Pedro Sánchez comparece sin anunciar medidas legislativas

Pedro Sánchez ha hecho referencias a la voluntad de la sociedad, sin embargo, no anuncia ninguna medida legislativa para paliar el lawfare
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de abril de 2024, en Madrid (España). Durante la sesión de control, se han abordado cuestiones relacionadas con el aumento del precio de la vivienda, la renta básica de las comunidades autónomas y las pensiones no contributivas, y la solicitud por parte de ERC de una financiación justa para todas las comunidades autónomas, entre otros. Por otra parte, el presidente del Gobierno se ha pronunciado tras la noticia de la investigación judicial a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
24 ABRIL 2024;MADRID;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;SESION DE CONTROL
Jesús Hellín / Europa Press
24/4/2024

Pedro Sánchez, después de cinco días dejando en vilo a la sociedad española sobre su continuidad al frente de la presidencia del gobierno anuncia que seguirá al frente del cargo, sin embargo, no ha hecho referencia alguna a medidas legislativas con el fin de controlar la actividad malintencionada de tribunales o medios de comunicación.

Resulta llamativo esta falta de anuncio de medidas sobre todo con el anuncio por parte de la Comisión Europea de la apertura de procedimiento de sanción a España por no adecuar su ordenamiento jurídico a la Directiva que busca igualar en toda la Unión la presunción de inocencia y las declaraciones por parte de autoridades públicas acerca de determinados procesos legales, cuestión que incidiría directamente en un no-caso como el de Begoña Gómez.

Las posibilidades de regulaciones legales por parte del gobierno son variadas, en lo relativo a la adecuación de la Directiva mencionada, España tendría que reformar al menos lo relativo a las referencias públicas a la culpa, las medidas de coerción física para presentar sospechosos y acusados ante los órganos judiciales o el público.

Esto se puede hacer vía reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, endureciendo o dotando de más poderes disciplinarios al Consejo General del Poder Judicial o reducir su margen de apreciación en las posibles infracciones o actuaciones no ajustadas a derecho que cometan los jueces. Sin embargo, esto choca de frente con la no renovación de un CGPJ que va para su sexto año en esta situación, otra cosa pendiente de abordar por parte del Gobierno y con la mirada de Bruselas desde hace tiempo.

Cabe también la creación de una Ley Orgánica de Medios de Comunicación y Comunicaciones de las autoridades públicas, sin embargo, por afectar a distintos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, este necesitaría la mayoría absoluta del Congreso para verse aprobada, cuestión complicada si tanto PP como Vox se opusieran a ella, o incluso podría verse intervenida por el Tribunal Constitucional en caso de que saliera adelante, si alguno de los habilitados para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad lo hiciera, teniendo este Tribunal que examinar si la Ley sería conforme a la Constitución.

Ante esta falta de anuncios, habrá que estar a lo que pueda registrarse en el Congreso de los Diputados a lo largo de la semana o lo que mañana martes pueda anunciar el Consejo de Ministros.

Nada de esto sería posible sin suscriptores