El Reino Unido recrudece el discurso y las políticas contra las personas migrantes
Suella Braverman, ministra del Interior británica
Jordan Pettitt / Pa Wire / Dpa
Hace tan solo un mes la noticia de la barcaza destinada a albergar migrantes mientras se resolvían sus solicitudes en las costas de Dorset (Portland) generó alarma. El Gobierno del Reino Unido cumplía así con una de sus más peligrosas promesas. El Bibby Stockholm, nombre que lleva esta prisión flotante, ha sido denunciado por diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos, pero, pese al rechazo, el Gobierno británico de derechas continúa planteando recrudecer las medidas y el discurso contra quienes migran.
Este martes, Suella Braverman, ministra del Interior británica dio un discurso en Washington en el que defendió la revisión de los convenios internacionales de protección de las personas refugiados. Según Braverman, hace falta un mayor control de las fronteras y una política de deportaciones indiscriminadas para tratar de frenar el aumento de llegadas irregulares al Reino Unido y a otros países. “Es una regla básica de la historia: las naciones que no pueden defender sus fronteras no sobrevivirán”, señaló.
La ministra considera que, al respecto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, conviene preguntarse “si la forma en la que está siendo interpretada por nuestros tribunales es adecuada para la era moderna o necesita una reforma”, a lo que ha añadido que los países tienen miedo a ser calificados de racistas y que ello ha impedido la modificación de este acuerdo.
Según Braverman, hace falta un mayor control de las fronteras y una política de deportaciones indiscriminadas para tratar de frenar el aumento de llegadas irregulares
Braverman también ha brindado declaraciones más que polémicas respecto al colectivo LGTBI: “no podemos mantener un sistema de asilo si, en efecto, basta con ser homosexual, o mujer o tener miedo a la discriminación en tu país de origen para tener derecho a protección”. Sin duda, un mensaje que define las políticas del actual Gobierno británico, que tiene previsto negar el derecho a pedir asilo a las personas que lleguen de forma irregular al país.
Lamentablemente, el racismo institucional británico no acaba ahí. A finales del mes de agosto supimos que el Gobierno del Reino Unido está estudiando utilizar brazaletes electrónicos para controlar el paradero de quienes llegan de forma irregular; una medida que se enmarca en una ley aprobada en julio por el Parlamento: la polémica ley de inmigración ilegal que se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo respecto a los planes de deportar migrantes a Ruanda.
En España la irregularidad de las personas migrantes es también castigada con los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), prisiones en las que, por cometer una falta administrativa, se penaliza de forma desproporcionada e injustificada a cientos de personas solo por el hecho de migrar.