Empresas europeas colaboran en el saqueo de recursos del Sahara Occidental

Este nuevo informe pone nombre a los principales socios del estado marroquí en el saqueo de fosfatos en los territorios ocupados. Esto supone una violación del Derecho Internacional, ya que la explotación de recursos naturales en territorios ocupados o considerados colonia por las Naciones Unidas (como es el caso del Sahara Occidental), está sujeto a la autorización del pueblo saharaui, el cual está representado y reconocido internacionalmente en el Frente Polisario, quien en estos momentos y después de la ruptura de la tregua en 2021 está en conflicto abierto con el estado marroquí.

El informe se centra en la mina de Bou Craa, la cual en la actualidad es gestionada y pertenece a la Office Chérifien des Phospates S.A. (OCP), la cual es la empresa nacional de fosfatos de marruecos, a su vez, Phospates de Boucraa S.A. (Phosboucraa) es una empresa totalmente controlada por la OCP que es la realiza la explotación minera, el transporte, así como el marketing de la mina. También cargan en puerto y realizan el tratamiento de los recursos extraídos en la planta localizada en la costa Atlántica en El Aaiún ocupado.

Desde la invasión en 1975, la mina ha sido expoliada y sus recursos exportados a través de cargueros. Los datos de OCP cifran una producción anual de 2,6 millones de toneladas anuales y se estima que la mina de Bou Craa tendrá unas reservas de 500 millones de toneladas. A pesar de que la empresa reclama que solo el 2% de las reservas de fosfatos explotados en el país provienen de esta mina, la realidad es que la excepcionalmente alta calidad de los fosfatos extraídos del Sahara Occidental lo hacen muy atractivo.

Durante los años que ha sido explotada, OCP se ha contradicho en sus propios informes a la hora de asegurar si solamente ha estado explotando una de las capas de la mina o si ya ha procedido a explotar la segunda de menor calidad, pero se teme que los fosfatos de alta calidad se estén terminando sin que los saharauis hayan podido disfrutar de sus recursos naturales.

Se estima que tanto la cantidad de fosfatos exportados como el valor por el cual se han vendido se ha incrementado, pasando de 1.231.400 toneladas en 2022 a 1.591.800 en 2023 y de un valor de 341 millones de dólares en 2022 a 406 millones en 2023. El número de cargueros que han salido del territorio ocupado también se habría incrementado de 23 barcos a 29. 

Los principales importadores son México, India, Nueva Zelanda y Japón, acaparando el primero casi el 50% de las exportaciones. En el caso mexicano, la empresa se trataría de una matriz que pertenece a otra empresa de Estados Unidos.

A pesar de que OCP reclama que su empresa es el empleador privado más grande del área con más de 2.000 empleados a fecha 2019, aseguran que el 75% son locales, pero no especifica si estos son saharauis o colonos, también aseguran que da viabilidad económica y bienestar a la región, pero esto no lo hace menos ilegal, ni tampoco legítimo. La instrumentalización de los fosfatos expoliados para ganar el apoyo en la ocupación ilegal de los territorios saharauis ha sido una constante en las actuaciones de Marruecos, incluso en 2014, se filtró un documento que estos deben ser usados para implicar a Rusia en las actividades en el Sahara, buscando un beneficio por parte de Rusia en el congelamiento del proceso del Sahara en las Naciones Unidas.

El informe cita algunas empresas que aparentemente se han retirado de las operaciones en el Sahara ocupado, pero también recalca la colaboración de otras, como Siemens Energy, compañía alemana que instaló 22 molinos para generar energía eólica de hasta 50 megavatios en 2013. Esta instalación ubicada cerca de la mina estaría alimentando las necesidades energéticas de esta, haciendo incluso más lucrativa su explotación por parte de Marruecos. En 2018 se confirmó la renovación del contrato de mantenimiento para este parque eólico para los próximos 15 años. Los autores del informe han preguntado repetidamente a la compañía si cuentan con el consentimiento de la población saharaui, requisito contemplado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero estos nunca respondieron.

Worley, una empresa austriaca tomo parte de la división de Energía, químicos y recursos de la empresa estadounidense Jacobs Engineering Inc., heredando, por tanto, la mitad del proyecto conjunto con OCP llamado Jacobs Engineering S.A. Estos proveen de proyectos y construcciones e ingeniería civil a un proyecto relacionado con la mina cercano a El Aaiún, el cual busca crear un punto tecnológico para avanzar en el desarrollo de “las regiones sur”, especialmente enfocado en el desarrollo industrial de la mina. Worley tampoco ha respondido cuando ha sido preguntado acerca de ello.

Thyssenkrupp, conglomerado empresarial e industrial alemán, informó en 2021 de haber hecho labores de ingeniería extendiendo la vida útil de algunas de las máquinas involucrada en la explotación de la mina. Al ser preguntados acerca de la legalidad de sus actividades, aseguraron que no hay ningún tipo de embargos en curso ni restricciones para las entregas de la UE en la región del Sahara Occidental en el momento en el que realizaron estas actividades y siguen sin haberla.

Por otro lado, en cuanto a las empresas involucradas en el comercio, hay una participación indirecta de Irlanda mediante el Irish Stock Exchange desde 2014, el cual busca inversores en la empresa principal que explota estos fosfatos, OCP. Esta entidad irlandesa a su vez es gestionada por Blarclays, Morgan Stanley y JP Morgan, todas proveen servicios financieros en el Reino Unido y EE.UU. Al mismo tiempo, OCP ha encargado a empresas como SenateSHJ, DLA Piper, Convington & Burling, Palacio y Asociados o Edelman and Dechert LLP para abogar por la supuesta legalidad de las operaciones de OCP en el Sahara ocupado, que se ha traducido en informes defendiendo la explotación de la mina por supuestamente beneficiar al pueblo saharaui.

Por último, EuroChem Group, empresa rusa, pero con domicilio en Suiza y con fábricas en varios países, además de una filial en Lituania (Lifosa) fue la primera en importar fosfatos a Europa después de cinco años en 2021 y la primera en importar a Estonia. Inicialmente y según sus propias declaraciones, estos habían dejado de importar en 2016, sin embargo, en 2020 al contactar con medios estonios y preguntar acerca de este extremo, EuroChem confirmó haber recibido transportes de fosfatos, además de contar en suelo estonio con una fábrica de fertilizantes y servicios logísticos para transportar mediante camiones o trenes hacia el resto de Europa o Rusia, además, el medio estonio Delfi, escribió acerca de este asunto.

Cabe mencionar que hay empresas de muchos otros países que no forman de la UE involucradas en la explotación, transporte y compra de fosfatos saqueados del Sahara ocupado, entre algunas destaca: Caterpillar, Mosaic Co., Innophos Holdings (EE.UU.), Paradeep Phosphates Ltd., Coromandel International Ltd. (India), Ballance Agri-nutrients Ltd., Ravensdown Ltd. (Nueva Zelanda), China Molybdenum y otras (Brasil), Philphos (Filipinas), Nutrien/Sinofert (China y Canadá), Incitec Pivot Ltd. (Australia), importadores japoneses desconocidos e incluso se ha reportado que el gobierno de Venezuela a través de Monómeros, una empresa colombiana perteneciente a Petroquímica de Venezuela S.A. habría importado hasta 2017 y Tripoliven, importador venezolano habría negado importar desde el Sahara ocupado en 2013, sin embargo, se probó incorrecto.

La importancia de los fosfatos reside en que se trata de un componente esencial para los fertilizantes que se usan para la producción mundial de comida y de la que en parte depende la seguridad alimentaria de gran parte de la población mundial, de ahí lo valioso del mismo. Marruecos, con o sin el Sahara ocupado, controla una de las reservas más grandes de fosfatos del mundo y como productor de los mismos se sitúa como el segundo a nivel mundial. Este recurso es limitado y no existe sustituto para el mismo, con lo cual la dependencia de la producción agrícola en este lo hace un bien de mercado muy preciado y en continua apreciación.

España abandonó la que fuera su provincia en 1975 con Juan Carlos I en el poder, conllevando la ocupación de gran parte del territorio por Marruecos y expulsando a la población saharaui hacía Argelia, no sin antes Marruecos cometer crímenes de guerra de diversa magnitud, como el uso de fósforo blanco y napalm contra la población civil que huía hacia el desierto de Argelia.

España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, por tanto, es la encargada de que los y las saharauis puedan ejercer su derecho a la libre determinación y que consiguientemente a los resultados tengan un gobierno propio si así lo consideran. Esto ha sido confirmado incluso por la Audiencia Nacional debido a la nulidad de los Acuerdos Tripartitos firmados en Madrid por España, Marruecos y Mauritania, donde se acordaron las cesiones del territorio saharaui. Tanto la ONU como la Unión Africana siguen considerando a España responsable de la descolonización del territorio y esta condición no depende del Estado español. Ni las decisiones que tomo en su momento Juan Carlos I o más recientemente Pedro Sánchez, cuando apoyó el plan de autonomía marroquí, son relevantes en las obligaciones internacionales del país.

A pesar de que los informes sobre exportaciones de material de defensa y doble uso no sitúan a Marruecos como uno de los principales importadores de este tipo de bienes, si figuran transacciones por varios millones de euros a las fuerzas armadas marroquíes de diversos tipos de tecnología y materiales. Conociendo la tesitura actual respecto de la situación del genocidio palestino, cabe pensar que España estaría apoyando la represión en los territorios ocupados por parte de Marruecos mediante estas transacciones, ya que la situación de privación de libertad de la información y prensa en la zona ocupada es ampliamente conocida, con incluso, expulsiones a periodistas y activistas internacionales que pretendían documentar la situación en terreno. El maltrato, torturas y vejaciones a la población local se ha difundido ampliamente en redes mediante videos o testimonios de perseguidos que han logrado escapar, actuaciones que en muchos casos implicaban violaciones de derechos humanos básicos. A pesar de todo esto, España no ha cesado el comercio con Marruecos de este tipo de materiales y productos.