La Fiscalía se posiciona: aplicarán la amnistía a todos los delitos

Esta ha sido la posición esgrimida por García Ortiz al respecto de la Ley de Amnistía en los distintos procesos donde se ha solicitado informe de la Fiscalía

Fiscal General del Estado Alvaro Garcia Ortiz - Ministerio Fiscal
García Ortiz toma de posesión como miembro nato del Consejo de Estado — Ministerio Fiscal

Los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, sostenían la tesis de que el delito de malversación no entraba en la amnistía, ya que el enriquecimiento no se da únicamente en el hecho de obtener una ganancia personal, sino también cuando se obtiene un beneficio de otras formas. 

Estos, en su informe entregado al Fiscal General del Estado (FGE), defendían que para la aplicación de la Amnistía antes era necesario consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Constitucional (TC) para saber, en primer lugar, si era conforme al Derecho de la Unión, y, en segundo, si era Constitucional.

Tanto al respecto del Derecho de la Unión como las vulneraciones constitucionales, estos consideran que el delito de desobediencia y el de malversación de manera subsidiaria, podían no cumplir con las regulaciones europeas o ser inconstitucionales por vulnerar principios y derechos reconocidos en la misma.

Otro grupo de fiscales, entre los cuales se encuentra el FGE, consideraban que la redacción del texto de la amnistía es lo suficientemente clara al respecto de la entrada de este delito dentro de los supuestos amnistiados. Además, hoy ha agregado argumentos acerca de la aplicación de una amnistía total: García Ortiz entiende que la tesis de los fiscales del procés contradice la voluntad del legislador, ya que este hace alusión a un desvío limitado, como habría sido el caso del referéndum. Se apoya también en la tesis del Tribunal Supremo (TS), el cual concluyó que, aunque entienden que hubo ánimo de lucro, este no fue con el objetivo de obtener un enriquecimiento personal.

También se expresó acerca de las dudas en torno a determinadas disposiciones europeas que podrían colisionar con la amnistía. Por un lado, considera que los argumentos de los fiscales no tienen la fuerza suficiente como para poner en duda la constitucionalidad de la amnistía y considera incompleto el análisis sobre la colisión con las normas de la UE.

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Además, ha rechazado frontalmente el argumentario de los informes que expresaban argumentos extrajurídicos, como una afirmación de que la ley fue aprobada como contrapartida para lograr que un partido político obtuviera la gobernabilidad del país. Los fiscales del procés también pusieron en duda que la norma fuera modificada durante el debate en Las Cortes, ante lo cual, el FGE respondió asegurando que el hecho de que una norma sea resultado de una negociación política no es algo que permita ponerla en duda en términos jurídicos, ya que el proceso legislativo sigue siendo el adecuado.

Llegados a este punto, los fiscales del procés han activado el artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal el cual eleva un desacuerdo entre un fiscal y su superior a una de las cúpulas del órgano; la Junta de Fiscales de Sala, la cual tendría que reunirse la próxima semana y emitir un criterio, el cual no tiene por qué seguir García Ortiz, el cual seguirá ostentando la última palabra a este respecto.