Finalizan las comparecencias de la Comisión Ciudadana de la Verdad de las Residencias de Madrid tras dos días recogiendo testimonios ante la inacción judicial

Tras dos días recogiendo las declaraciones de familiares, trabajadoras, residentes y peritos, la comisión ciudadana que investiga el llamado “protocolo de la vergüenza” aplicado en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia clausura su fase de comparecencias para elaborar un informe final con sus conclusiones.

El escenario no ha sido la sala de un juzgado sino un local vecinal en el barrio de Latina en Madrid. Una mesa amplia, unas cuantas filas de sillas y un par de micrófonos para retransmitir en streaming eran todos los enseres que enmarcaban la sesión. Allí arrancaba el pasado viernes la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias, una iniciativa presidida por José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, y nacida gracias a los movimientos sociales volcados en investigar la verdad sobre las muertes de los 7.291 residentes que fallecieron sin asistencia sanitaria durante la pandemia del Covid-19 en la Comunidad de Madrid. El protocolo firmado el 18 de marzo de 2023, y al que seguirían otros tres más en las siguientes semanas, impedía el traslado a hospitales de aquellos residentes con deterioro cognitivo o falta de movilidad, salvo si contaban con seguro médico privado.

“En una sociedad democrática hubiera sido normal que se hubiera constituido una Comisión de Investigación que hubiera obtenido sus conclusiones, incluso también contando con el Defensor del Pueblo, y llevarlo a los tribunales si procedía” afirmaba Martín Pallín. Junto a él se sentaban una mesa de expertos compuesta por la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui Pastor; la experta en edadismo y género Anna Freixas Farré; el médico experto en Gestión Sanitaria Fernando Lamata Cotanda; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores Giménez; el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso y la socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra, que asistió por videoconferencia a las sesiones.

Aunque la decisión de convocar la Comisión se tomó hace tiempo, sus organizadores, los colectivos Marea de Residencias y la Plataforma Verdad y Justicia, prefirieron dejar pasar el periodo electoral para celebrarla. La primera jornada de la comisión recogió los testimonios de familiares, residentes y trabajadores como Nandi Gutiérrez, técnica trabajadora una residencia pública de Carabanchel. “Fuera estaban los protocolos la vergüenza, pero dentro vivimos la vergüenza de la falta de protocolos. Era un caos”. Nandi fue sancionada en su puesto de trabajo por denunciar públicamente la situación del centro en el que trabajaba. Otra empleada de la Residencia Parque Coimbra describía para Canal Red el modelo de gestión del centro en el que vivió la muerte de varios residentes: “es una residencia regalada al peor postor por la Comunidad de Madrid; el que menos paga se lo queda”.

La segunda jornada contaba con la presencia de peritos como Carmen Miquel, de Amnistía Internacional, el entonces Alcalde de Leganés, Santiago Llorente, o el periodista e investigador del caso en InfoLibre, Manuel Rico. Entre los comparecientes de esta segunda sesión destacaba el testimonio de Alberto Reyero, quien fuera Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, que agradeció el arranque de una Comisión que “debería haberse llevado a cabo en la Asamblea de Madrid”. Reyero, que dimitió de su cargo político durante la pandemia, denunció su experiencia con el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso en el libro “Morirán de forma indigna”. Reyero no ha dudado en señalar en varias ocasiones el papel de diferentes agentes del gobierno de Ayuso, incluyendo el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidenta, apuntando su influencia en la gestión de la información sobre la pandemia y sobre las posibles responsabilidades que podrían derivarse del protocolo. Pese a la claridad del reparto competencial en la materia y a que el propio Reyero afirmó que culpar al Ministerio de Derechos Sociales dirigido entonces por Pablo Iglesias era “una gran mentira”, durante meses circularon informaciones falsas que intentaron atribuir la gestión de las residencias madrileñas al gobierno central sin que la propia Díaz Ayuso se pronunciara nunca claramente al respecto.

La búsqueda de verdad, justicia y reparación de familias y profesionales continúa pese al carpetazo judicial y al silencio impuesto en la Comunidad.

La búsqueda de verdad, justicia y reparación de familias y profesionales continúa pese al carpetazo judicial y al silencio impuesto en la Comunidad. El periodista Manuel Rico afirmaba durante su declaración que la Fiscalía no contestó a ninguna de las preguntas que trasladó para su investigación. “Demuestra una mala calidad democrática (…) la Fiscalía es un órgano jerárquico y ha habido una pasividad inaceptable”.

En octubre de 2022, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, afirmaba que las familias madrileñas “ya lo habían superado”. “La herida sigue está abierta” se lamenta Mercedes Huertas, que perdió a su padre como consecuencia del abandono al que fue condenado por el protocolo y se ha convertido en uno de los rostros visibles de este movimiento ciudadano. “Es un calvario y necesitamos cerrar ese duelo” reivindicaba Huertas al reportero Willy Veleta de Canal Red, el único medio audiovisual que acudió a la apertura de la Comisión.

Pese a no haberse producido ninguna consecuencia legal ni política hasta la fecha, la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid sigue acumulando denuncias: esta misma semana, la residencia de Peñuelas, en el Barrio de Arganzuela, sufría un recorte de casi medio millón de euros en su servicio de comedores que se suma a otras situaciones como la de los alimentos podridos en una residencia de Arganda del Rey o el trato precario a los mayores en la residencia Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares.

Martín Pallín clausuraba la sesión el mediodía del sábado agradeciendo la iniciativa e invocando el espíritu del “Nunca Mais”:hemos contribuido a una especie de catarsis de personas que se veían impotentes para contar su tragedia”. Aunque habrá que esperar al informe de conclusiones, las organizaciones de la Comisión recordaron durante la clausura que sus movilizaciones continúan: acudirán a ser escuchados en el Europarlamento la próxima semana y organizarán varios actos en los que informarán del estado de las querellas. También anunciaron una movilización a finales de noviembre: “Se trata no solo de residencias, son derechos sociales que estamos perdiendo todos”.

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