El gobierno de la crueldad: Quieren eliminar el Monotributo Social

Dentro del paquete fiscal, el gobierno nacional incluyó una modificación a la ley de régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que regula la categoría tributaria del Monotributo Social. Su eliminación implicaría que 1.200.000 personas, entre ellas más de 500.000 niños, niñas y adolescentes, pierdan su cobertura de salud, y que más de 630.000 personas caigan en la informalidad
October 18, 2023, Buenos Aires, Argentina: Presidential candidate of the Liberty Advances coalition Javier Milei speaks during a campaign rally. Argentine presidential candidate Javier Milei of the Liberty Advances coalition attends the closing event of his electoral campaign ahead of the presidential election.,Image: 815138546, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mariana Nedelcu / Zuma Press / ContactoPhoto
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La ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes enviada al Congreso de la Nación —y que ya cuenta con media sanción de diputados— es una nueva demostración de que el gobierno nacional pretende llevar adelante su plan de ajuste fiscal recargando el peso del mismo sobre los sectores más vulnerables de nuestro país, muy lejos de su promesa de que la motosierra pase por la casta. A la enorme caída en sus ingresos que han sufrido durante los últimos seis meses los jubilados y la clase media, se suman recortes de gastos en áreas claves para contener el daño social de las políticas económicas del gobierno sobre los que menos tienen.

El Monotributo Social fue creado como una variante dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Tiene como objetivo facilitar y promover la incorporación a la economía formal de aquellas personas que se encuentran al margen de la regularidad impositiva y previsional y, en situación de extrema vulnerabilidad social y económica.

Este régimen posibilita que los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de nuestro país puedan acceder a formalizar su trabajo, que se contabilicen aportes para su futura jubilación, pero sobre todo que puedan acceder a una cobertura de salud para ellos y para su grupo familiar primario (parejas, hijos, hijas). Su eliminación supone empujar nuevamente a la informalidad absoluta a este universo de personas, y necesariamente las llevará a colapsar el sistema público de salud, que ya funciona con serias deficiencias. Entre las víctimas habría niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que hoy se encuentran bajo tratamientos médicos de todo tipo, sumamente complejos y costosos.

El gobierno pretende justificar esta crueldad con la búsqueda sagrada del equilibrio fiscal, pero omite que en el mismo paquete se reduce hasta prácticamente su eliminación el impuesto a los bienes personales, un tributo que paga menos del 1% de la población argentina en función de su riqueza, y que esto generará una pérdida de recaudación de 0.6% del PBI. Si a la reducción de bienes personales, le sumamos el blanqueo más generoso de la historia, la moratoria impositiva que alcanza incluso a los deudores por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, un Régimen de inversiones leonino para el saqueo de nuestros recursos naturales, y la eliminación de sanciones por contar con trabajadores no registrados, podemos entender mejor de lo que definitivamente se trata: una auténtica revancha antisolidaria.

Pero además de absolutamente cruel, la medida resulta altamente ineficiente. Lo que el gobierno pretende ahorrar en concepto de gasto eliminando esta categoría tributaria, se compensa con el aumento del gasto que supone que 1.200.000 personas pasen al sistema público de salud, aumentando el colapso que atraviesa hoy el mismo. Probablemente lo que busca el gobierno nacional sea que el peso del mencionado gasto fiscal recaiga sobre las provincias del país que tengan que recibir en su sistema de salud a este universo de personas.

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Durante el debate en la Cámara de Diputados logramos obtener un aplazamiento de 90 días para que el Ejecutivo realizara una propuesta superadora. El gobierno propuso la exención del pago del impuesto integrado ($3.000), pero mantiene la eliminación de la exención de los aportes jubilatorios y los subsidios a la cobertura de salud. A cambio, se les “facilita” la opción de atenderse en el sistema público de salud para quienes no “quieran” pagar esos montos. En otras palabras, la propuesta del Ejecutivo es casi la misma que la eliminación del Monotributo Social.

Pretender que los trabajadores y trabajadoras más pobres de nuestro país —cuyos ingresos en muchos casos no superan los $200 mil— afronten el pago de $23.600 pesos por mes, más $13.800 por cada adherente a la cobertura de salud de su grupo familiar primario es irrisorio. Para una familia de 4 integrantes, representaría un costo de $65.000 (con un titular y 3 adherentes). En su defecto, si ambos adultos se inscribieran como titulares e incorporaran a sus dos hijos como adherentes, ese monto asciende a $74,800. Más del 25% de los ingresos totales del hogar. Esta situación, solamente puede generar que quienes hoy son parte de dicho programa pasen a la informalidad y pierdan el derecho a acceder a una obra social. 

Bajo estos términos, como dice el presidente Milei, pueden elegir entre perder sus derechos o morirse de hambre. Es fundamental que los Senadores y Senadoras discutan el sostenimiento del Monotributo Social tal y como figura hoy en la ley 24.977 buscando mejorar su implementación de manera real, con un alcance e impacto positivo en la población para la cual fue pensada esta política pública.