La Libertad de Prensa en duda en España

La falta de mecanismos para saber quién financia los medios sería el principal causante de lastrar la Libertad de Prensa
(I-D) El secretario del Consejo de PRISA, Pablo Jiménez de Parga; el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian; la directora financiera de PRISA, Pilar Gil; el presidente ejecutivo de PRISA, Carlos Núñez, y el presidente ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado, durante la celebración de la Junta General de Accionistas de PRISA 2023, en la sede de la compañía, a 27 de junio de 2023, en Madrid (España). Durante la reunión, los accionistas de PRISA han aprobado las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y se ha procedido a informar sobre la gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2022.,Image: 785600147, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: PILAR GIL,FRANCISCO CUADRADO,JOSEPH OUGHOURLIAN,PABLO JIMÉNEZ DE PARGA,CARLOS NÚÑEZ, Credit line: Isabel Infantes / Europa Press / ContactoPhoto
Junta de accionistas grupo PRISA — Isabel Infantes / Europa Press / ContactoPhoto

En un informe realizado por el Centre for media pluralism and media freedom financiado a cargo de la Unión Europea se muestran preocupantes indicadores del deterioro del panorama mediático del país. Este se divide en cuatro áreas que evalúan distintas facetas relacionadas con los medios cómo su financiación, su libertad de expresión e información, medidores de igualdad, libertad de los periodistas y otros indicadores.

En el área de Protección Fundamental, el Derecho a la Información sería el que mayores riesgos enfrenta, principalmente debido a que en España no hay mecanismos de apelación para las negativas al acceso a la información, por un lado, no es posible presentar apelaciones externas ante el organismo de supervisión, que en este caso sería el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra instituciones como la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico Social y similares instituciones a nivel autonómico.

Por otro lado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reveló en su informe de 2022, que el 41,4% de las apelaciones presentadas ante la Administración Estatal y el 73,75% ante la administración regional no fueron respondidas, causando un silencio administrativo negativo e impidiendo que los ciudadanos supieran la razón por la cual se ha rechazado su solicitud.

En el apartado de la Libertad de Expresión, destaca la Sentencia 1231/2022 del Tribunal Supremo que impidió que las administraciones públicas cerraran sitios webs en línea sin una decisión judicial de antemano, sin embargo, advierten de la existencia del delito de difamación, así como la criminalización de las calumnias e insultos al Rey o miembros de la familia real que han llevado a enjuiciar y encarcelar músicos. También, critican la no derogación de la Ley Mordaza, a pesar de las preocupaciones expresadas por el Consejo de Europa y diversas ONG sobre las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa que esta impone.

El segundo problema señalado es la falta de independencia política y económica de los medios de comunicación, ya que no hay legislación que proteja a los periodistas de presiones y que en la mayoría de casos, las presiones provienen de los mismos medios

Sobre los principales problemas que afectan a la profesión periodística destacan los salarios bajos y la inseguridad laboral, lo que llevó del 24% al 35% afirmar que sufren trastornos de salud mental “graves” o “algo graves”, el segundo problema señalado es la falta de independencia política y económica de los medios de comunicación, ya que no hay legislación que proteja a los periodistas de presiones, y que, en la mayoría de casos, las presiones provienen de los mismos medios.

El peor puntaje de España es en la Pluralidad de Mercado, siendo la concentración de los medios de comunicación el indicador más peligroso, existe una falta de transparencia financiera, ya que la Ley aprobada en 2022 buscando adoptar la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales mantuvo estándares similares a la ley anterior y no afecto a los medios digitales, además, la creación del registro único de propiedad real de los medios sin acceso universal no ha ayudado a mejorar la situación.

Los niveles de concentración de mercado y audiencia se mantienen, registrándose un 77% de concentración de la audiencia de los medios audiovisuales de los 4 principales propietarios y un 86% en el caso de la radio y de los propietarios de periódicos, que, ligado a la falta de transparencia mencionada, da como resultado dificultades añadidas para obtener datos económicos confiables e independientes.

En términos de pluralidad, también existe el sesgo entre medios audiovisuales y medios digitales, donde a pesar de las regulaciones introducidas estos años, los medios digitales siguen siendo opacos y teniendo falta de datos acerca de su situación económica y su concentración empresarial. El indicador de Independencia editorial empeora debido a la ausencia de leyes específicas que separe los intereses comerciales y los intereses de los propietarios de los medios en las prácticas informativas, de igual manera, el control de la independencia periodística queda en manos de nadie, ya que no existe capacidad sancionadora, a este respecto el Informe Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de Prensa de Madrid ha vuelto a mostrar que la interferencia y presiones sufridas por los periodistas son dos de los principales desafíos profesionales que enfrentan.

En términos de Independencia Política se destaca la influencia de la publicidad institucional o las ayudas en los medios, así como la influencia política tanto en medios privados como públicos, existen bajos niveles de independencia para que los periodistas lleven a cabo su trabajo y un bajo nivel de confianza de los ciudadanos en los periodistas y medios de comunicación. El cumplimiento de las regulaciones existentes que buscan orientar y proteger la autorregulación de los medios depende en gran medida de la voluntad de los propietarios de los medios.

Ademas, en los Informes anuales que emite el Gobierno no se explica la cantidad de dinero público que recibe cada medio, con lo cual, la información es opaca en cuanto a los fondos públicos, habiéndose informado de problemas relacionados con la transparencia y supuestas prácticas de asignación discrecional, afectando esto también a las Comunidades autónomas. También se reconoce que en la práctica, gobiernos y partidos siguen ejerciendo presión e influencia sobre la alta dirección de los medios de comunicación públicos a todo nivel territorial.

En la parte de Inclusión Social, se destaca el mal puntaje en Igualdad de género, donde al analizar la situación de RTVE, CCMA y EiTB, continua la brecha salarial y la presencia de mujeres en cargos directivos o como miembros de juntas directivas no se encuentra en equilibrio ni en medios públicos, ni en medios privados, de igual manera, en términos de presencia equilibrada de profesionales expertas en programas de noticias y políticos la situación sigue siendo negativa.

Estos datos ponen en relieve los principales problemas que enfrenta el sector mediático en España, los avisos desde las instituciones europeas son también una muestra de la necesaria reforma o creación de marco regulatorio que permita el ejercicio del periodismo desde una mayor transparencia para los ciudadanos y para los profesionales, así como normas que permitan saber quiénes y en qué cantidad financian o publicitan sus empresas en según qué medios de comunicación.

Nada de esto sería posible sin suscriptores