La intencionalidad del juez Pedraz dilatando el proceso de investigación contra el hijo de Obiang
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, y a otros dos miembros del régimen, en la causa de secuestros y torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos exiliados que residían en España, ha rechazado las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras haber sido citada como perito-testigo por orden de la Sala de lo Penal el pasado jueves 19 de septiembre.
Según fuentes jurídicas, para la acusación, el testimonio de Manuela Carmena era crucial para el proceso de investigación, ya que, en su etapa como inspectora del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe en 2008 tras su visita a Guinea Ecuatorial en la que revelaba la existencia de una práctica sistemática de “secuestros practicados por agentes gubernamentales en países vecinos contra determinadas personas de nacionalidad de Guinea Ecuatorial” cita el informe.
El abogado de la acusación, Aitor Martínez, instó al juez Pedraz que las declaraciones de la exalcaldesa debían ser atendidas, pero este se negó con el pretexto de que el informe del Grupo de Trabajo era anterior a los hechos, ya que se dieron en 2019, y por ese motivo el testimonio de Manuela Carmena no era relevante.
Mismas fuentes jurídicas señalan que el juez Pedraz había indicado a la exalcaldesa que “no tenía que firmar nada”, incluyendo el acta de la “No” declaración”
Dicha investigación policial, señala también como responsables de los secuestros a Nicolás Obama, Isaac Nguema Endo y Carmelo Ovono, este último, es hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y jefe del servicio secreto
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Pedraz a que practicase la declaración de Carmena, aunque finalmente ésta no ha llegado a darse.
Un análisis detallado sobre la causa
En 2019 cuatro opositores ecuatoguineanos exiliados, dos de ellos, ciudadanos españoles y dos residentes en España, Julio Obama, Martín Obiang, Bienvenido Ndong Ondo y Feliciano Efa, miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R), viajaron de Madrid, España a Yuba, Sudán del Sur, invitados engañosamente por un conocido.
Cuando se encontraron en suelo sudanés; los secuestradores habrían aprovechado para “trasladarlos, forzosamente, contra su voluntad, a Guinea Ecuatorial, donde las autoridades de este país ordenaron su ingreso en una prisión de Malabo, imputándoles su participación en un presunto golpe de estado de 2017 contra el gobierno guineano”. Según indica la querella presentada al juez Pedraz.
Pedraz había rechazado también la orden de detención contra los acusados, negó que tuviesen que declarar, y había sido reprochado por la Audiencia Nacional al pretender ceder la jurisdicción de la causa a Guinea Ecuatorial, ya que no era de su competencia
Los cuatros opositores “habían sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen de Guinea Ecuatorial bajo presiones frente a la televisión pública” apunta el documento.
En la misma causa, la Unidad Policial ha emitido informes sobre “sistematicidad” donde atestigua qué el régimen de Guinea Ecuatorial ha cometido decenas de secuestros de opositores en el extranjero en los últimos 20 años, por lo que hay un patrón sistemático que podría considerar el secuestro de estos 4 opositores un crimen de lesa humanidad.
Dicha investigación policial, señala también como responsables de los secuestros a Nicolás Obama, Isaac Nguema Endo y Carmelo Ovono, este último, es hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y jefe del servicio secreto.
Los dos opositores con nacionalidad española, Efa Mangue y Julio Obama, ambos ya fallecidos, se le habían imputado una pena de 90 y 70 años individualmente por su participación en el presunto golpe de Estado
La insistencia del Juez Pedraz de archivar el caso
Hasta ahora el juez Pedraz ha disuelto de manera sistemática todas las resoluciones recurridas por Fiscalía y acusación. El Pasado mes de junio, la Sala de lo Penal tuvo que señalar a Pedraz, “que están pendientes de practicar varias diligencias de instrucción acordadas, incluida la declaración de Manuela Carmena” – que negó su declaración- “lo que impide la conclusión del sumario” según revela el auto.
Pedraz había rechazado también la orden de detención contra los acusados, negó que tuviesen que declarar, y había sido reprochado por la Audiencia Nacional al pretender ceder la jurisdicción de la causa a Guinea Ecuatorial, ya que no era de su competencia.
Recordemos que en el informe del Grupo de Trabajo revelaba también que “El Código Penal, la Ley de enjuiciamiento criminal, el Código de Justicia Militar y otras leyes fundamentales relativas a la detención vigentes hoy en Guinea Ecuatorial contienen principios y normas que no son democráticos ni compatibles con un estado de derecho”.
La Sala de lo Penal manifestó que la resolución del juez rechazando las órdenes de detención no ofrece ningún motivo que justifique de forma razonada el motivo por el cual se rechazó la medida que las acusaciones habían reclamado.
Por ello, tuvo que ordenar a Pedraz que emitiera una orden de detención nacional e internacional contra los acusados por el presunto secuestro y desaparición de los cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).
Aitor Martínez, anunció que presentará un recurso de queja para lograr que el juez Pedraz le tome declaración a Manuela Carmena.