Un informe “oculto” de la JEP evidencia con datos el “éxito” de la paz total de Petro
Como he evidenciado en anteriores artículos los medios de comunicación poco o nada muestran datos que dejan “bien parado” al presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a algunas de sus políticas, especialmente la de “seguridad humana” que resulta complementaria con lo que algunos han llamado “Paz Total”. Por esa razón no me sorprendió que no se divulgara un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que habla sobre las “cifras” que ha dejado la mencionada política del actual Gobierno.
La situación de seguridad en el país tiene su complejidad a la hora de analizarla porque comprende infinidad de vertientes, hechos históricos, realidades sociales, políticas. No obstante, puedo dar luces básicas de lo que ha pasado en los últimos años: el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las antiguas Farc - EP, pero no implementó medidas inmediatas para evitar la proliferación de los demás grupos ilegales, específicamente de las disidencias. Llegó el gobierno Duque y esto fue a peor, toda vez que no hubo una real política de seguridad e inversión social en los territorios ocasionando que, por ejemplo, el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, entre otros, crecieran en número de miembros y poder en muchos departamentos. Además, según la senadora uribista María Fernanda Cabal en los últimos años se crearon hasta 1.300 grupos dedicados a las economías ilícitas. Algo descomunal.
Lo anterior —y la historia de Colombia— llevó a que Petro al llegar a la Presidencia tuviera un reto importante: ganarle la guerra a los criminales. ¿Cómo? De forma integral, es decir, afectándoles el “bolsillo”, invirtiendo como nunca en lo social, trabajando con los campesinos, los jóvenes; desarrollando regiones productivas y con oportunidades. Eso sí, también se ha enfocado en lo militar con operaciones como “Trueno” para retomar el control de territorios en el Cauca entregados por Santos y Duque a las disidencias, parte del ELN y el Clan del Golfo. De esta manera los militares llegaron a los campamentos que tenían montados los bandidos hace años para controlar la salida de cocaína por el cañón del Micay y los tomaron.
Toda la política del actual Presidente ha llevado a que los grupos ilegales tengan que buscar “escondedero a peso” y salten a otras formas de financiamiento como el secuestro o la extorsión, que han aumentado significativamente y obvio es lo que se muestra en los noticieros del país como “evidencia” del fracaso de la paz total”, pero el informe de la JEP, que no apareció en ningún lado, muestra con datos otra realidad. Se titula “análisis de la situación de Derechos Humanos y seguridad en Colombia: impactos de los ceses al fuego y la Paz Total”.
Presten atención y vamos a los datos.
En 2023 se han desarrollado ceses al fuego. Algunos suspendidos y otros iniciaron con “pruebas” tardías —ha pasado de todo—. Sin embargo, el informe indica que ayudaron a reducir un 47 % los ataques armados contra la Fuerza Pública. Por ejemplo, los ataques de francotiradores bajaron un 40 %, teniendo en cuenta que es un problema grave más que todo de los policías en algunos municipios que hasta tienen que pasar corriendo de esquina a esquina porque un pequeño descuido puede ser una oportunidad terrible para los francotiradores de las guerrillas.
Por otro lado, seis frentes del Estado Mayor Central - las disidencias - que acostumbraban a atacar a la Fuerza Pública, dejaron de hacerlo. También hemos visto una reducción de los territorios donde se presentan emboscadas o ataques de cualquier tipo, pasando de 474 hostilidades en 187 municipios en los primeros 10 meses del 2022, a 280 hostilidades en 154 municipios en el mismo periodo del 2023. Un 18 % menos. En estos lugares igualmente se protegió más la vida de los civiles disminuyendo un 72 % los asesinados; 24 % los heridos; 43 % los menores afectados y hasta un 35 % los bienes de las comunidades que terminaban dañados en hostilidades.
Otro dato impresionante: este 2023 se protegió más la vida de los militares y policías en medio de ataques armados. Así como lo leen. Este año hubo 33 % menos miembros de la Fuerza Pública asesinados y se redujo en 39 % los heridos durante ese tipo de hechos. De esto hablaba Petro cuando se refería a la “Seguridad Humana”, ya que busca medirla en las vidas salvadas y no en la cantidad de muertos como la “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe Vélez.
Los desplazados de sus territorios por la violencia es otro flagelo triste de Colombia. En 2023 disminuyó un 46 % el desplazamiento de tipo masivo y en 31 % el número de personas que tenían que movilizarse con miedo por estos hechos peligrosos.
Tristemente lo que no ha podido detener el Gobierno son las masacres, un tema que requiere amplias políticas públicas integrales que tomarán años en dar los primeros resultados. No obstante, se ha visto una lamentable reducción del 9 % en el número de casos. También bajó en 25 % el homicidio de líderes sociales. Aunque se presentan estos datos, estamos hablando todavía de muchas vidas perdidas a manos de criminales. Todo debería estar el 0 %.
“Este informe concluye que los ceses al fuego han tenido un impacto positivo. Con indicadores plenamente contrastables, se demostró que en los primeros diez meses de 2023 hubo un des-escalamiento del conflicto armado y que en ciertas regiones se produjeron alivios humanitarios parciales”, concluye la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.