Jueces corruptos
Este viernes saltaba la noticia. El juez Manuel García-Castellón filtraba al periódico ABC que había denunciado a la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, por un tuit que ésta publicó el pasado 2 de septiembre cuando se conoció que García-Castellón finalmente se jubilaba. “Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza”, escribía Belarra aquel día en su cuenta de X y ahora el juez considera que esa publicación “menoscaba su honor de forma vejatoria” y afirma que le ha ocasionado “grandes perjuicios” al haber alterado su “tranquila y apacible” vida fuera de los juzgados. Por todo ello, solicita una indemnización de 120.000 euros (decenas de veces superior a las indemnizaciones típicas en este tipo de casos).
García-Castellón añade además que, en sus 47 años de carrera, “no ha tenido tacha alguna en su expediente” y que su operativa ha sido “impecable”. Ante esto, es necesario realizar dos puntualizaciones, las cuales son tan evidentes como poco habituales.
Aunque no sea delito alargar una investigación hasta el hartazgo con el objetivo de generar noticias y tertulias difamatorias para destruir la reputación de las personas investigadas, si un juez retuerce el derecho de esa manera, ese juez es un corrupto
La primera sobre la corrupción. Mentir no es delito, pero, si un periodista miente, ese periodista es un corrupto. Que un agente de policía dé más palos a los manifestantes cuando son de izquierdas y sea mucho más cariñoso cuando son de extrema derecha no es delito, pero, si un agente hace esto, ese agente es un corrupto. Que un exministro que ha tomado decisiones importantes en un determinado sector económico y que ha acumulado una cartera de contactos en el mismo acabe ganando muchísimo dinero en el consejo de administración de una gran empresa de ese mismo sector no es delito, pero, si un exministro utiliza una puerta giratoria, ese exministro es un corrupto. Y todo esto es así porque lo que están haciendo todas esas personas —aunque no sean objeto de reproche administrativo o penal— es prostituir su importante función en la sociedad y atentar contra el bien común y la democracia. Por eso son corruptos. Y, por eso mismo, aunque no sea delito investigar a un líder político sin pruebas, iniciar un procedimiento en el que se afirma que podría haber cometido delitos gravísimos o alargar una investigación hasta el hartazgo con el objetivo de generar noticias y tertulias difamatorias para destruir la reputación de las personas investigadas, aunque todo eso no tenga reproche jurídico —especialmente si los que lo hacen son jueces y los que deben establecer ese reproche son jueces también—, si un juez retuerce el derecho de esa manera, ese juez es un corrupto.
La segunda puntualización que es necesario llevar a cabo atañe a la distinción evidente que cualquier persona alfabetizada debería hacer entre la verdad fáctica y la “verdad judicial”. Si un asesino se escapa a otro país y nunca es juzgado, si nunca recibe una sentencia condenatoria por ese motivo o por cualquier otro, no deja de ser un asesino si, de hecho, ha asesinado a alguien. Se podría argumentar que, al llamarlo “asesino” uno estaría cometiendo el delito de calumnias —acusar falsamente a una persona de un ilícito— ya que no existe condena judicial, pero es obvio que el argumento tendría una calidad ínfima. Todo el mundo sabe que Juan Carlos I es un defraudador fiscal aunque nunca haya sido condenado por ello. Llamar “defraudador fiscal” al emérito es decir la verdad y mantener que decir la verdad puede constituir un delito por no existir sentencia condenatoria que coincida con el hecho cierto es una aberración epistemológica y una estupidez. Del mismo modo, el juez Salvador Alba que conspiró con un empresario y con un ministro del PP para perseguir con pruebas falsas a la magistrada Victoria Rosell ya era un prevaricador antes de que existiera una sentencia firme que lo calificó como tal y lo mandó a prisión. Si no distinguimos la verdad a secas de la “verdad judicial” —muchas veces retorcida, otras veces inexistente o tardía y algunas veces incluso contraria a la verdad a secas—, estamos diciendo que los que definen en nuestra sociedad lo que es verdad y lo que es mentira son los jueces. Un dogma religioso tan infantil como peligroso.
El juez Manuel García-Castellón acusó a Carles Puigdemont de terrorismo —imaginen el impacto reputacional que eso tiene— y la absurda acusación quedó en nada. El juez Manuel García-Castellón persiguió durante años a Pablo Iglesias, coincidiendo con su etapa como vicepresidente del Gobierno, lo acusó de gravísimos delitos, alargó la causa hasta la extenuación y al final todo quedó en nada. El juez Manuel García-Castellón reconoció públicamente que, cuando era juez de enlace del gobierno de José María Aznar, mintió a otros jueces franceses para que le dieran información sobre ETA. El juez Manuel García-Castellón cerró en 2018 la investigación contra Juan Carlos I que después reabrió la fiscalía suiza. El juez Manuel García-Castellón exoneró a María Dolores de Cospedal en la causa de la operación Kitchen a pesar de que existía un audio en el que ésta pedía a Villarejo que parase la publicación de los papeles de Bárcenas. Y así podríamos seguir llenando páginas y páginas de decisiones arbitrarias del juez, todas en la misma dirección desde el punto de vista político.
Aunque no exista una sentencia condenatoria contra Manuel García-Castellón, ¿se puede afirmar tajantemente que no estemos ante un prevaricador?
Así las cosas, aunque no exista una sentencia condenatoria contra Manuel García-Castellón, ¿se puede afirmar tajantemente que no estemos ante un prevaricador? Aunque no se haya establecido la “verdad judicial” de que Manuel García-Castellón haya incurrido en los hechos que se tipifican en el delito de prevaricación, ¿se puede afirmar tajantemente que esos hechos no se han producido? Como Antonio García Ferreras difundiendo basura falsa, como los agentes de policía que deciden si golpear a los manifestantes según su ideología, como los exministros que se hacen ricos con las puertas giratorias, ¿no es obvio que Manuel García-Castellón —y otros muchos jueces como él— son unos corruptos (y que eso es una gravísima amenaza para nuestro sistema democrático y que, precisamente por ello, es vital que haya voces públicas que lo digan)?