Uruguay, 2024: ¿vuelve la izquierda?
Uruguay fue uno de los casos paradigmáticos de la “marea rosa latinoamericana” que reformuló los sistemas políticos regionales durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Aquellos gobiernos lograron — con mayor o menor éxito — “plebeyizar” la política nacional, conformando verdaderos movimientos populares en alianza con sectores sindicales, estudiantiles e indígenas. El PT en Brasil, el peronismo “kirchnerista” en Argentina, el MAS en Bolivia, el “chavismo” en Venezuela o la Revolución Ciudadana en Ecuador compartían varias fuerzas de impulso, como el regionalismo, el antiimperialismo (y la apuesta por el orden multipolar) o el desarrollo autocentrado. Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y “Pepe” Mujica (2010-2015) condujeron el Ejecutivo uruguayo durante los mayores años de efervescencia de las izquierdas latinoamericanas desde la década de los setenta, cobrando protagonismo en multitud de movimientos regionales e incluso siendo parte del histórico “NO” al ALCA, quizá el gran hito de la integración antiimperialista de los gobiernos populares de América Latina.
El presidente Tabaré Vázquez insistió en el objetivo de su gobierno de construir “un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena”. De Tabaré a Mujica y de Mujica a Tabaré, el Frente Amplio gobernó durante quince años ininterrumpidamente, consolidando relativos avances en materia redistributiva. Con todo, el aspecto político reseñable del “frenteamplismo” uruguayo es la específica solidez de su unidad de proyecto, a pesar de la considerable diversidad ideológica y táctica a la interna de la coalición. La victoria de la izquierda en 2005 asentó un durísimo golpe al histórico Partido Colorado y dio comienzo a una nueva etapa en el país en la que las identidades políticas se habrían de definir en clave pro Frente Amplio vs. anti Frente Amplio. Esta dinámica de polarización acompañó la transformación de otros sistemas políticos latinoamericanos, a tal punto de haber impulsado la sorpresiva presidencia de Daniel Noboa en Ecuador al concentrar en torno a él la hegemónica identidad anti correísta.
A diferencia de otras expresiones nacionales, el Frente Amplio supo conservar en todo momento la imagen de unidad interna e hizo falta una “mega coalición” de la derecha y la derecha radical uruguaya para impedir un nuevo triunfo de la izquierda en 2019. En aquella ocasión, Luis Lacalle Pou contó con el apoyo del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el espacio ultraderechista Cabildo Abierto. Dicha “suma” de intereses antifrenteamplistas logró una victoria por la mínima frente al oficialista Daniel Martínez. Incluso en la resaca de la derrota electoral, el Frente Amplio logró gestionar en clave unitaria las inmediatas discusiones sobre la culpa y el futuro, consolidando un bloque opositor que parte hoy como favorito en las elecciones de octubre del año 2024.
Con todo, la fotografía de los sondeos no es tan nítida como pudiera parecer. En efecto, el Frente Amplio parte con ventaja. Buena parte de las encuestadoras otorgan al bloque de la izquierda nacional una horquilla de intención directa de voto entre el 40% y el 45%. Estas cifras son contundentes, y acercan al Frente Amplio a niveles de apoyo popular equivalentes a los que acumuló en 2004. Junto a esta tendencia, otra se consolida: a medida que el país se acerca a la fecha de los comicios, se achica el margen de indecisos, el cual sufrirá además una extraordinaria reducción luego de que tengan lugar las elecciones primarias de junio y se definan los candidatos de cada espacio. Parece casi inevitable que el Frente Amplio consolidará su primera posición en las elecciones, ensanchando la base que obtuvo en la primera vuelta del año 2019 (39%), pero esto solo será un capítulo de un proceso más largo.
En Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, cosechar una victoria en primer término requiere de un 50% sin importar el porcentaje del resto de candidaturas; esta cifra se presume todavía lejana para el Frente Amplio. Así pues, el escenario más probable es el de la reedición del ballotage del año 2019: el Frente Amplio contra el Partido Nacional. Es aquí donde se hacen imprescindibles dos apreciaciones. En primer lugar, la Constitución del Uruguay impide la reelección inmediata, por lo que Luis Lacalle Pou no será candidato, lo que dificulta el desempeño de un oficialismo que sufre un mayor desgaste como bloque del que recae sobre la particular figura del presidente, quien todavía goza de una considerable popularidad. En segundo lugar, es imprescindible rememorar los anteriores comicios, ya que la dinámica será con toda probabilidad la misma: el Frente Amplio saldrá en primer lugar, y el Partido Nacional, en segundo. Entonces, se repetirá la “coalición multicolor”, el sistema de alianzas que forjó la victoria de Lacalle Pou en 2019 y que definió su estructura de Gobierno: el resto de partidos de la derecha uruguaya darán su apoyo público al candidato del Partido Nacional en la segunda vuelta a cambio de eventuales ministerios y secretarías en el Ejecutivo nacional. En este sentido, el caso uruguayo es una rara avis en la región, por cuanto Lacalle Pou conformó un gobierno de coalición con otros partidos, a pesar de haber sido electo en comicios presidenciales bajo las únicas siglas de su propio partido.
Por supuesto, todo ello no niega la realidad: el “suelo” del Frente Amplio” aparenta ser mayor del que mostró en las elecciones del año 2019, donde quedó a menos de un punto porcentual de la victoria en el ballotage. Es por esto que su victoria es en cierta medida esperable (aunque en ningún caso segura). El proceso interno del bloque será definitorio en este sentido. Si la unidad efectivamente no se discute, el Frente Amplio debe ahora definir su candidato en una carrera en la que se destacan dos nombres: Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Tras la salida de “Pepe” Mujica de la política y el fallecimiento de Tabaré Vázquez, el bloque de izquierdas afronta un período de reorganización y, ante todo, de reconstitución de liderazgos. Orsi, intendente de Canelones, es el candidato del histórico Movimiento de Participación Popular (MPP) y aspira a continuar la línea del ex presidente Mujica. Cosse, por su parte, fue ministra con Tabaré Vázquez y es actual intendenta de Montevideo, habiendo sido apoyada por el Partido Comunista y por sectores de la izquierda revolucionaria y el trotskismo del Frente Amplio.
En los comicios del 2024, hay una tercera incógnita: Cabildo Abierto. Aunque se espera que, llegado el momento, revalide su apoyo al Partido Nacional, no queda claro cuál será el desempeño de este bloque que representa la “forma uruguaya” de la ola de nuevas derechas radicales en América Latina. Manini, el líder de la formación, aspira a ganar terreno en el amplio espacio de la derecha. Con todo, la persistente tendencia de las capas trabajadoras del país a optar por “salidas por izquierda” limita su capacidad de crecimiento en contraste con otras experiencias regionales. Si logra superar el umbral del 15% y acercarse al Partido Nacional, las discusiones por el liderazgo de la derecha uruguaya podrían ser un tema central de la política nacional durante los próximos años.