La primera huelga general en Argentina en cinco años paraliza el transporte y lanza un guiño a una clase media cansada de seis años de crisis
El primer paro general en un lustro en Argentina contra las medidas del Gobierno ultraliberal de Javier Milei ha sorprendido: en pleno verano hubo un seguimiento masivo en transportes y nada desdeñable en servicios, y una fotografía colorida llena de manifestantes ocupando la Plaza del Congreso a 45 días de tomar posesión el libertario -y dos meses después de que obtuviera un 55% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, once puntos más que el peronista Sergio Massa-. Una jornada sin altercados reseñables de la que ya solo cabe preguntarse cuándo tendrá réplica. Y todo mientras en el Congreso, frente a los manifestantes, los diputados negociaban a cara de perro las leyes que han desencadenado la huelga.
Liderada por la todopoderosa CGT, que sacó músculo y logró una bonita estampa en el centro porteño, la protesta afectó a distintos gremios, algunos de ellos clave: camioneros, empleados públicos, sanitarios, transportistas, trabajadores de aeropuertos, miembros del sector cultural, trabajadores de estaciones de servicios y un largo etcétera se adhirieron de manera desigual, pero lograron paralizar parte del país. A las siete de la tarde, los colectivos y trenes dejaron de funcionar.
También se unió el gremio bancario, una forma de indignación de la clase media con los tremendos ajustes de una crisis marcada por la inflación que dura ya seis años (desde 2018) y con la anunciada privatización del Banco Nación por parte del Ejecutivo neoliberal. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que todos señalan como presidenciable en 2027, se sumó al paro y lanzó un guiño a ese segmento: “Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados y la clase media”.
Kicillof fue criticado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le pidió que trabajara “con lo que está pasando en la provincia”, una alusión al crimen de Umma, la hija de nueve años de uno de sus escoltas asesinada el martes en un atraco en Lomas de Zamora que conmocionó al país. No se detuvo ahí la ministra: un protocolo antipiquetes aplicado en un puente en Avellaneda que impedía avanzar a manifestantes hacia la capital fue criticado por excesivo, incluso por diputados libertarios. Para terminar, una Bullrich desatada cifró el seguimiento del paro en el “0,19%”.
Ausente la violencia que a veces acompaña la protesta social en Argentina, el paro sorprendió a algunos. “Me fuí de la parada del Hilton, donde estaciono desde hace 25 años; me obligaban los tacheros [taxistas] a ir a la marcha”, cuenta indignado un taxista bonaerense que no esconde su inclinación por la derecha. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se afanó este miércoles en demostrar que la manifestación fue un fracaso.
Así, el nerviosismo se trasladó a las declaraciones de los dirigentes y a la Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Luis Caputo, que no apareció por el hemiciclo, se despachó a gusto en X. Primero amenazando a las provincias -regiones- a las que auguró un recorte de fondos si los planes de La Libertad Avanza fracasan en un Congreso cuya primera fuerza es el peronismo. “Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, tuiteó Caputo.
Se refería a la ley ómnibus y al megadecreto DNU, ambos conteniendo los recortes más salvajes del país en el siglo XXI. Y pasaron dos cosas con los manifestantes en la calle. Primero, tres diputados peronistas de la Provincia de Tucumán rompieron la disciplina de voto en Unión por la Patria, crearon un nuevo espacio y votaron por la iniciativa de Milei a cambio de cambios favorables al sector azucarero y limonero. Después, una jugada del bloque kirchnerista convocó una sesión especial para abordar el DNU para el próximo 1 de febrero, apurando las opciones del Gobierno con este decreto.
Las conspiraciones palaciegas en el Congreso irritaron al líder de la CGT Camioneros, Pablo Moyano, hijo del histórico Hugo Moyano: "Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional", advirtió el temido sindicalista desde el atril central.
"No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos. La ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre", bramó Moyano aludiendo al CEO de Techint y a la multinacional del comercio online cuyo fundador, Marcos Galperín, reside en Uruguay y fue señalado por el Ejecutivo de Alberto Fernández por no pagar impuestos en Argentina.
Moyano protagonizó un lance con Caputo al recordar las palabras de Milei de que había que “sacar a pasear en andas” al ministro de Economía si el país cerraba enero con una inflación del 30%. “Yo le digo -al Presidente- ante miles de compañeros que si lleva esas medidas de ajuste, de hambre los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevan en andas, pero para tirarlo al Riachuelo”, espetó el sindicalista. “Espero que la justicia tome cartas en el asunto”, respondió el dirigente libertario en Twitter. Caputo fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante tres meses en 2018, en plena crisis cambiaria que culminó con una deuda de 50.000 con el Fondo Monetario Internacional que actualmente lastra el crecimiento.
“La manifestación popular ha sido contundente”, resume el economista Pablo Tigani. “Enviar un megadecreto de necesidad y urgencia sin necesidad y urgencia es un desastre. La popularidad de Milei ha caído nueve puntos. Esta es la primera expresión de disconformidad. Es el principio del final de un Gobierno sin pies ni cabeza”.