La deriva monárquico-corporativa de la utopía popular-libertaria
Estas últimas semanas, lo que se ofrecía como utopía liberal-libertaria que emanciparía al pueblo argentino de las arbitrariedades anti-republicanas del populismo peronista y la casta política tradicional demostró su verdadera naturaleza: un autócrata mesiánico rodeado de viejos cortesanos al servicio de diez corporaciones.
El régimen monárquico-corporativo funciona de la siguiente manera: las corporaciones escriben las leyes, dictan los fallos y administran el Estado a través de un demagogo relativamente carismático revestido de la suma del poder público, justificado por un ballotage donde obtuvo el 56% de los votos, aunque tenga minoría en el parlamento.
Los principios básicos del liberalismo político como las trias de Locke han desaparecido. Los anatemas contra el liberticida de Montesquieu en su tratado sobre la separación de poderes —“no hay libertad si la potencia de juzgar no está separada de la potencia legislativa y de la ejecutiva”— son una realidad que avanza. Se extrañan esos intelectuales orgánicos a las revoluciones burguesas frente a la prepotencia de los monopolios.
El relato liberal se limita a evitar que ninguna entidad plurindividual —ni asociaciones, ni sindicatos, ni el propio Estado— se arrogue la defensa de los trabajadores-consumidores frente a los empleadores-proveedores. El mercado vengará los abusos. La libertad corporativa estará protegida de la resistencia social, ahora sí, mediante el propio Estado que se plantea en situación de permanente excepcionalidad con sus tres poderes subsumidos en uno.
La Libertad Avanza dicen… y me recuerda al gran filósofo anarquista Proudhon que nos advertía sobre la contradicción inherente al concepto de libertad en el Principio Federativo: “La arbitrariedad es hija, ¿sabéis de quién? Su propio nombre os lo dice: del libre arbitrio, de la libertad. ¡Cosa admirable! El único enemigo contra el cual se ha de poner la libertad en guardia no es, en el fondo, la autoridad que todos los hombres adoran como si fuese la justicia; es la libertad misma, la libertad del príncipe, la libertad de los grandes…”
¿Qué sucedió en tan poco tiempo?
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70, el señor Presidente, Lic. Javier Milei, asume la suma del poder público en Argentina, destruyendo la forma representativa, republicana y federal que dicta nuestra Constitución Nacional, arrogándose para sí facultades legislativas amplias que abarcan todas las ramas del derecho y avasallan la autonomía de las entidades provinciales propias de un gobierno federal. El mencionado decreto crea, elimina o modifica más de 300 normas laborales, civiles, comerciales y ambientales, en beneficio de corporaciones económicas muy específicas como las farmacéuticas (Big Pharma) y de medicina prepaga, los conglomerados de telecomunicaciones, los grupos inmobiliarios, las empresas extractivas del área minera, petrolera y el agronegocio, los grupos financieros y las grandes plataformas sindicales. Para un análisis exhaustivo, les recomiendo el documento elaborado por los equipos de Argentina Humana.
Días antes, mediante la Resolución 943, popularmente llamada “protocolo antipiquetes”, la Ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bullrich, modifica de facto los códigos penal y procesal penal de la nación, creando nuevos delitos, como el del “líder social”, otorgando jurisdicción a las fuerzas de seguridad y revistiendo a sus altos mandos con la toga judicial para que resuelvan en proceso sumarísimo e inaudita parte sobre los tres bienes jurídicos que Milei dijo venía a proteger: la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Fuerzas de seguridad y burócratas del poder ejecutivo podrán sentenciar detenciones y confiscaciones patrimoniales. En efecto, la amenaza principal contra los manifestantes es eliminar sus derechos a la ciudadanía social si participan de manifestaciones bajo el motto “el que corta, no cobra” o de recurrir a “protección de menores” si participan con sus niños.
La justificación de las nuevas atribuciones judiciales del poder ejecutivo-policial son idea de “flagrancia permanente”, que junto a las pruebas irrefutables, just on time, de los datos biométricos que identificarán a cada manifestante, no precisan de jueces, jurados o alzadas. Juzga el rey. Rex et Iudex.
Es llamativo cómo a lo largo de la historia argentina los llamados liberales han sido los más desvergonzados y autoritarios oscurantistas, avalando golpes de estado, supresión de las garantías constitucionales, dictaduras militares, proscripciones políticas y, ahora, de la eliminación de la división de poderes, uno de los principios básicos del liberalismo (las trias de J. Locke) y piedra basal de todo el edificio de la república moderna: “no hay libertad, si la potencia de juzgar no está separada de la potencia legislativa y de la ejecutiva” (Montesquieu). Los llamados populistas, en cambio, siempre hemos sido víctimas de los golpes de estado, supresión de las garantías constitucionales, dictaduras militares, proscripciones políticas, y de esta nueva autoproclamación imperial.
Es que en este país no hay liberales en el sentido ideológico del término, hay corporaciones que bajo el ropaje del liberalismo han impuesto una y otra vez sus políticas económicas utilizando mecanismos invariablemente inconstitucionales por una sencilla razón: sus intereses atentan contra los derechos sociales consagrados por la Constitución. El poder económico-corporativo siempre utilizó a las dictaduras militares, las democracias tuteladas o los perjuros que traicionan las mandas constitucionales como preservativos para violar la justicia y abusar de la gente sin exponerse a las consecuencias. Los usan, los tiran y niegan con absoluto cinismo su existencia al día siguiente de su caída. El daño ya está hecho.
Esta vez tomemos nota porque está muy claro quienes son los que mandan, porque la aparente autocracia de Milei es en realidad la plutocracia de las corporaciones. Eso se nota mucho, mucho, si tomamos cada una de las normas decretadas y vemos a quienes beneficia. Es que cada artículo del Decreto se explica por las Necesidades y Urgencias de algunas de estas diez corporaciones en particular o del conjunto de ellas (reforma laboral, privatizaciones, etcétera):
1. Farmacéutica y laboratorios: Modificación al marco regulatorio y eliminación de restricciones de precios de las prepagas: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y otras empresas de medicina prepaga. Modificación al marco regulatorio y flexibilización de la industria farmacéutica: Roemmers, Elea, Gador, Casasco, Montpellier, Bayer, Pfizer, Novartis, Roche, Farmacity.
2. Grandes propietarios urbanos y rurales: Eliminación de la ley de alquileres: Cámara Inmobiliaria Argentina, grandes propietarios de inmuebles, agencias de alquiler temporario, Airbnb, Booking y otras. Derogación de la Ley de Tierras Rurales: Grupo Benetton (Italia), Grupo Walbrook (Gran Bretaña), Heilongjiang Beidahuang (China), Minera Vale (Brasil), Gold Corp (Canadá), Ted Turner (Estados Unidos), Joseph Lewis (Gran Bretaña).
3. Agronegocios y desarrolladores urbanos: Derogación de la Ley del Fuego (mencionado por el presidente en cadena nacional) y anulación de los cupos de consumo interno: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, grandes desarrolladores inmobiliarios como Consultatio S.A., Irsa, Caputo, BMA, Syasa, Bullrich, Achaval Cornejo y Soldati.
4. Monopolios alimenticios y cadenas de supermercados: Derogación de leyes de abastecimiento: Arcor, Molinos, Procter & Gamble, Unilever.
Derogación de las leyes de góndolas y supermercados: Coto, Carrefour, Jumbo, Disco
5. Medios y telecomunicaciones: Derogación de la ley que declara de interés público el papel para diario y eliminación de límite de licencias: Grupo Clarín y Grupo La Nación. Desregulación de los servicios de internet satelital. Grupo Starlink (Elon Musk), Grupo Clarín, DirectTV, Claro, Movistar, Telefónica.
6. Grandes plantaciones de yerba y azúcar: Régimen de entregas de azúcar para consumo de mercado interno: Grupo Ledesma (Blaquier). Restricción de las funciones del Instituto de la Yerba: Establecimiento Las Marías
7. Bancos y entidades financieras: Pago de salarios por CVU: Mercado Libre (Marcos Galperin). Aumento de comisiones: Visa y Mastercard. Eliminación de pago obligatorio de sueldos públicos y depósitos judiciales al banco nación: bancos privados y FinTechs.
8. Aeronavegación: Régimen de Cielos Abiertos: Flybondi, JetSmart y aerolíneas low cost en general, que además se beneficiarían con una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.
9. Minería y petróleo: Restricción del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera, eliminación de regímenes de energías renovables y anulación de la limitación de contratos de provisión. Se benefician Exxon, Chevron, Repsol, Pampa Energía, Techint, Lithium, petroleras y mineras transnacionales.
10. Mercado deportivo: Desregulación del régimen comunitario de clubes y promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas para la mercantilización del deporte a partir de inversiones posiblemente saudíes, qataríes, inglesas y norteamericanas.