada por el acuerdo económico preferencial con Israel. Un acuerdo económico que está supeditado al respeto de los derechos humanos, tal como recita el artículo dos: “las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos”.
Julio continúa diciendo que “estos son privilegios que tiene Israel. No podremos acabar con ellos sacando una bandera, pero seguiremos empujando todo lo posible para que el gobierno entienda”.
Volviendo al pleno en el Congreso, Julio opina que el problema del discurso de Álbares radica en su empeño por demostrar que el conflicto comenzó el 7 de octubre. En cualquier caso, dice, “deberíamos oponernos a todos los actos de terrorismo, pero la pregunta central es: ¿por qué se valora más la vida de un israelí que la de un palestino? Eso es lo que Albares está comunicando al afirmar que el conflicto inició el 7 de octubre sin contextualizar el conflicto”.
Termina su análisis diciendo que “después de tantos años diciendo que EEUU e Israel no negocian con el terrorismo, han ido a Doha a negociar con quienes ellos definen como terroristas”. Desde ese punto de vista, considera que es esa la principal victoria del proceso que sí ha empezado el 7 de octubre”. Declararon que iban a acabar con Hamás y han terminado negociando con Hamás.
Cuando le preguntamos sobre su experiencia y vivencias en Palestina, especialmente en Gaza, Julio, quien ha visitado la región en varias ocasiones, nos ofrece una visión clara de la situación en la que los gazatíes se ven obligados a vivir desde hace décadas.
"En condiciones normales en Gaza hay coches, televisores e incluso aire acondicionado en aquellos lugares donde se haya podido ahorrar más dinero. Hay escasez, pero existe todo tipo de artículos cuando Israel permite su entrada. Sin embargo, en condiciones extraordinarias, como durante una campaña de bombardeo masivo como el actual, hay cortes constantes de agua y el agua está salinizada. Los israelíes incluso les han quitado las pastillas potabilizadoras", destaca Julio. Además, subraya que aunque la situación económica sea muy precaria, el verdadero crimen es privarles de medicinas y tratamientos médicos.
Julio estuvo encarcelado en Israel en dos ocasiones, la última en 2012. Después de ser interrogado a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv, Rodríguez fue detenido y trasladado a la prisión de Guivón. Su visita a Israel estaba programada como parte de una campaña de solidaridad llamada "Bienvenidos a Palestina", coordinada con cientos de activistas de todo el mundo. El objetivo de esta iniciativa era denunciar el control israelí sobre los accesos al territorio ocupado de Cisjordania. Al preguntarle por la detención, Julio precisa que: “me llevaron a una cárcel en medio del desierto y no a un puesto de control como normal que fuera. Yo estuve unos poco días pero otros se quedaron ahí hasta 15 días sin acceso a abogado”.