Gobierno de izquierdas en Euskadi o cláusula de exclusión

Lo que arroja la nueva conformación del parlamento vasco tras las elecciones de ayer es una clara dicotomía política: o hay un gobierno de izquierdas en Euskadi y se respeta el resultado democrático o se impone la cláusula de exclusión promovida por el bloque de poder español
La viñeta de Ferran Martín

Como vaticinaban prácticamente todas las encuestas y después de las elecciones de ayer, en el nuevo parlamento vasco hay una mayoría parlamentaria que permite la investidura de un lehendakari de izquierdas y un gobierno en Ajuria Enea sin el PNV.

Con el único paréntesis del gobierno presidido por Patxi López como consecuencia de un pacto bipartidista entre el PSOE y el PP, una conformación de gobierno como la descrita representaría la segunda vez desde la recuperación de la democracia que el PNV se queda fuera del gobierno vasco y la primera vez que la izquierda gobierna Euskadi.

Más allá del evidente hito histórico que esto supondría en términos políticos, las ventajas materiales para la ciudadanía vasca serían muy significativas. No hay que olvidar que, en los últimos años, el PNV ha deteriorado gravemente la sanidad pública vasca de Osakidetza al estilo madrileño —es decir, mediante su infrafinanciación y su privatización—, ha permitido que se desboquen los precios de la vivienda como en el resto del Estado, y ha combinado esta operativa antisocial con varios casos de clientelismo, puertas giratorias y enriquecimiento ilícito entre sus filas, dejando completamente claro que su función política es la de representar los intereses de una oligarquía vasca con mucho poder económico pero muy minoritaria en términos democráticos.

Con los resultados electorales todavía calientes, somos conscientes, sin embargo, de que lo más probable es que las dirigencias del PNV y del PSE hagan oídos sordos a la voluntad popular expresada en las urnas y repitan el esquema de gobierno de coalición de derechas que se configuró durante toda la pasada legislatura. Por su parte, lo más probable es que las gentes de EH Bildu, en una estrategia lenta de ir acumulando apoyos electorales y legitimidad poco a poco, se contenten con liderar la oposición.

Si finalmente se produce un desenlace como este, será pertinente volver a reflexionar sobre los mecanismos que hacen posible violentar mediante presiones externas a las cámaras parlamentarias la cristalización de determinadas mayorías emanadas de la decisión democrática de la gente. Este fenómeno político ya lo vivimos en el ámbito del conjunto del Estado cuando se generó una gran inestabilidad política, con tres repeticiones electorales y la primera moción de censura exitosa de nuestra democracia reciente, mediante la prohibición por parte de poderes no democráticos de la conformación de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos aunque hubiese una mayoría parlamentaria suficiente para ello en todos y cada uno de los hemiciclos que se constituyeron desde las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. La forma de implementar una cláusula de exclusión antidemocrática como esta es, obviamente, a través de los poderes mediáticos y de la percusión sobre la opinión pública de un determinado relato cuyo único objetivo es el de excluir a determinadas fuerzas políticas de la gobernabilidad independientemente del resultado electoral que éstas hayan obtenido.

En el ámbito estatal, esto se concretó en la demonización y la operativa golpista de lawfare contra Podemos. En estas elecciones vascas, el mecanismo elegido ha sido la resurrección mediática de ETA

En el ámbito estatal, esto se concretó en la demonización y la operativa golpista de lawfare contra Podemos. En estas elecciones vascas, el mecanismo elegido ha sido la resurrección mediática de ETA, aunque la banda terrorista lleve ya más de una década sin existir.

Si bien en un primer momento uno podría pensar que la invocación de ETA respondía a un intento de influir en las propias elecciones en Euskadi, el resultado de las urnas de ayer deja claro que, allí, hace tiempo que se ha pasado página de la época de la violencia terrorista y, por lo tanto, los vascos y las vascas no son permeables a una táctica de este tipo. Así las cosas, es mucho más probable pensar que el agitar el fantasma de ETA por parte de los poderes mediáticos españoles no ha tenido como objetivo el influir en los resultados electorales sino el fortalecer la cláusula de exclusión que prohíbe la participación de EH Bildu en un gobierno vasco.

El mecanismo no es difícil de concebir. Aunque mencionar obsesivamente a ETA en los medios de comunicación no mueva prácticamente ningún voto en Euskadi, sí sirve para condicionar fuertemente a las bases socioelectorales del PSOE en la mayoría de territorios del resto del Estado. De esta forma y mediante esta táctica, se estaría ejerciendo una fuerte presión mediática sobre Ferraz para que Pedro Sánchez entienda como perjudicial para sus intereses el romper dicha cláusula de exclusión y ejerza así mano de hierro sobre su federación vasca.

Es decir, estaríamos hablando de un mecanismo de injerencia antidemocrática del conjunto de España sobre Euskadi para evitar la expresión de una mayoría de izquierdas en el parlamento vasco. Es evidente que EH Bildu no debe aceptar sin más esta situación si pretende que la mera posibilidad de defender los intereses nacionales de Euskadi pueda existir y es también obvio que el PSE quedaría completamente inhabilitado como partido de obediencia vasca si actúa según los dictados del poder mediático español con sede en Madrid.

En resumen, lo que arroja la nueva conformación del parlamento vasco tras las elecciones de ayer es una clara dicotomía política: o hay un gobierno de izquierdas en Euskadi y se respeta el resultado democrático o se impone la cláusula de exclusión promovida por el bloque de poder español. Por desgracia, no somos optimistas respecto de la resolución de esta disyuntiva.

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