El Tribunal Constitucional podría frenar al PP autonómico pero no al estatal
Ayer, el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad que los gobiernos autonómicos del Partido Popular y el gobierno de Emiliano García Page interpusieron sobre la ley de amnistía.
La paralización del proceso se debió a las dudas que el órgano tiene acerca de la implantación de la norma jurídica en dichas comunidades autónomas, por lo que se solicitó elaborar un informe que presentará la magistrada progresista Laura Díez. La que fue directora general del Ministerio de Presidencia bajo las órdenes de Carmen Calvo y Félix Bolaños, es, a su vez, responsable del recurso presentado por el Gobierno de Aragón, que fue el primer gobierno autonómico que presentó el recurso al TC. Además, realizará la ponencia durante el pleno donde expondrá la decisión sobre el recurso, una decisión que repercutirá directamente al resto de los recursos. De esta forma, el objetivo del Constitucional es resolver el interrogante de si una comunidad autónoma podría cuestionar las decisiones de otra con independencia de la influencia que tuviese con respecto a las competencias.
Aunque el artículo 162 de la Constitución Española permite a los gobiernos autonómicos y a sus parlamentos interponer un recurso de inconstitucionalidad, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a través de su artículo 32, especifica que la norma jurídica tendrá que afectar “a su propio ámbito de autonomía”.
Según publica El País, dentro del órgano existe un profundo debate sobre la cuestión, entendiendo que existen dos soluciones viables. Por un lado, se admiten a trámite los recursos dado que cumplen las condiciones necesarias y, por tanto, entendiéndose que existe un conflicto de legitimidad. Y en extremo opuesto, se rechaza la admisión basándose en el artículo 32 anteriormente mencionado. Aunque todo apunta a que los recursos autonómicos se admitirían a trámite.
No obstante, fuentes del tribunal informan a Público que se dará prioridad al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular a nivel estatal, no autonómico, dado que sería el único recurso donde existan razones fundadas para su trámite. De hecho, el magistrado conservador José María Macías será el responsable de la ponencia que tendrá lugar en el pleno de la próxima semana, donde analizará su posible admisión a trámite.
Cabe mencionar que el magistrado rechazó fuertemente la ley de amnistía, calificándola como “inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea” en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Además, se trata de un magistrado que se declaró como “amigo” del que fue instructor de la causa del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Por consiguiente, sería un magistrado más proclive a tramitar el recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Tras ello, el Tribunal Constitucional se enfocará tanto en los recursos procedentes de los gobiernos autonómicos como en las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La base jurídica presentada es que la ley fractura el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
Con independencia del resultado judicial, el Partido Popular ya da por amortiguada la ley de amnistía. Según publicó el domingo La Razón, cuyo director, Francisco Marhuenda García, fue exdiputado del Parlamento de Catalunya por el Partido Popular y director del gabinete del ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy; “el PP da por agotada la amnistía y usará otros temas”, reconociendo implícitamente que la estrategia de Génova con la ley de amnistía ha llegado a su fin, o por lo menos, no tiene mayor recorrido.
