Estar o no estar en el Gobierno

Desde la noche del 23J el PSOE entendió que la clave para que Pedro Sánchez volviera a ser presidente pasaba por Waterloo. De entre las fuerzas políticas cuyos votos necesita Sánchez para ser elegido, solo Junts podría permitirse un voto que llevara a una repetición electoral.
Vista general de los pinganillos en los escaños antes del inicio de una sesión plenaria en la se aprueba el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La aprobación 'exprés' del uso del catalán, el euskera y el gallego permitirá que los diputados puedan expresarse en todas esas lenguas en el Congreso a partir de hoy. La propuesta de la nueva presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, salió adelante con la oposición del PP y comenzará con intérpretes provisionales.
19 SEPTIEMBRE 2023;LENGUAS COOFICIALES;CONGRESO;LENGUAS
Marcos Villaoslada  / Europa Press
19/9/2023

Europa Press

Desde la noche del 23J el PSOE entendió que la clave para que Pedro Sánchez volviera a ser presidente pasaba por Waterloo. De entre las fuerzas políticas cuyos votos necesita Sánchez para ser elegido, solo Junts podría permitirse un voto que llevara a una repetición electoral. Esto lo sabe el PSOE, lo sabe Junts y lo saben el conjunto de fuerzas políticas del bloque plurinacional que, más allá de escenificaciones, son conscientes, desde el 23J, de que no tienen margen para moverse del sí a Sánchez.

Nadie puede negar que el hecho de que ayer se pudiera hablar por primera vez en el Congreso de los diputados en euskera, galego y catalán es un logro de Carles Puigdemont. Como recordamos hoy en Diario Red, en junio del año pasado, el PSOE votó en contra, junto a PP y VOX, la propuesta de Unidas Podemos para usar las lenguas cooficiales en los plenos del Congreso que apoyaron el resto del grupos del bloque de legislatura. Si hoy el PSOE ha aceptado lo que hace un año negó a Unidas Podemos, a ERC a Bildu y al PNV, de los que dependía para la estabilidad parlamentaria del gobierno, no es por su compromiso con el reconocimiento de la realidad plurinacional y plurilingüe de España, sino porque necesita los votos de Junts.

Del mismo modo, si finalmente la amnistía a los represaliados políticos catalanes (y esperamos que a algunos represaliados políticos más que se puedan incluir en la lista) se convierte en una realidad, no será porque el PSOE lo desee, sino porque la continuidad de Sánchez en la Moncloa depende de ello. En esta redacción pensamos que el PSOE, a día de hoy, ha tomado la decisión de asumir la amnistía, a pesar de la hostilidad con la que está siendo recibida tanto por el grupo mediático principal del que han dependido históricamente los socialistas (PRISA) como por parte de sectores judiciales que teóricamente le deben sus cargos al PSOE. Sánchez cuenta, sin embargo, con el apoyo del grupo Godó y de digitales como eldiario.es que han sabido girar sus posiciones, como comprobamos hace poco en un vídeo que se hizo viral en la redes, en el que veíamos al director de  eldiario.es decir en 2022 que la amnistía era ilegal para después verle en 2023 defenderla. Precisamente por eso, porque el contenido de los acuerdos para la investidura tienen poco que ver con las convicciones del PSOE y sus medios afines y mucho con sus necesidades coyunturales, la configuración del gobierno es crucial.

Es evidente que Pedro Sánchez quiere apostar por un gobierno lo más conservador y dócil posible hacia poderes económicos que ya tienen bastante con la amnistía y que para ello, cuando llegue el turno de negociar la presencia de ministros del partido de Díaz en el mismo, va a apostar por lo contrario que en la última legislatura, en la que Sánchez tuvo que dejar firmado con Podemos las carteras ministeriales que corresponderían a los morados, antes de la sesión de investidura. Podemos entonces arrancó una vicepresidencia, el Ministerio de trabajo (sin las competencias de Seguridad Social) y el de Universidades y posteriormente, para asegurar la representación en el Gobierno de IU y Comuns, Iglesias pidió a Sánchez crear un nuevo ministerio (Consumo). Podemos explicó al PSOE que dejar fuera del Consejo de Ministros a los Comunes y a IU no era prudente porque, seguramente, estas formaciones políticas reclamarían y practicarían la autonomía política y parlamentaria si se quedaban fuera. Lo importante, para garantizar la estabilidad de los apoyos parlamentarios al gobierno, era que estuvieran todas las partes sentadas en el Consejo de Ministros.

Podemos ha dejado claro a Sánchez y a Díaz que quiere estar en el gobierno y que quieren que su ministra sea Irene Montero, del mismo modo que IU y el partido de Ada Colau eligieron a sus representantes por encima del criterio de Podemos, que manifestó entonces a sus socios su preferencia por Enrique Santiago y por Jaume Asens como ministros, pero aceptó los nombres que decidieron las direcciones de IU y Comuns.

Con aquella decisión integradora, Sánchez e Iglesias se aseguraron no solo el apoyo parlamentario permanente del ya entonces complejo grupo confederal, sino también unas relaciones más ordenadas con ERC y Bildu.

En el contexto actual, si Sánchez y Díaz apuestan por un ejecutivo en el que no estén representados ni Podemos ni otras fuerzas que fueron coaligadas con el partido de Yolanda Díaz, y apuestan por perfiles cómodos para Sánchez, asumiendo además que no podrán llevarse a cabo iniciativas que molesten a fuerzas ideológicamente neoliberales como Junts y PNV ni a los poderes económicos, tendremos una legislatura breve que producirá frustraciones en el electorado progresista que podrán ser fatales. Podemos ha hecho una propuesta responsable y prudente pidiendo formar parte de un gobierno que va a tener una capacidad de acción limitada, cuando en realidad sería mucho más cómodo colocar a sus cinco parlamentarios en el mismo lugar de libertad parlamentaria para condicionar por la izquierda al gobierno que van a ocupar Bildu, ERC y el BNG.

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