El camino sangriento de la United Fruit Company en Colombia

Recientemente, Chiquita Brands fue condenada por colaborar con el paramilitarismo en Colombia, sin embargo, su oscura historia en el país se remonta a inicios del siglo pasado

Barranca De Upia, META, COLOMBIA - Barranca de Upia (Meta). Tropas del Bloque Centauros de las Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba (ACCU)..Foto El Tiempo / Zuma Press / ContactoPhoto
Paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Campesinas de Cordoba y Urabá — El Tiempo / Zuma Press / ContactoPhoto

Anteriormente, ya había dictámenes relacionados con esta marca y su vinculación con los paramilitares, de los cuales se extrajeron los casos más representativos de la causa. Por ejemplo, Chiquita admitió en 2007 ante un tribunal en Nueva York haber pagado 1,7 millones de dólares a los paramilitares, según aclararon, bajo presión, sin embargo, esta causa no conllevó la asunción de responsabilidades individuales, sino una multa de 25 millones de dólares.

El juicio dio inicio el 30 de abril en el juzgado del Distrito Sur de Florida y se trató de una causa civil. En esta se señalaba que el dinero que proporcionó Chiquita a los grupos paramilitares fue usado para cometer crímenes de guerra de distintos tipos como, extorsiones, tortura, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios y otros delitos asociados al conflicto armado. Todo esto sucedió entre 1987 hasta 2004 en la región del Urabá antioqueño y en el Magdalena Medio.

La defensa de Chiquita sostuvo que estos se vieron obligados a hacer los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para defender a sus empleados, sin embargo, esto no resulto probado, ya que no se entendió que hubiera una amenaza “ilegal, inmediata e inminente” por parte de este grupo. Tampoco logró demostrar que Chiquita no tenía otra alternativa que la de asistir a las AUC.

El tribunal también concluyó que la ayuda de Chiquita fue una actividad peligrosa que aumento el riesgo hacia los miembros de la comunidad, además de los peligros que ya enfrentaban de base.

Además de la presencia de líderes paramilitares como Salvatore Mancuso, Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, Éver Veloza, alias “HH” o Raúl Emilio Hazbún, alias “Pedro Bonito” que testificaron en la causa, también participó un exoficial de la CIA, Jack Devine, quién habría recomendado a la multinacional retirarse de Colombia.

Nada de esto sería posible sin suscriptores

Chiquita Brands pertenece a la multinacional United Fruit Company, famosa en el país por propiciar la conocida como la masacre de las bananeras en diciembre de 1928. En esta, más de 25.000 trabajadores de la empresa bananera se pusieron en huelga el 28 de noviembre del año mencionado, buscando una mejoría en las condiciones de trabajo.

Una de las cuestiones principales acerca de prácticas de la compañía era que los contratos con los trabajadores no eran con los trabajadores sino a través de contratistas colombianos, los cuales se quedaban parte del salario de estos y les valía de excusa para saltarse la legislación laboral nacional. Esto era una contradicción en sí misma cuando la empresa si les descontaba una parte del salario para cubrir gastos de salud, ya que la zona donde se desarrollaba la actividad tenía unas muy malas condiciones sanitarias, con alta concentración de mosquitos transmitentes de malaria, tuberculosis, parásitos intestinales, así como los problemas endémicos de la región. A esto se unía la mala situación de la “vivienda”, ya que la empresa alojaba a los trabajadores en campamentos con habitaciones de tres metros por tres metros, las camas eran esterillas construidas con hojas de platanera o hamacas colgando unas encima de otras, sin ventilación, ni agua potable ni aseos o baños y en numerosas ocasiones inundadas de chinches. En estos alojamientos podían dormir hasta siete personas.

Además de que los obreros de las bananeras no trabajaban todos los días, muchas veces se les pagaba tarde o se les daba vales redimibles en los almacenes. La mayoría de los contratistas pagaba al inicio del trabajo con vales y posteriormente en efectivo al final.

Hubo una primera huelga, la cual consiguió ser desactivada por la United Fruit Company. Posteriormente, con influencias anarcosindicalistas españolas e intelectuales que usaron de referencia la Revolución Rusa se fundó la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena que acabaría solicitando a la empresa la solución de algunas de las problemáticas señaladas, recibiendo siempre una respuesta negativa.

La organización de la huelga fue tremendamente eficaz, distribuidos en distintos comités y grupos lograron no solamente evitar que el banano se cortara, sino también cortar la comunicación vía ferrocarril. Las mujeres de la zona también jugaron un papel esencial ejerciendo como enlace de comunicación al no ser molestadas por el ejército, que fue mandado a vigilar la situación por el Gobierno de Colombia. 

A pesar de que en todo momento la huelga fue pacífica, el Gobierno decidió desplegar varios batallones en la zona de la huelga, intimidando y usando tácticas disuasorias sobre los huelguistas que no fueron exitosas.

Durante esta época gobernaba el Partido Conservador (aún existente), el cual llevaba varios años temeroso de los movimientos sociales y obreros en el país debido a la posible actuación de “agentes comunistas extranjeros”, a pesar de que se enviaron negociadores desde el gobierno, estas fueron ignoradas y calificadas de “comunistas”.

Durante las negociaciones entre la empresa y los huelguistas hubo distintos vaivenes hasta que se interceptó una comunicación entre los huelguistas y el Partido Socialista Revolucionario (germen del Partido Comunista Colombiano) en el que se animaba a los primeros a destruir las plantaciones y sabotear las comunicaciones, sin embargo, no se sabe si la comunicación era auténtica o fue fabricado por el general Carlos Cortés Vargas, el encargado de los batallones gubernamentales, la United Fruit Company u otros interesados en dar a entender que había una conspiración revolucionaria.

Ante esto hubo una intensificación del esquirolaje, consecuencia del temor por parte de los mediadores gubernamentales a un derramamiento de sangre, los cuales intentaron terminar completamente con la huelga.

En uno de los piquetes hechos por los trabajadores, estos rodearon a un grupo de soldados que protegían a los esquiroles y a pesar de que no les hicieron daño, esto fue considerado por el general de los batallones como un acto de rebeldía, un ataque al ejército, además, este había descrito en sus comunicaciones con el resto de las autoridades como una situación de violencia inminente, peligro y destrucción.

El comité de la Unión Sindical decidió que al día siguiente todos debían congregarse en Ciénaga (ciudad de la zona) y seguir hasta Santa Marta para hacer una manifestación buscando que el gobierno local obligara a la empresa a pactar con los trabajadores.

Cuando los trabajadores llegaron a Ciénaga, allí ya había congregados varios cientos de militares y a lo largo del día el general fue incapaz de proveer a sus tropas o de mantener en funcionamiento sus trenes. Por la noche llegaría la declaración de la ley marcial en la provincia, nombrando a jefe civil y militar al general y a la madrugada con varios millares de huelguistas reunidos en la plaza de Ciénaga, este ordeno disparar. El general informaría de unos pocos muertos, sin embargo, los habitantes informaron que estos habían sido cientos y que, incluso, los cuerpos fueron cargados en trenes para ser arrojados al mar y fosas comunes.

Desde este momento el ejército inicio la represión contra los denominados como malhechores. La reacción de los obreros fue variada, muchos huyeron, otros fueron ayudados por grupos indígenas cercanos a la zona, otros iniciaron operaciones de emboscada contra los soldados y de sabotaje contra la infraestructura de la zona. Para mitades de ese mismo mes se reportó que la zona había sido “pacificada”.

No se conoce con exactitud la amplitud de la masacre, las cifras más altas dadas por algunos especialistas en el tema llegan a los 5.000 muertos, sin embargo, debido a la censura de la ley marcial no se conoce con exactitud ni los muertos ni los encarcelados durante el episodio.

Hubo una huelga algunos años posteriormente a la masacre, la cual se sustanció de manera positiva para los obreros bananeros mediante un acuerdo con la United Fruit Company que fue obligada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo.