Manuel Ruiz de Lara, magistrado y novelista que escribió el asesinato de 'Pedro Sánchez Castellón'
El magistrado conocido por sus polémicas opiniones y publicaciones, ha sido elegido para el Tribunal calificador, en el cual tendrá la posibilidad de decidir quién, una vez dentro de la judicatura, puede ser considerado especialista en Derecho Mercantil
La semana pasada conocíamos de este nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recientemente renovado. Según informa eldiario.es, su nombramiento vendría de la mano de la renuncia de otra magistrada especialista en Derecho Mercantil, Sofía Gil García, y también porque “no había mucho margen” para la elección, según sus fuentes en el Poder Judicial.
Sin embargo, el magistrado, que hasta ahora venía ejerciendo en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, es más conocido por sus abiertas columnas contra Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y diversas personalidades de la política y la justicia nacional.
Menos conocida es su inclusión como profesor en el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate (IJED), marca del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), institución fundada por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, y cabeza visible de la formación de Éric Zemmour.
Dentro del profesorado del ISSEP se encuentran personalidades de la ultraderecha española como Kiko Méndez-Monasterio, Rocío de Meer, Jorge Buxadé, Juan Carlos Girauta, José Antonio Fúster, entre otros. Si vamos a la página web dedicada al IJED no existe una lista de profesores o personal que imparte estas sesiones de Derecho Mercantil, pero el citado magistrado Ruiz de Lara estaría presente en las fotos de la web.
También fue el magistrado que llamó ‘psicópata’ a Pedro Sánchez por la red social Twitter, la actual X, quién, ante el anuncio de la apertura de un expediente por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, decidió borrar su cuenta en la cual opinaba constantemente tanto de cuestiones más cotidianas, así como de política o justicia. En esta extinta cuenta de Twitter, también llamó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, la “personificación del deshonor”.
Sin embargo, este expediente acabó cerrado, gracias al voto conservador del órgano, ya que quienes eran de sensibilidad progresista votaron en contra. Según la resolución, el magistrado alegó no ser el quién había escrito los mensajes y el órgano no pudo determinar la autoría de los mensajes ni la autenticidad de los mismos, por tanto, no se puede acreditar que Ruiz de Lara se sirviera de su condición de juez para verter los mencionados descalificativos.
En otro de sus expedientes por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria, este consideró que Ruiz de Lara si incumplió determinados extremos en una solicitud de compatibilidad con el fin de ejercer como jurado en un debate universitario, ya que este en su solicitud solo alegó que ejercería esa función, sin embargo, este también la diseñó y ejecutó, con lo cual, la solicitud de compatibilidad del magistrado no se ajustó a las actividades hechas por el mismo, pero no hubo sanción, ya que la falta había prescrito.
De las otras faltas de este expediente también fue absuelto, por ejemplo, el instructor consideró que su email enviado a la Embajada de España en Estados Unidos identificándose como juez y solicitando su colaboración para celebrar un debate en sus instalaciones por parte del Consejo General del Debate Judicial, vinculado a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la cual el mismo magistrado es fundador, no lo hacía con ostentación orientada a conseguir un fin, sino como una manifestación dirigida a dar autenticidad al origen y autoría del correo.
La ya citada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, también estuvo vinculada a la guía ‘antiamnistía’ difundida mediante el correo corporativo del CGPJ. La guía facilita métodos para evadir la aplicación de la amnistía enviándola al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acto que quedó sin consecuencias para los difusores de la misma.
Entre otras de sus opiniones encontramos críticas con distintos calificativos variopintos hacia Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado o Juan Carlos Campo, exministro de justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional (TC), a este último lo llamó “trepa sin honor”. A Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría o el mismo Carlos Lesmes los llamaría “hombres y mujeres sin honor ni principios”, en este artículo en el Confilegal.
En esta columna, además de adjetivar a distintas personalidades de la política del país, también atacaba las distintas reformas que precedieron la renovación del CGPJ, llegando a calificarlas de ‘inconstitucionales’. También tachaba de ‘farsa política’ el sistema de elección de los vocales del CGPJ y dedicaba dos secciones enteras a Carlos Lesmes, resaltando como cuando le favoreció no se quejó del reparto del Consejo por parte de la mayoría del PP en el pasado, y como en aquel momento si tuvo un cambio de opinión al respecto. Para acabar esta columna, daba el beneficio de la duda a Feijóo, aun así recalcando que ya en el pasado el PP había “traicionado su palabra”.
Quien le generaba mejores opiniones era, en concreto, Macarena Olona, por entonces vinculada a Vox, quien Ruiz de Lara calificó de “principios y honor”.
El magistrado cuenta con dos novelas publicadas, en concreto, “Patria Judicial” y “Patria Olvidada”, en las cuales también se deja entrever algunas de sus opiniones políticas, ya que algunos de los nombres de sus personajes con ciertos cargos institucionales son idénticos a los de la vida real. Por ejemplo, en una de ellas, el Presidente “Pedro Sánchez Castellón” es asesinado de camino al juzgado presidido por “Carlos Mestres” por un francotirador. También cuenta con la participación de “Ruiz Galardón”, “Grande-Marlanda”, “Juan Carlos Monedas” o “Raúl Iglesias”.
Por último, si observamos sus resoluciones judiciales, destaca aquella en la que Ruiz de Lara publicó un auto en el cual afirmó que tanto UEFA como FIFA habían abusado de su posición de dominio en el caso de la Superliga, aceptando las medidas cautelares solicitadas por los promotores de la misma, obligando a ambos entes del fútbol a abstenerse de represaliar a los impulsores del proyecto, ya que estos habían amenazado con impedir la participación de jugadores que formarán parte de los equipos vinculados a la Superliga, en mundiales y eurocopas.
Ruiz de Lara acabaría elevando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este aclarara si había este abuso de posición dominante por parte de UEFA y FIFA y si las actuaciones de estas iban contra el Derecho de la Unión, es decir, si eran compatibles con la libertad de mercado presente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Dos años y medio después, el TJUE efectivamente resolvería a favor de los argumentos planteados por el magistrado, y consideraría que estas actuaciones por parte de FIFA y UEFA no son conforme al TFUE, sin embargo, para entonces la situación ya habría cambiado tanto para el ente europeo, así como para la propia Superliga y la decisión del Juzgado de lo Mercantil ya no recaía en Ruiz de Lara.