El Tribunal Supremo exige a las partes informar sobre la Ley de Amnistía

En la causa instruida por Pablo Llarena, los involucrados tendrán 5 días para informar sobre la aplicabilidad de la Ley de Amnistía a los encausados, entre ellos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, todos huidos en estos momentos, así como el mantener o modificar las medidas cautelares acordadas en la pieza.

En la providencia, el juez subraya que corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas sobre las cuales recae el ámbito de aplicación establecido por el legislador.

De la misma manera, ha comunicado a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que las órdenes de detención practicadas contra estos siguen vigentes.

En este informe las partes personadas en el proceso deberán informar sobre la aplicabilidad de la Ley, sobre los hechos atribuidos a los encausados, así como sobre las medidas cautelares acordadas hasta el momento. Deberán hacer referencia acerca de si los hechos de los que se le acusa se encuentran en las previsiones de la amnistía.

Por otro lado, la causa ya juzgada en la Sala Penal del Tribunal Supremo da un plazo de 5 días a la Fiscalía, la acusación popular (Vox) y a las defensas de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para alegar lo que consideren oportuno acerca de cómo afecta la Ley de Amnistía al proceso ya juzgado por el que fueron condenados.

Por último, la causa de Tsunami Democràtic en instrucción por la magistrada Susana Polo, después de que fuera remitida y admitida por el juez García-Castellón de la Audiencia Nacional, ha dado también traslado a las partes un plazo de 10 días para que emitan informe sobre la afectación de la Ley de Amnistía en la causa. En esta, están siendo investigados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg.

La mayor duda en torno a la Ley de Amnistía gira en torno a determinados extremos que no son exonerables de responsabilidad penal debido a previsiones de la Unión Europea, que son precisamente aquellos delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y en otro sentido aquellos que atenten contra los Derechos Humanos. Esta última tesis se ha intentado vincular a las lesiones que recibieron diversos policías durante las manifestaciones como una violación a la integridad física y al derecho a la vida contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

También hay voces disonantes en la Fiscalía, en concreto, la de los fiscales del procés que tendrán que emitir el informe, los cuales entienden que hubo una malversación de caudales públicos que generó un enriquecimiento personal distinto del lucro personal, mediante otros tipos de ventajas, lo cual también está vinculado con aquellos delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.