El grupo parlamentario judicial

El grupo parlamentario que tiene posiblemente la mayor capacidad operativa de hacer descarrilar la investidura o —si no lo consigue y ésta se produce— estrangular la legislatura después es, por supuesto, el grupo parlamentario judicial
El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, interviene durante la entrega del premio Fundación Villacisneros en la Fundación Rafael del Pino de Madrid, a 16 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La Fundación Villacisneros otorga hoy su premio anual a Llarena, el juez instructor del 'procés' (proceso de soberanista de Cataluña), en reconocimiento a su trabajo en defensa del Estado de Derecho.
16 NOVIEMBRE 2021;PREMIO FUNDACIÓN VILLACISNEROS;TRIBUNAL SUPREMO;PROCÉS
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
16/11/2021
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena — Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

A medida que van pasando los días y nos vamos aproximando al 27 de noviembre —la fecha límite que la Constitución establece para que se pueda producir la investidura de un presidente del gobierno una vez que el reloj ha empezado a correr tras el fracaso parlamentario de Feijóo—, se va acercando también al horizonte político el necesario acuerdo entre el PSOE y Junts para aprobar una ley de amnistía que afecte a los represaliados del procés.

En el incesante debate público que se produce diariamente al respecto de este asunto central, escuchamos las voces de los diferentes grupos parlamentarios con representación en la cámara baja, pero también las de diferentes poderes que —sin tener legitimidad democrática alguna— mandan mucho más que sus señorías que ocupan un escaño en la Carrera de San Jerónimo.

Aunque no tiene ni un solo voto y ni un solo diputado, estos días hemos escuchado hablar alto y claro, por ejemplo, al grupo parlamentario de la Casa Real. Primero, cuando su portavoz, Felipe VI, decidió borbonear y proponer a un candidato —Feijóo— que todo el mundo sabía —también el rey— que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ser investido. Y después, más recientemente, cuando la heredera al trono juró la bandera antes de jurar la Constitución —dicen los que saben que la Casa Real no da puntada sin hilo— al tiempo que afirmaba solemnemente su voluntad de “dar la vida por España” empuñando un fusil Máuser y su padre recordaba, ataviado como jefe supremo de las fuerzas armadas, que la corona simboliza la unidad de la nación.

Por supuesto, también habla todos los días y a todas horas el grupo parlamentario de los medios de comunicación. Posiblemente el grupo parlamentario más poderoso del país —a pesar de no tener, tampoco, ni un solo voto y ni un solo escaño—, capaz como pudimos ver hace un año y medio de cambiar en apenas 72 horas al jefe de otro grupo parlamentario —el del PP— que, este sí, tenía 5 millones de votos y 89 escaños.

En el siglo XXI, en los sistemas democráticos modernos, los golpes a la democracia se dan fundamentalmente desde los medios de comunicación y desde la judicatura, y siempre por la derecha

Sin embargo, el grupo parlamentario que tiene posiblemente la mayor capacidad operativa de hacer descarrilar la investidura o —si no lo consigue y ésta se produce— estrangular la legislatura después es, por supuesto, el grupo parlamentario judicial.

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A juzgar por las declaraciones de algunos de sus miembros más destacados, como el presidente del CGPJ, que ya ha dejado claro que la amnistía “no responde al interés general”, y leyendo también los diferentes artículos con tono de aviso/amenaza que se prodigan en la prensa de Madrid afirmando que podría haber un tamayazo en el Tribunal Constitucional —es decir, que los magistrados progresistas podrían decidir dictaminar la inconstitucionalidad de la amnistía pactada entre el PSOE y Junts— y también que los jueces miembros de los órganos jurisdiccionales, en particular del Tribunal Supremo, pueden elevar cuestiones de inconstitucionalidad ellos mismos para así paralizar los efectos buscados de la norma, queda bastante claro que, aunque no vayamos a escuchar en boca de la presidenta del Congreso aquello de “por el grupo parlamentario judicial, tiene la palabra el señor Llarena Conde”, los que ya intervinieron políticamente en favor de las tesis de la derecha y la extrema derecha en Catalunya en 2017 tienen toda la intención de volver a intervenir exactamente en la misma dirección en 2023.

En el siglo XXI, en los sistemas democráticos modernos, los golpes a la democracia se dan fundamentalmente desde los medios de comunicación y desde la judicatura, y siempre por la derecha. En España ya lo han intentado varias veces y, cada día que pasa, estamos más cerca de que en su próximo intento tengan éxito.