Puigdemont y los jueces, el dedo y la luna

El pasado jueves se vivió en Catalunya una jornada política de alto voltaje con amplísima cobertura mediática en toda España a pesar de encontrarnos en pleno mes de agosto. Con el debate de investidura de Salvador Illa programado para las 10:00 de la mañana, una hora antes apareció por primera vez en suelo catalán después de siete años de exilio el expresident Carles Puigdemont. En un escenario a los pies del Arco del Triunfo en Barcelona, el líder de Junts pronunció un breve discurso de algo más de cinco minutos y se marchó rápidamente por una abertura convenientemente colocada justo detrás del atril. Por los altavoces de la organización, una voz indicó a los asistentes que debían ayudar a construir un pasillo humano que acompañase a Puigdemont hasta el Parlament y, a los pocos minutos, se dejó ver una amplia comitiva de dirigentes y exdirigentes de Junts y de CiU que marchaban juntos en dirección a la cámara legislativa. Sin embargo, rápidamente todo el mundo pudo ver que, entre ellos, no se encontraba Carles Puigdemont. A partir de ahí, se desataron todo tipo de especulaciones —si estaría escondido en las premisas del propio Parlament, si se iba a entregar a los Mossos, si intentaría intervenir en la sesión, si llegaría al final de la misma para votar— y los medios de comunicación empezaron a publicar un vídeo de un coche blanco marchándose del lugar del mitin en el que supuestamente viajaba Puigdemont. Aparecieron varias piezas que indicaban que dicho vehículo habría escapado de las fuerzas de seguridad a toda velocidad y los Mossos d’Esquadra montaron la conocida como ‘Operación Jaula’; una operativa de controles masivos en las principales vías de comunicación que se usa habitualmente para impedir la fuga de supuestos terroristas. Al final del día, Carles Puigdemont no volvió a aparecer a la luz pública y se produjo con relativa normalidad la votación de investidura que hizo President al líder del PSC. En estos momentos, los Mossos siguen buscando al exmandatario mientras su entorno más cercano afirma que ya estaría fuera de España.

Para los partidarios del expresident, lo que habíamos visto era otro genial movimiento táctico mediante el cual Puigdemont conseguía denunciar la falta de democracia en el Estado español

Como era de esperar, ante estos acontecimientos, el profundo odio anticatalán que la derecha política y mediática lleva sembrando en España desde hace más de una década y que muchas veces ha sido acompañado también por la progresía activó inmediatamente una fuerte respuesta hacia las acciones de Carles Puigdemont colocándolo en el centro de debate. Al mismo tiempo y como también es habitual, los sectores políticos, sociales y mediáticos más afines a Junts se ocuparon de amplificar por su lado todo lo sucedido aunque con un relato completamente opuesto. Mientras, para el bloque transversal españolista, estaríamos ante un esperpento, un desafío a la justicia y a la policía, una mofa, un intento de desprestigiar a España en el ámbito internacional, la comisión de nuevos delitos o incluso todo ello junto a la vez, para los partidarios del expresident, lo que habíamos visto era otro genial movimiento táctico mediante el cual Puigdemont conseguía denunciar la falta de democracia en el Estado español al mismo tiempo que preservaba la dignidad de la presidencia de la Generalitat evitando ser detenido.

Sea como fuere, el exacerbado protagonismo que tuvo durante todo el día jueves y que todavía sigue teniendo Carles Puigdemont en los medios de comunicación no solamente ha conseguido invisibilizar al nuevo President, Salvador Illa —algo que, posiblemente, no le viene mal ni a este último ni tampoco al PSOE, habida cuenta de la reacción en dicho partido al acuerdo firmado con ERC—, sino que también ha conseguido dejar en un segundo plano de debate a los que son sin lugar a dudas los principales causantes de la actual situación: los diferentes magistrados que se han arrogado para sí mismos la defensa ultranacionalista de un concepto estrecho y arcaico de España y han decidido retorcer el derecho, bordeando muchas veces la prevaricación, para perseguir sin descanso a los líderes independentistas.

Pablo Llarena, ha decidido que la Ley de Amnistía no se aplica a Carles Puigdemont porque, aunque no se haya lucrado de forma directa a causa del referéndum del 1 de octubre de 2017, sí lo habría hecho de una forma abstracta, fantasmal, en diferido y de acuerdo a una posible realidad alternativa

La lista de actuaciones judiciales en esta dirección podría llenar una tesis doctoral entera. Si nos centramos tan solo en alguna de las últimas decisiones y solamente en aquellas que afectan directamente a Carles Puigdemont, podemos mencionar el intento del juez García Castellón de imputarlo por terrorismo como consecuencia de las manifestaciones de Tsunami Democràtic —llegando a afirmar en sus autos que la muerte de un turista alemán a más de 1 km de las manifestaciones convertiría estos hechos en delito de sangre— y con el único objetivo de poder acusarlo de un delito que no esté contemplado en la Ley de Amnistía. No podemos olvidar tampoco los intentos —todavía activos y exactamente con el mismo objetivo— del juez Joaquín Aguirre de imputarlo por un delito de alta traición mediante un auto delirante en el que llegaba a dar veracidad a la historia para no dormir de que Vladimir Putin habría prometido a Puigdemont 10.000 soldados rusos para proteger una eventual Catalunya independiente. Por último y refiriéndonos a la decisión judicial que motiva que siga viva la orden de detención que todavía pesa sobre el líder de Junts, recordemos que el magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido que la Ley de Amnistía no se aplica a Carles Puigdemont porque, aunque no se haya lucrado de forma directa a causa del referéndum del 1 de octubre de 2017, sí lo habría hecho de una forma abstracta, fantasmal, en diferido y de acuerdo a una posible realidad alternativa. El psicotrópico razonamiento del juez vendría a decir que, aunque Puigdemont no se haya llevado ni un solo euro a raíz de aquellos acontecimientos, al haber sido sufragados en parte con dinero público, eso evitó que el acusado tuviera que poner ese dinero de su propio bolsillo. De esta forma, dejó de efectuar un gasto que el juez considera que habría efectuado en una línea histórica paralela que nunca ocurrió y, por lo tanto, aunque su patrimonio no se ha visto aumentado, sí ha podido evitar que se vea disminuido respecto a la situación que habría tenido lugar en un universo alternativo.

No hace falta tener simpatía política alguna hacia el programa económico y territorial de Junts y tampoco hacia la figura de Carles Puigdemont para reconocer que es un problema democrático de un orden muchísimo mayor que las aventuras de expresident el hecho de que, en España, cada vez haya más jueces con ideología reaccionaria que, cuando se aprueba una ley que no les gusta en la sede de la soberanía popular, deciden unilateralmente situarse por encima del principio democrático y retorcer el derecho de una forma burda para ejercer un poder absoluto e impune y así interferir de forma ilegítima en los procesos políticos. En estas horas, el protagonista absoluto de la actualidad catalana y española está siendo Carles Puigdemont. Sería mucho más sano, si queremos avanzar hacia una democracia plena, que los protagonistas fueran los jueces en desacato que no respetan el resultado de las urnas. Cuando un dedo señala la luna, conviene no quedarse mirando el dedo.