Los presidentes de izquierdas de América Latina buscan salida política a la crisis venezolana
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil están empeñados en encontrar una vía política y diplomática que ofrezca una salida a la crisis venezolana, agravada luego de las elecciones del pasado 28 de julio y cuyos resultados aún están en controversia. Los mandatarios de izquierda coinciden en que el gobierno de Nicolás Maduro ha demorado en extremo la entrega de los cómputos finales, lo que profundiza el conflicto y genera inestabilidad en la región. De las tratativas para un camino diplomático en Venezuela, los presidentes de Brasil y el chileno Gabriel Boric conversaron sobre las alternativas posibles de desplegar.
Los mandatarios de Chile y Brasil se reunieron en Santiago, en el marco de una visita de Estado del gobernante brasileño planificada con antelación a la crisis, pero fueron cautos y reservados en sus declaraciones públicas respecto a las gestiones diplomáticas que lidera Lula, quien mantiene una línea abierta de diálogo con Maduro y en contacto cotidiano con López Obrador y Petro. La iniciativa política por generar un espacio de búsqueda de acuerdos fue detalladamente desmenuzada por Lula da Silva y Boric, cuya representación diplomática en Caracas ha sido expulsada al igual que otras seis legaciones de América Latina. De hecho, la crisis venezolana, pese a ocupar un lugar destacado en las reuniones bilaterales, estuvo ausente en la declaración conjunta de los presidentes.
Según fuentes de la Cancillería chilena, la forma de participación en la iniciativa política de Boric —que reclamó transparencia de los resultados electorales y se negó a reconocer que Maduro haya triunfado— puede facilitar que los gobiernos de derecha no obstaculicen las gestiones que buscan una “salida democrática y que reponga la paz”.
El resultado de una eventual auditoría abriría nuevos caminos pues depende de la conducta de las partes en controversia, lo que podría significar —por ejemplo— abrir una negociación para nuevos comicios o derechamente el diseño de un proceso de transición democrática
Previo a las conversaciones privadas de Boric y Lula había trascendido que el bloque de gobernantes de izquierda buscaría instalar una suerte de “mesa de negociaciones” en la que participen los países que proponen la idea en calidad de “garantes del diálogo” entre el gobierno de Maduro y la oposición. Los objetivos de fondo serían acordar una auditoría internacional al proceso electoral, con la participación de especialistas. El resultado de una eventual auditoría abriría nuevos caminos pues depende de la conducta de las partes en controversia, lo que podría significar —por ejemplo— abrir una negociación para nuevos comicios o derechamente el diseño de un proceso de transición democrática.
Según ha trascendido, en círculos gobernantes venezolanos —en contactos reservados y preliminares— no hay un rechazo de plano a la idea de una mesa de negociaciones, incluso han planteado que podrían conversar con los líderes opositores, pero en ningún caso con María Corina Machado, por sus posiciones de extrema derecha y su escasa disposición al diálogo en el pasado.
“La mayoría de los países ha optado por no reconocer ningún presidente electo, ni al presidente Maduro y tampoco al candidato González Urrutia (...) es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea y es la posición de los tres países que están ejerciendo funciones de mediación —Brasil, Colombia y México—”
La posición chilena fue reiterada la tarde de este martes por el canciller Alberto Van Klaveren, quien compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas, en compañía del expulsado embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri. Algunos congresistas inquirieron las razones del Gobierno para no reconocer la presidencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a lo que el ministro explicó: “Creemos que es muy importante distinguir entre lo que es el proceso electoral y también la condición de un presidente electo. Hasta ahora, contrariamente a lo que se ha afirmado a veces en los medios de comunicación, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia, son muy pocos”. Para enseguida agregar que “la mayoría de los países ha optado por no reconocer ningún presidente electo, ni al presidente Maduro, por cierto, y tampoco al candidato González Urrutia” y detalló que “es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea, y por cierto, es la posición de los tres países que están ejerciendo funciones de mediación —Brasil, Colombia y México—”.
“Pero también es la posición de algunos otros países que han sostenido que efectivamente el Edmundo González ganó la elección, pero que no están en condiciones de ungirlo como presidente electo porque no les corresponde”, añadió el canciller, y puso el ejemplo de Uruguay, “señalando justamente eso, que el proceso de ungir a un candidato como presidente electo le corresponde al país respectivo y no a otro país”. El Gobierno y el presidente Boric “tiende a apoyar esa posición”, y comentó que su gobierno no está en contacto con la oposición venezolana, por tanto “tampoco ha habido una solicitud de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo”.
“Hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela”
“Y más allá del probable resultado de la elección como presidente electo, y justamente en ese contexto, creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela”. Guaidó fue un intento fallido por levantar un gobierno paralelo y por esa vía destronar a Maduro, fue reconocido por más de 60 países, pero finalmente fue un fracaso en sus objetivos.
Finalmente explicó que “el periodo de transición entre un presidente y otro es de seis meses en Venezuela. En consecuencia, si es que se contempla la institucionalidad venezolana, el presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder seis meses más, incluso si es que se reconociera el triunfo justamente de Edmundo González”.
De acuerdo a versiones diplomáticas de Chile, “las cosas se han ido alineando” y observan el leve giro que hizo Estados Unidos este lunes. “Seguimos instando a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas", declaró a la prensa Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. El personero si bien declaró que su gobierno cree que el opositor González Urrutia concitó la mayoría de los votos en la elección presidencial, la administración de Joe Biden no lo reconoce como presidente de Venezuela. “Todavía no estamos en ese punto —de reconocerlo como presidente—. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia para encontrar un camino a seguir”, dijo el portavoz, e instó de nuevo al gobierno venezolano y a la oposición a “iniciar discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia”.
El presidente Lula da Silva tiene un papel protagónico en las gestiones diplomáticas por su cercana sintonía que tuvo con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, porque Brasil es un país fronterizo y está entre las mayores economías del planeta y es la primera a nivel regional, seguida de México que también forma parte del grupo que busca una salida a la crisis. El país de López Obrador, es pasadizo de las olas migratorias emanadas desde Venezuela hacia Estados Unidos, y tiene una activa cancillería en los asuntos de América Latina. Colombia, en tanto, además de compartir frontera con Venezuela es el país que ha recibido la mayor cantidad de desplazados por la larga crisis de su vecino: ha recibido más de 2 millones 800 mil migrantes.
Según las cifras más recientes, en Chile permanecen más de 800 mil migrantes venezolanos, muchos de los cuales ingresaron de manera irregular por el norte del país. Junto a la ola migratoria, también ingresaron integrantes de bandas de crimen organizado, lo que ha generado tensiones con el gobierno de Maduro pues este no acepta que Chile opere vuelos hacia Caracas que incluyan expulsados por delitos cometidos en territorios chilenos. Las tensiones se han focalizado entre altas autoridades venezolanas como el propio Maduro y Diosdado Cabello, quienes reiteradamente arremeten contra el presidente Boric.
En medio de las gestiones diplomáticas para buscar una salida política, el presidente venezolano acusó al gobierno chileno de “entrenar” a activistas y “violentistas” que han regresado a Caracas a generar actos de violencia.