Lawfare: la guerra judicial que han sufrido líderes independentistas, Lula da Silva, Pablo Iglesias, Mónica Oltra o Vicky Rosell

Según el Centro Estratégico Latinoamericano (CELAG), en nuestras sociedades mediatizadas, para que exista esta práctica contra opositores es necesaria la participación de los poderes judicial y mediático
La hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ante los medios tras anunciar su dimisión, previa a la reunión de la Ejecutiva de Compromís, a 21 de junio de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).  La Ejecutiva de Compromís se ha reunido este martes, cinco días después de la imputación judicial de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y dirigente de la coalición por el caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido, en un encuentro ordinario convocado antes de conocerse esta circunstancia. Otra ha asistido a la reunión y ha dimitido como vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano.
21 JUNIO 2022;GOVERN;GENERALITAT VALENCIANA;ABUSOS;MENOR TUTELADA;MONICA OLTRA;COMPROMIS
Jorge Gil / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
21/6/2022
Mónica Oltra, el día que comunicó su dimisión — Jorge Gil / Europa Press

Finalmente, PSOE y Junts han incluido en su acuerdo no solamente la amnistía para aquellos líderes independentistas que han sido represaliados por el Estado a penas de prisión o exilio, sino que ha incluido un redactado más amplio que ampare a las víctimas del ‘lawfare’ que, sin haber participado directamente en el ‘procés’, han sufrido la persecución del Estado profundo, a través de sus operadores judiciales, con el ánimo de disciplinarlos, inhabilitarlos y/o mermar su autonomía en la defensa de sus ideas. Esto ha dado lugar a que en todas las tertulias, informativos y periódicos se hable de “lawfare”, pero ¿qué significa este neologismo anglosajón?

‘Lawfare’ es una abreviatura de law (ley) y warfare (guerra) y viene a significar guerra judicial cuando el poder judicial, copado por sectores reaccionarios, es utilizado como un actor en la batalla partidista con el ánimo de desprestigiar la honorabilidad de los oponentes políticos. O lo que es lo mismo, la judicialización de la política para ganar mediante la guerra sucia a quien no se le puede ganar en las urnas.

Según apunta el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica —CELAG—, en nuestras sociedades mediatizadas, para que exista el lawfare es necesario la participación expresa del poder mediático, quien, a través de periodistas, convertidos en operadores políticos, y plataformas de difusión de bulos y ‘fake news’ consiguen dañar la honorabilidad de la víctima antes incluso de ser juzgada.

CELAG define al ‘lawfare’ como “una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública”. Esto es, los sectores reaccionarios del poder judicial se sirven del gran desconocimiento que existe entre la población al lenguaje, métodos y tiempos judiciales para levantar una sospecha y retrasar la instrucción de la causa durante mucho tiempo, lo que termina siendo la inhabilitación civil de la víctima.

En los últimos años, esta táctica de guerra sucia, que siempre opera desde arriba, se ha usado especialmente contra líderes y funcionarios latinoamericanos que han cuestionado la ortodoxia neoliberal. El caso más paradigmático lo ha sufrido el actual presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó a estar preso durante 580 días, cayendo su imagen pública, quedando inhabilitado y dando como resultado político la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro.

La condena contra el mandatario brasileño fue anulada en noviembre de 2019, pero el daño ya estaba hecho porque, gracias al poder mediático, muchos brasileños han sido convencidos de que Lula da Silva era un corrupto. Finalmente, el Tribunal Supremo de Brasil anuló la condena y sentenció: “La prisión de Lula fue un montaje para conquistar el Estado”.

Algo similar le ha ocurrido a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que se encuentra inhabilitada de forma perpetua tras ser condenada a seis años por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. No obstante, la acusación del fiscal Luciani no ha podido encontrar indicios de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados a Cristina Fernández de Kirchner o su familia, ni siquiera en manos de testaferros que dieran lugar a demostrar que la mandataria argentina se ha enriquecido por la obra pública que financió durante sus dos mandatos.

La inhabilitación, que no es firme, está a la espera de ser ratificada por la Cámara de Casación Federal y la Corte Suprema, lo que podría tardar años, pero los medios de comunicación, especialmente el Grupo Clarín, a quien Fernández limitó su posición monopolística con una ley de medios que impedía que ningún grupo empresarial controlara más del 25% de un medio de comunicación, se ha encargado de hacer su trabajo. Esta campaña de odio mediático fue la principal causa del intento de magnicidio que sufrió Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, donde fue apuntada a punta de pistola en las puertas de su casa cuando saludaba a un grupo de seguidores que le mostraban su apoyo. La expresidenta argentina sólo pudo salvar la vida porque la pistola se encasquilló y no salió la bala. El artículo de la ley de medios que afectaba al Grupo Clarín fue derogado en 2015 en cuanto el neoliberal Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sostiene que la guerra jurídica o ‘lawfare’ “se eleva por encima del poder legislativo y ejecutivo, ampliando el margen de maniobra para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando el doble rasero de la ley”.

El caso más paradigmático en España fue el sufrido por la magistrada Vicky Rosell, jueza y exdiputada de Podemos, quien tuvo que dejar su escaño en 2016 para poder defenderse del también juez Santiago Alba, quien armó una causa contra ella, a raíz de una querella del exministro de Industria, José Manuel Soria

En España, además de líderes y activistas independentistas, la formación política más castigada por el ‘lawfare’ ha sido Podemos. El caso más paradigmático en España fue el sufrido por la magistrada Vicky Rosell, jueza y exdiputada de Podemos, quien tuvo que dejar su escaño en 2016 para poder defenderse del también juez Santiago Alba, quien armó una causa contra ella, a raíz de una querella del exministro de Industria, José Manuel Soria. El juez Alba se llegó a reunir con un empresario para preparar su declaración con el fin de incriminar a la magistrada Rosell. La jueza, ahora delegada del Gobierno para la Violencia de Género, pudo desarmar el caso y el juez Alba fue condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación de la carrera judicial.

Podemos: una veintena de causas archivadas

La formación morada ha visto archivadas una veintena de causas que, sin embargo, tuvieron su recorrido en prensa, lo que sirvió para dañar la honorabilidad de sus miembros. El Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente, llegó a crear una célula policial dentro del Ministerio para recabar pruebas falsas con las que armar causas contra Podemos. El informe Pablo Iglesias. S.A. (conocido como informe PISA), elaborado por el excomisario Villarejo y filtrado a la periodista Ana Terradillos que lo difundió desde la Cadena SER, así como a Eduardo Inda desde Okdiario, acusaba a Iglesias y su entorno de haber sido financiado por el Gobierno de Irán. Este falso documento fue publicado sólo 23 días después de que Podemos irrumpiera en el Congreso con 69 diputados en 2015, en pleno auge de los morados.

La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, también ha sido víctima de ‘lawfare’ en una causa impulsada por líderes de Vox y del partido neonazi España 2000, quienes la acusaban de haber tratado de ocultar los abusos sexuales de su exmarido, educador social en un centro de menores tutelado de la administración autonómica, contra una joven tutelada. Aunque Oltra dimitió en junio de 2022, después de una campaña mediática en su contra de Antonio García Ferreras en La Sexta, la Cadena SER o El País, el informe de la policía que ha investigado más de 50.000 correos electrónicos de Oltra no ha hallado ningún rastro de que tratara de ocultar los abusos de su exmarido.

La causa sigue abierta y recientemente ha sido prorrogada en su investigación seis meses más. Oltra, que era la figura con más tirón electoral de la izquierda en la Comunidad Valenciana, no se pudo presentar a las elecciones. La izquierda perdió las elecciones y gobierna la derecha y la ultraderecha.

Rebelión vs desórdenes públicos

El pacto entre PSOE y Junts, que ha sido criticado por las asociaciones de jueces, introduce el ‘lawfare’ porque los líderes independentistas sostienen que han sido víctimas de una guerra sucia del Estado profundo a través de sus operadores judiciales. Los políticos catalanes siempre han sostenido que sus causas nunca debieron ser encausadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por desórdenes públicos y no por el delito de rebelión.

Además de la causa principal que se juzga en el Supremo, Junts ha trabajado para incluir el ‘lawfare’ en el acuerdo porque considera que hay otros líderes independentistas que, sin ser encausados por el Supremo, han sido víctimas de esta guerra jurídica. El caso más simbólico es el del exdirector de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, imputado hasta en cinco ocasiones en varias causas. Una de ellas por acompañar al expresidente catalán en su detención en Alemania, de la que fue absuelto, y otra, aún pendiente de resolverse, por pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que contó con el visto bueno de la intervención de la Generalitat de Catalunya.

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