Brasil en la COP del petróleo
Cuando se eligió a Emiratos Árabes Unidos como sede de la COP28, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que debaten y abordan la crisis climática se sintieron muy incómodos. Al fin y al cabo, el país no es reconocido por la libertad política que garantiza a sus ciudadanos. En un contexto en el que la voz de los afectados por el cambio climático se ve cada vez más marginada en las COP, la decisión de trasladar la Conferencia de la ONU sobre el Clima a Dubai fue una muy mala señal.
Pero todo lo malo siempre puede empeorar. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales actores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha designado para presidir la COP nada más y nada menos que al presidente de la mayor petrolera del país. El tipo que dijo en una entrevista que "no existe evidencia científica" sobre la eficacia de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5°C, según el diario británico ‘The Guardian’.
En una COP hecha para el lobby petrolero, donde los consultores de las grandes petroleras tenían más acceso que los investigadores y activistas medioambientales, Brasil tenía una oportunidad de oro para brillar. El fin del Gobierno negacionista de Bolsonaro, el descenso significativo de la deforestación en el Amazonas, la reanudación de la demarcación de tierras indígenas y la organización de la COP30 en Belém eran credenciales más que especiales para Brasil.
Con un contundente discurso del presidente Lula mencionando el gasto militar en comparación con los frágiles esfuerzos para financiar la transición del modelo, una fuerte presencia de las ministras Marina Silva y Sônia Guajajara —que incluso encabezaron la delegación brasileña— y una nutrida presencia de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, todas las miradas estaban puestas en Brasil.
En última instancia, sin embargo, las ambigüedades de un gobierno de coalición atravesado por diferentes intereses se hicieron patentes al mundo. Mientras los ministerios de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente reforzaban los compromisos de Brasil con la transición, los ministerios de Minas y Energía y Petrobras señalaban la expansión de la exploración de combustibles fósiles.
El anuncio de la subasta de más de 600 pozos petrolíferos, combinado con la entrada de Brasil en la OPEP (aunque sea como invitado), y la desastrosa declaración del presidente de Petrobras de que Brasil "será uno de los últimos países en dejar de extraer petróleo" le valieron al gobierno brasileño el antitrofeo Fósil del Día, una irónica mención a los países que flaquean en sus esfuerzos por combatir el calentamiento global (en 2019 Brasil también recibió el antitrofeo por legitimar el acaparamiento de tierras y la deforestación).
Por otro lado, sin embargo, a pesar de la ambigüedad de sus decisiones, Brasil aún puede ser una pieza decisiva en la lucha contra el calentamiento global y por una transición justa. El liderazgo de los pueblos indígenas de Brasil en este debate debería servir de ejemplo. Pero para ello, los discursos y las acciones deben ser coherentes. Brasil vino a cobrar, pero acabó siendo cobrado. Una frustración incuestionable en un momento en que el país se enfrentará a un difícil debate sobre la conveniencia de explorar petróleo en el margen ecuatorial, incluyendo la desembocadura del río Amazonas.
La COP30, en Belém do Pará, dirigida por un activista ambiental del PSOL, podría ser un punto de inflexión en la política ambiental brasileña. Pero para lograrlo será necesario fortalecer las acciones de sectores del gobierno brasileño comprometidos con la transición del modelo. Ese es el papel de quien quiere que Brasil cumpla con su vocación de potencia ambiental.
Traducción: Dina Bousselham