Un ex letrado del Constitucional cita ejemplos de ‘lawfare’: "Vicente Ríos, García Castellón, Salvador Alba, Marchena o Llarena"

El jurista Joaquín Urías considera que estos magistrados “con sus sentencias han actuado políticamente”
El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías interviene durante el acto de Sumar-Comuns para presentar su dictamen jurídico sobre la amnistía, en el Ateneo de Barcelona, a 10 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Bajo el lema 'Amnistía. Una oportunidad para avanzar', Sumar presenta hoy el dictamen de la veintena de juristas a los que encargó en agosto que argumentaran el encaje constitucional de una eventual amnistía a los independentistas catalanes.
10 OCTUBRE 2023;CATALUÑA;CATALUNYA;SUMAR;DÍAZ
Lorena Sopêna / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
10/10/2023
Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla — Lorena Sopêna / Europa Press

Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, muy activo en redes sociales, ha citado varios ejemplos de jueces españoles que han ejercido ‘lawfare’ o guerra sucia desde el poder judicial contra líderes políticos. 

En concreto, Urías señala al juez Vicente Ríos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, que instruye la causa contra Mónica Oltra y que recientemente ha prorrogado la investigación a pesar de que un informe policial admite que, después de revisar más de 50.000 emails de la expresidenta valenciana, no hay “ni rastro” de que usara su cargo para tratar de ocultar los abusos sexuales de su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana

Otro magistrado al que apunta el jurista es a Manuel García Castellón, al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, desde donde ha instruido varias causas contra Podemos, entre ellas sobre una supuesta financiación irregular de los morados que quedó archivada o contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, que también quedó desimputado después de que el caso copara las portadas de prensa y tertulias de radio y televisión. 

El juez Manuel García Castellón es también responsable de la instrucción que afecta a los Comités de Defensa de la República (CDR) o la causa que imputa delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, número dos de ERC, llegando incluso a meter a un muerto por infarto en el auto cuatro años después para evitar que el caso sea juzgado por la Audiencia de Barcelona por desórdenes públicos. García Castellón ha llegado esta semana a ser obligado por la Audiencia Nacional a llamar a declarar a Dolores de Cospedal o el excomisario Villarejo en la 'Causa Villarejo'.

Joaquín Urías apunta también al juez Manuel Marchena, magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, quien ha aprovechado su poder para tratar de impedir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomara decisiones relevantes para desjudicializar el conflicto entre Cataluña y el Estado. Por ejemplo, contra la derogación del delito de sedición. 

También considera el constitucionalista sevillano que el juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el ‘procés’ en el Tribunal Supremo, ha ejercido ‘lawfare’ contra los líderes independentistas, entre ellos contra todos los presos políticos y contra los exiliados como el expresident Carles Puigdemont o los exconsellers Clara Ponsatí o Antoni Comín. 

Por último, Joaquín Urías, que usa sus redes sociales para explicar las decisiones judiciales a la ciudadanía, ha manifestado que el juez Salvador Alba, en prisión, condenado a seis años y medio y a 18 de inhabilitación por usar su poder en contra de la exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell, para lo que armó una causa penal falseada junto con el exministro de Industria José Manuel Soria, llegando incluso a reunirse con un empresario para preparar la declaración en la que éste iba a incriminar a la exdiputada de Podemos, que tuvo que dimitir en 2016 para poder defenderse. 

Por último, el ex letrado del Tribunal Constitucional ha incluido en esta terna de jueces que han ejercido ‘lawfare’ a la jueza Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional, quien decretó prisión provisional sin fianza por los delitos de rebelión, malversación y sedición a todos los consellers del Govern de Carles Puigdmemont, menos a Santi Vila. La jueza Lamela decretó también prisión preventiva contra ‘Los Jordis’, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y usó su poder judicial para perseguir al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. 

Si bien, Urías apostilla que estos jueces “seguramente no prevaricaron, porque están convencidos de haber hecho lo justo”. Aunque, añade que “con sus sentencias han actuado políticamente”. Lo que le lleva a concluir que “eso es lawfare”. 


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