Violencia fascista

"Puta", "asquerosa", "choriza", "a meter en la cuneta". Insultos y amenazas de muerte a la jueza que investiga a Vito Quiles en el canal de Telegram de Alvise Pérez

Rubén Sánchez, de FACUA, ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado
El eurodiputado Alvise Pérez — Eduardo Parra / Europa Press
El eurodiputado Alvise Pérez — Eduardo Parra / Europa Press

La semana pasada se conoció la noticia de que María José Moreno, la jueza que investiga al ultra Vito Quiles por difamar a Rubén Sánchez (FACUA), pidió a la Fiscalía del Supremo que denunciara a Alvise Pérez por amenazarla.

Tras esta petición de la magistrada, en el Canal de Telegram del eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, que cuenta con más de 700.000 seguidores, algunos seguidores del ultraderechista han realizado comentarios denigrantes y amenazantes contra ella. La más impactante es la de un seguidor que en la plataforma se llama Daniel Pulido, que escribe lo siguiente: “nombre de la jueza y dirección, empezamos a meter en la cuneta a los culpables de todo mal”.

Ante esto, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha elevado al Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, un nuevo escrito en que señala insultos a la juez instructora por parte de seguidores en las redes sociales del líder de dicha formación y europarlamentario, Luis "Alvise" Pérez Fernández, descalificaciones todas ellas realizadas desde perfiles anónimos.

En su escrito, la representación de Rubén Sánchez expone a la juez instructora, que ya ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) una serie de contenidos de Alvise Pérez respecto a ella misma que podrían suponer "amenazas y represión a la función jurisdiccional"; que en su canal de Telegram, el líder de Se Acabó la Fiesta ha publicado su intención de "explicar a algunos jueces" que no están "por encima de la Ley" y que él y los suyos no tienen "miedo al lawfare socialista".

A continuación, señala una serie de comentarios por parte de seguidores de Alvise Pérez registrados con perfiles anónimos, tachando a la magistrada instructora de "asquerosa jueza choriza sociata" o "puta", entre diferentes descalificaciones.

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Como se informaba recientemente, la jueza instructora ha trasladado a la Fiscalía del Supremo los citados comentarios de Alvise Pérez con relación a ella, para que el Ministerio Público "presente la oportuna denuncia ante la Sala de lo Penal" de dicha instancia en caso de entender "delictivos" dichos contenidos, en los que Pérez atribuye a la propia magistrada "una orden criminal inaceptable", al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.

Hace una semana Juanjo Chica en Diario Red, explicaba sobre este caso que la situación se presentó debido a que el 12 de junio, en el procedimiento que tiene Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, contra Vito Quiles por injurias y calumnias (le ha acusado de extorsiones, estafas, amenazas de muerte e incluso ha insinuado que es un pederasta), a este último le fue emitida una orden, inicialmente errónea y que podía llevar a pensar que se trataba de una orden de búsqueda y captura, la cual, sin embargo, después fue aclarada mediante comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que se buscaba la mera localización de Quiles, no su detención.

Alvise Pérez, en reacción al inicial error de los tribunales, decidió lanzar una amenaza en su canal de Telegram: “Doy 24 horas a la Juez para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero; es una orden criminal e inaceptable”, de igual manera, este hacía referencia a la publicación de “cosas sobre la definición de soborno”.

En los citados contenidos difundidos, Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría "cosas sobre la definición del término soborno". Para la jueza instructora, a su entender estos comentarios podrían constituir "amenazas y represión a la función jurisdiccional", dando traslado de ello a la Fiscalía del Tribunal Supremo.