Recta final para las elecciones más grandes en México: violencia y reacomodos

Todas las encuestas de las últimas semanas dan un triunfo contundente a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, a pesar de registrarse un descenso en la intención de voto a su favor
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Una papeleta electoral que se utilizará para las elecciones de México el próximo 2 de junio — Luis Barrón / Zuma Press / ContactoFoto

Este 29 de mayo comenzó el periodo de veda electoral (suspensión de propaganda) antes de las elecciones más grandes de la historia de México, que tendrán lugar el próximo 2 de junio. Las semanas de campaña oficial —sin contar las llamadas “precampañas”— han comportado intensos ataques discursivos entre las candidaturas y el quitarse la máscara de muchos grupos políticos e intelectuales, pero también una ola de violencia mortal que no debería ignorarse.

Es necesario dimensionar: además de la Presidencia de la República, se renovarán las dos cámaras legislativas, 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, ayuntamientos en 29 entidades federativas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto suma 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal.

El botín es jugoso. Para el partido en el poder significa la consolidación de su hegemonía para imponer con facilidad su programa —por eso están luchando arduamente contra la idea del voto diferenciado; para la alianza de derecha PRI-PAN-PRD, la posibilidad de alcanzar los últimos “huesos” —posiciones que le garanticen a sus dirigentes ingresos e impunidad— ante la posibilidad de la irrelevancia o incluso la desaparición de algunos de estos institutos políticos; para el partido Movimiento Ciudadano, un ente con discurso progresista y prácticas represoras y derechistas, la posibilidad de crecer y volverse fiel de la balanza en el futuro; y para los grupos criminales, el acceso a los recursos públicos y el control de amplias porciones del territorio.

La caída de la derecha

En lo que toca al Ejecutivo Federal, el resultado está cantado. Todas las encuestas de las últimas semanas dan un triunfo contundente a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, a pesar de registrarse un descenso en la intención de voto a su favor. Las estimaciones más conservadoras le dan nada menos que un 23% de ventaja sobre la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez.

La alianza opositora ha desplegado una variedad de acciones que, sin embargo, no parecen ser parte de una estrategia atinada. La candidata Xóchitl Gálvez apareció más agresiva en el último debate, sin que ello le haya redituado más que en ser protagonista de memes infinitos por sus desatinos. Luego, los empresarios y personajes de la ultraderecha acabaron por convertir (o destapar) a la Marea Rosa en una marcha de apoyo a Gálvez, lo que acabó por ahuyentar a ciudadanos y personajes que habían acudido respondiendo a la convocatoria original de defensa de las instituciones. Y en un último acto desesperado, el presidente del PRI exigió con chulería al candidato de Movimiento Ciudadano que declinara a favor de Gálvez, lo que no les acercaría al triunfo pero quizá sí a huesos más jugosos. El candidato Máynez aprovechó para exhibirlo y reírse un poco.

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Sin embargo, tal parece que la alianza opositora no está ni leyendo bien a sus públicos ni tomando en cuenta un factor importantísimo cuando se hace una campaña: entender la percepción que tienen de ti los grupos que son tu meta. La alianza ha mantenido como bandera el discurso sobre la inseguridad, cuando el electorado claramente identifica sus responsabilidades en detonar las graves crisis que se viven hoy, tanto económicas como de violaciones a derechos humanos. También han desatado campañas denunciando corruptelas de morenistas y personas cercanas al presidente López Obrador, cuando el electorado justamente les dio la espalda hace seis años porque les identifica con la corrupción. Y se presentan como el cambio, cuando claramente una mayoría de las personas —el 75% que aprueba al presidente— no tiene al cambio como necesidad.

Los números en cuanto a las candidatas lo refrendan. Xóchitl Gálvez es la que cuenta con mayor porcentaje de opiniones negativas entre las tres candidatas, mientras que Sheinbaum cuenta con los mayores números de percepción positiva. Y en cuanto a los partidos, el PRI —que ha llevado la voz cantante en la campaña opositora— es el que cuenta con las peores opiniones entre el electorado.

Después de la elección: rebatingas y reacomodos

En el discurso de la alianza opositora y sus corifeos se está repitiendo continuamente la idea de que la elección ya está sucia por la “intervención” del presidente, que habría causal para anularla y que hay que defender un supuesto triunfo. Esto le ha servido al ala oficialista para afirmarse en sus ataques contra el poder judicial y los institutos autónomos. Es difícil pensar que esta estrategia le vaya a resultar bien a la derecha en cuanto a la elección de presidenta, dada la diferencia de votos entre las candidaturas. En cuanto a las elecciones locales, no hay duda de que la oposición peleará con uñas y dientes cada posible espacio que pueda arrebatar. Las semanas siguientes a la elección no se vislumbran pacíficas.

Una vez triunfante la coalición oficialista, merecerá un análisis aparte la reconfiguración de los grupos políticos que se han unido a ella a lo largo de toda la campaña. El trasvase sin cesar de figuras políticas priistas y panistas emblemáticamente corruptas y criminales hacia Morena y el Partido Verde ha llevado a una inconformidad creciente entre las bases y algunas personas de izquierda fundadoras del partido en el poder. La lógica que les han dicho, según denuncian, es que esas personas sí ganan elecciones, y se apuesta a que después, de alguna manera, autorregularán sus prácticas mafiosas bajo el influjo de los principios de Morena.

Finalmente, queda la cuestión de los poderes locales. Desde hace tiempo se había advertido que el crimen organizado estaba sentando sus reales cooptando a los gobiernos municipales, con el fin de afianzar su dominio y expandir sus actividades. Como consecuencia, las candidaturas se han vuelto un violento campo de batalla entre cárteles.

The New York Times señaló que, desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a un cargo de elección popular y 14 familiares han sido asesinados. The Washington Post habla de 34 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en lo que va de la campaña. Este preocupante e indicativo fenómeno ha sido invisibilizado, y ya iremos viendo las consecuencias de este dominio de los cárteles en el nivel de gobierno que tienen mayor contacto cotidiano con el pueblo. Si combinamos esto con poderes estatales en manos de personas con antecedentes de corrupción o incluso de crímenes, el panorama parece sombrío.

Desgranando

Lamentablemente, temas fundamentales para el país quedaron en la orfandad. La agenda de derechos humanos, una falta de una reforma fiscal redistributiva, la crisis de desaparición e identificación forense y la ineficacia de las fiscalías, por mencionar algunas, solamente fueron retomadas o para controvertirlas con propuestas de populismo punitivo o con la mera instrumentalización por parte de quienes en otros años las provocaron.