Leyes mal hechas
Ayer jueves 22 de agosto, entró en vigor la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres —conocida como Ley de paridad— y, más allá de los contenidos que tienen que ver con lo que figura en el título de la norma, el texto legislativo aprobado contiene una modificación que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar o a una adaptación de jornada.
Según ha declarado el gobierno, esta modificación se debe a un “error”. Lo que ha ocurrido exactamente es que el gobierno anterior de PSOE y Unidas Podemos, en el Real Decreto Ley 5/2023, había añadido a los supuestos para que un despido sea nulo a las personas que opten por estas medidas de conciliación familiar cuando un pariente sufre un accidente, enfermedad grave o hospitalización. Sin embargo, el gobierno actual de PSOE y Sumar, al introducir a las víctimas de violencia sexual también como un supuesto que hace nulo el despido —en la disposición final novena de la Ley de paridad que modifica el artículo 55 del Estatuto de los trabajadores— habría copiado y pegado la versión de este artículo previa a la modificación hecha en 2023, eliminando así la protección a los referidos trabajadores.
Aunque el gobierno ha afirmado que va a subsanar el “error” en la primera oportunidad legislativa que encuentre, lo cierto es que, hasta que ello ocurra, cualquier trabajador que decida acogerse a los citados permisos estará automáticamente en peligro.
Incluso aceptando que, efectivamente, no haya una intencionalidad detrás del “error”, el gobierno es merecedor de la más contundente crítica, aunque no sea por maldad, sí por falta grave de competencia. Sin embargo y a pesar de la seriedad de lo ocurrido, el “error” en la Ley de paridad ha tenido un recorrido mediático mínimo y revela una inaceptable doble vara de medir en lo que se refiere a “leyes mal hechas”.
Un argumento clásico en la legislatura anterior, que fue utilizado con profusión e incluso con violencia no solamente por el PP y el PSOE sino también por los operadores mediáticos desde la extrema derecha hasta la progresía para intentar desgastar a Podemos es que los morados serían portadores de una supuesta falta de experiencia que les llevaba a producir textos legislativos de mala calidad técnica. Los dos partidos del bipartidismo y también sus medios afines repetían constantemente el sintagma “seguridad jurídica” para dar a entender que los ministerios de Podemos —y muy especialmente el ministerio de Igualdad de Irene Montero— no sabían hacer leyes con la misma solvencia que los que llevan gobernando más de 40 años en España.
Esta argumentación falaz alcanzó su apogeo cuando un importante sector reaccionario de la judicatura decidió incumplir la Ley solo sí es sí y empezaron a bajarle la pena a decenas de agresores sexuales —de una forma contraria al derecho consuetudinario, a la textualidad de la norma y también al espíritu de la misma— como parte de una estrategia repugnante para frenar los avances del feminismo y, ya de paso, difamar a la ministra Montero tachándola de incompetente. Por supuesto, esta estrategia judicial se vio acompañada de un violento bombardeo mediático —recordemos los contadores del programa de Antonio García Ferreras— que daban a entender que las rebajas de pena eran culpa de ministerio de Igualdad en vez de responsabilidad de los magistrados reaccionarios que habían decidido incumplir la norma y retorcer el derecho.
Esta argumentación falaz alcanzó su apogeo cuando un importante sector reaccionario de la judicatura decidió incumplir la Ley solo sí es sí y empezaron a bajarle la pena a decenas de agresores sexuales
Esta burda operación —que soslayaba convenientemente que la Ley solo sí es sí no solamente había sido redactada por el ministerio de Igualdad, en manos de los morados, sino también por el ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, quien finalmente fue premiado por el PSOE con una plaza en el Tribunal Constitucional—, se completó con un vergonzoso pacto entre el PP y el PSOE para eliminar de la ley la centralidad del consentimiento; precisamente lo que hacía que fuera una de las normas más avanzadas del mundo, elogiada incluso por las instituciones europeas.
Con la aprobación de la Ley de amnistía y el posterior desacato de numerosos jueces, que se han dedicado a retorcerla hasta el paroxismo para evitar su aplicación a los líderes independentistas, y teniendo en cuenta que ya no se le puede echar la culpa a Podemos o a Irene Montero, el PSOE ha argumentado abiertamente que el problema no está ahora en el texto de la norma aprobada sino en los jueces que no quieren aplicarla. En el caso de la Ley solo sí es sí, el PSOE hablaba de los jueces como si todos ellos fueran honestos, imparciales e independientes y se dedicasen a aplicar mecánicamente aquello que está escrito en el BOE (y, por lo tanto, el fallo no podía estar en otra parte que no fuera la ley), pero con la Ley de amnistía invirtieron la argumentación de forma desvergonzada y ahora la ley está bien hecha y la culpa de su no aplicación es de los jueces. Por supuesto, de nuevo, la misma progresía mediática que dijo antes una cosa optó en este caso por la contraria.
Con la desprotección de los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días que acaba de perpetrar el gobierno de PSOE y Sumar, el círculo argumental se cierra por completo y ahora sí tenemos un ejemplo indiscutible de ley mal hecha, firmada además por los que supuestamente eran los que tenían —frente a la incompetencia de los morados— toda la capacidad técnica y jurídica. No nos negarán que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio.
