Inmigración

Derecha, ultraderecha y socialdemocracia cada vez más unidas contra los migrantes

Las noticias de los últimos meses se insertan en un contexto de desplazamiento hacia la derecha del debate político continental

En una entrevista al diario El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció su próximo encuentro con Giorgia Meloni, la jefa del gobierno de ultraderecha italiano. El objetivo de la reunión programada para hoy, explica el diario, es conocer las políticas migratorias italianas para implementarlas también en España. «Italia ha reducido en un 60% la migración irregular», afirman fuentes del PP. Ese mismo día, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del PSOE, elogió los «esfuerzos importantísimos» del gobierno marroquí para detener a los migrantes que se dirigen a Ceuta.

Estos son solo los dos últimos ejemplos de un fenómeno que afecta a toda Europa, independientemente de los posicionamientos políticos. El centro-derecha y el centro-izquierda convergen con políticas migratorias cada vez más similares, centradas en la reducción de flujos, acuerdos con países de origen y tránsito, devoluciones en las fronteras y, en un futuro cercano, deportaciones a terceros países.

Las reuniones de los ministros europeos: todos unidos para frenar a los migrantes

Marzo de 2024, Eslovenia, Castillo de Brdo: la nación balcánica albergaba una reunión trilateral entre los ministros del Interior de Eslovenia, Croacia e Italia. El representante del gobierno de Zagreb presumió de los resultados obtenidos durante su mandato: una reducción del 17% en las entradas en comparación con el año anterior, antes de señalar a la vecina Bosnia-Herzegovina. El 50% de los solicitantes de asilo en Croacia proviene de países que tienen acuerdos de exención de visa con Bosnia, explicó el ministro. Para reducir el número de migrantes en Croacia, y por ende en la Unión Europea, es necesario que Bosnia restrinja la lista de países con acceso libre, es la conclusión.

Apenas un mes después, se llevaba a cabo otra reunión entre ministros del Interior. Esta vez, en el encuentro, que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, solo participaron los países de primer acceso de migrantes en el frente mediterráneo: España, Italia, Grecia, Chipre y Malta. Se trata de gobiernos de diferentes colores políticos: centro-izquierda para España y Malta, centro para Chipre, derecha conservadora para Grecia y extrema para Italia. Pero la línea es común. Los cinco ministros firman una declaración conjunta en la que piden a la Unión Europea que «refuerce la prevención de flujos irregulares e intensifique la lucha contra el tráfico de seres humanos», promoviendo «nuevas asociaciones con los principales países de origen y tránsito de la migración irregular hacia la UE». El modelo de acuerdos con los países de donde los migrantes parten o por los cuales transitan es el preferido por todos los gobiernos europeos, tanto de derecha como de izquierda, pero ha suscitado feroces críticas por parte de las ONG que se ocupan de los derechos humanos. «El Memorando Italia-Líbia crea las condiciones para la violación de los derechos de migrantes y refugiados, facilitando indirectamente prácticas de explotación y tortura perpetradas de manera sistemática y que constituyen crímenes contra la humanidad», escribía, por ejemplo, una coalición de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, en 2022. La referencia es a los acuerdos entre el gobierno italiano y el gobierno libio oficialmente reconocido, de facto una coalición de milicias a menudo involucradas directamente en el tráfico de personas.

Fronteras cerradas y deportaciones

El modelo de memorandos con los países de tránsito y de origen ha estado en el centro de la política migratoria europea durante años. Pero una nueva práctica, complementaria, está abriéndose camino entre las élites continentales: la de la deportación a terceros países. El gobierno conservador de Rishi Sunak en el Reino Unido fue pionero en esto, financiando campos en Ruanda para deportar a los migrantes expulsados del país. El programa fue cancelado por el nuevo gobierno laborista, electo en julio pasado, pero ahora podría regresar por la ventana. Como relatamos ayer, el nuevo inquilino de Downing Street, Keir Starmer, ha expresado interés en el acuerdo Italia-Albania firmado por la primera ministra Giorgia Meloni. Se trata de un programa que aún no ha comenzado, a través del cual algunas miles de personas migrantes que esperan saber si Italia les concederá asilo serán detenidas en centros específicos en Albania, gestionados por las autoridades de Roma. Con el interés manifestado por los laboristas ingleses, se realiza otro paso en la convergencia entre la derecha radical y el progresismo en el tema de los flujos migratorios.

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El tema, además, no se detiene en las fronteras mediterráneas. Ha causado conmoción la decisión del gobierno alemán —una coalición de liberales, socialdemócratas y verdes— de restablecer desde mediados de septiembre los controles fronterizos, en contradicción con el Tratado de Schengen. La motivación aducida es la de la seguridad: tras los atentados que afectaron a Alemania en verano, el canciller Scholz teme que potenciales terroristas pasen por las fronteras terrestres. No solo eso: las agencias de prensa han informado que las autoridades alemanas estarían evaluando la posibilidad de adquirir las infraestructuras construidas por el Reino Unido en Ruanda para aplicar el plan de los conservadores británicos. Scholz como Sunak, en resumen.

Las noticias de los últimos meses se insertan en un contexto de desplazamiento hacia la derecha del debate político continental. En abril, el Parlamento Europeo había aprobado con los votos de socialistas, liberales y populares un nuevo pacto sobre migraciones que dificulta la llegada de migrantes, levantando muros de lo que los activistas llaman «fortaleza europea». «Hoy es un día catastrófico para las personas que huyen de la guerra y la violencia. Con su reforma del asilo, la Unión Europea se centra en campos de detención, vallas y deportaciones a terceros países inseguros. Este es un compromiso a expensas de los derechos humanos», dijo Christos Christou, presidenta de Médicos Sin Fronteras, el día en que el pacto pasó el filtro del europarlamento.

La comunión de intenciones entre las derechas y las socialdemocracias  continentales sobre la expulsión  de migrantes se había discutido recientemente también en España, cuando el primer ministro Pedro Sánchez, durante una visita de estado a Senegal, calificó de «imprescindible» la repatriación de migrantes irregulares. «Si me preguntas si hay alguna diferencia en los impactos entre la política de gestión de migraciones de Meloni y la de Sánchez, te respondo que no», comentó en esa ocasión a los micrófonos del programa El Tablero Helena Maleno, directora de la ONG Colectivo Caminando Fronteras y experta en derechos humanos. «No hay ninguna diferencia en el impacto que estas políticas tienen en la vida de la gente. Esa es la verdad».