La República como horizonte estratégico de un frente democrático

Desde las organizaciones de la sociedad civil hasta los partidos de la izquierda estatal y los partidos soberanistas e independentistas, la República representa un lugar ideológico de encuentro al mismo tiempo que un proyecto de convivencia compartido hacia el cual caminar
Foto de Dani Gago
Foto de Dani Gago

El próximo miércoles 19 de junio se cumple una década de la 'coronación' de Felipe VI. Los cronistas de la Corte la llaman 'proclamación' porque, así, suena menos medieval y, también, porque es cierto que, en 2014, no se atrevieron a llevar a cabo el acto formal mediante la imposición de un sombrero de oro y diamantes. Hacía poco que habían estallado los escándalos de corrupción y de faldas de Juan Carlos I y, en mayo de aquel mismo año, Podemos había irrumpido por sorpresa en el tablero político español en las elecciones europeas y el bipartidismo, por primera vez en décadas, había obtenido menos del 50% del voto popular conjunto. Por eso, el PP y el PSOE se remangaron rápidamente y pactaron en secreto una abdicación exprés que dejase "todo atado y bien atado" aunque hubiese que quemar el máximo fusible del reino. Desde luego, les habría resultado muchísimo más difícil hacerlo poco más de un año después con 69 diputados morados en el Congreso después de las elecciones generales de diciembre de 2015.

En nuestro ordenamiento político y cultural, el monarca es la clave de bóveda que apuntala el conjunto del sistema, pero es mucho más que eso. Tanto Juan Carlos I como Felipe VI, además del candado institucional definitivo para bloquear una reforma profunda de la Constitución, también han sido y son los referentes políticos y mediáticos del bloque conservador. No en vano el rey es también el jefe supremo de las fuerzas armadas y, aunque, ahora, los juglares de la Villa de Madrid repitan incansablemente que ese papel es simbólico, el hecho verdaderamente fundacional de la restauración borbónica que esos mismos juglares cantan —que Juan Carlos I habría evitado un golpe de estado militar vestido de uniforme en la televisión— no hace sino confirmar que el cargo es mucho más material de lo que cabría imaginar, especialmente en situaciones excepcionales. No en vano tampoco nuestra constitución dice que los jueces imparten justicia "en nombre del rey". Como se ha demostrado en los últimos años, el poder judicial —de los tres poderes políticos clásicos— no solamente es, de manera brutalmente explícita, el más conservador de todos, sino que, además, en demasiadas ocasiones es ejercido violentando los mandatos democráticos. Si los jueces firman las sentencias "en nombre del rey", también en su nombre abren procesos sin pruebas para difamar a los adversarios democráticos del bloque de poder mediante el lawfare, llevan a cabo investigaciones prospectivas para alargar la difamación mediática lo máximo posible en el tiempo y también en su nombre retuercen el derecho hasta bordear la prevaricación. No es baladí que Felipe VI, con su discurso del 3 de octubre de 2017, intentase producir su propio momento fundacional mediante un toque de clarín que lanzó a la alta magistratura al "a por ellos" contra los líderes políticos y sociales del independentismo catalán. Y tampoco es un elemento secundario cuál ha sido la principal profesión de Juan Carlos I durante sus casi cuatro décadas de reinado: a saber, el comisionismo internacional de altos vuelos y en dinero negro que la prensa patria describía diciendo que era "el mejor embajador de la marca España". Juan Carlos I conseguía contratos millonarios al verdadero poder español —el Ibex 35— y, a cambio, se embolsaba jugosas mordidas ilegales que ocultaba en paraísos fiscales y utilizaba para sufragar no solamente su obscenamente lujoso tren de vida sino también el de toda su familia. No debemos olvidar que, en 2004, unas pocas semanas después del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, Felipe VI y la hoy reina Letizia se gastaron medio millón de euros de dinero corrupto proveniente de los negocios de Juan Carlos I en una luna de miel que los llevó por los más caros hoteles de diversos países alrededor de todo el mundo. El artículo 56.3 de la Constitución Española que, convenientemente interpretado por los jueces que imparten justicia "en nombre del rey", ha servido para garantizar la impunidad de los delitos de Juan Carlos I sigue todavía vigente y, por lo tanto, Felipe VI podría en principio hacer exactamente lo mismo con los mismos resultados. Algo que puede resultar hipotético o tal vez no tanto, ya que no debemos olvidar tampoco que el actual rey renunció explícitamente a la herencia corrupta de su padre justo en los días en los que se aprobaba, a principios de 2020, el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 —para así intentar apagar la noticia— y que, en la propia comunicación pública que llevó a cabo, confesó que sabía que figuraba como beneficiario de una de las fundaciones pantalla de Juan Carlos I desde 2019 y, por lo tanto, lo mantuvo un año oculto a la opinión pública hasta que The Telegraph publicó la noticia.

Todos estos elementos, además de formar parte del ADN de la institución monárquica, también definen un modelo muy concreto de España: la España de un ejército comandado por la única institución que no se elige votando, la España de los jueces que ejercen violencia contra la izquierda y el independentismo, la España de los negocios corruptos de los oligarcas del Ibex 35, la España —en definitiva— en la que mandan los que no se presentan a las elecciones y sus privilegios y su impunidad están blindados.

Por eso, también, el militarizado brazo cultural del régimen, el poder mediático, está siendo tan unánime como excesivo en sus lisonjas a Felipe VI y a toda su familia en estos días de aniversario

Lejos de tratarse de una provocación, el bloque de poder es perfectamente consciente de que todo lo que acabamos de decir es la pura verdad. Por eso, el PSOE nunca ha movido un dedo —y nunca lo va a mover— para superar la institución monárquica. Por eso, también, el militarizado brazo cultural del régimen, el poder mediático, está siendo tan unánime como excesivo en sus lisonjas a Felipe VI y a toda su familia en estos días de aniversario. Basta recorrer las portadas digitales, desde la extrema derecha mediática hasta la progresía de El País para leer titulares como "El futuro se llama Leonor" (El País), "Se hace camino al reinar" (La Vanguardia), "La rectitud del rey constitucional: 10 años de Felipe VI a través de sus discursos" (El Mundo), "Felipe VI recupera el prestigio de la Corona con la mejor valoración en 25 años" (El Español), "Felipe VI, a los 18 años: «No hay sacrificio que no esté dispuesto a hacer por España»" (La Razón) o "Felipe VI, el garante de la Constitución", "La transmisión de la excelencia" (ABC). El bloque de poder sabe perfectamente que el fuego mediático de cobertura es indispensable para apuntalar cualquier operación política y la de mantener viva la monarquía es existencial para ellos.

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Pero, en este ámbito, y del mismo modo que ocurrió con el 15M, la distancia entre la opinión publicada que condiciona el comportamiento de las élites y la opinión pública a pie de calle es abismal. Por eso el CIS lleva años sin preguntar por la monarquía y por eso Pedro Sánchez jamás se va a atrever a apretar el botón del artículo 92 de la Constitución para llevar a cabo un referéndum —aunque no sea vinculante jurídicamente— sobre la forma de Estado. Porque saben que pierden como sabía que perdía Adolfo Suárez hace ya casi 50 años tal y como él mismo contó a Victoria Prego.

Una parte de esa mayoría plebeya y democrática que ya no quiere reyes y princesas en pleno siglo XXI se manifestó ayer por miles en las calles de Madrid y de otras ciudades. Centenares de organizaciones de la sociedad civil y también algunos partidos políticos como Podemos o Izquierda Unida han sido capaces de articular, en intensos meses de trabajo, la primera y exitosa Marcha Republicana que, seguramente, no será la última. Un movimiento desde abajo que también tiene una gran potencialidad a la hora de articular alianzas amplias entre diferentes sectores políticos y sociales. Desde las asociaciones vecinales, las plataformas de lucha, las mareas, los sindicatos o el mundo de la cultura, pasando por los partidos de la izquierda estatal y también los partidos soberanistas e independentistas de las naciones sin estado de nuestro país, hasta los sectores democráticos —minoritarios pero existentes— en los aparatos del Estado, en la judicatura, en el ejército o en las fuerzas de seguridad, el horizonte de la República representa un lugar ideológico de encuentro al mismo tiempo que un proyecto de convivencia compartido hacia el cual caminar. La República, al fin y al cabo, no es otra cosa que una organización económica que pone en primer lugar la justicia social, una organización territorial en la cual los diferentes pueblos pueden ejercer su derecho a decidir y una organización institucional en la que nadie es más que nadie, en la que no hay zonas de impunidad y en la que ninguna corrupción está por encima de la ley.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo ayer en la manifestación que "no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una República". Esta afirmación no solamente es una verdad evidente sino, también, una brújula estratégica que puede orientar el rumbo y cohesionar las filas de un verdadero frente democrático con voluntad real de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Por la prosperidad y la emancipación de las gentes y los pueblos de España, 10 años después de su coronación es la obligación de cualquier demócrata trabajar con firmeza para que Felipe VI sea recordado en los libros de texto del futuro como "el último".