Hablemos de conciertos y desigualdad

Os sorprenderá, pero no voy a hablar del tan traído y llevado concierto catalán. Tampoco de conciertos musicales, aunque reconozco que he disfrutado mucho de conciertos tan diversos como el de Marwan, Rayden, Los Chikos del Maíz o Ismael Serrano. Bueno, quizás no se diferencien tanto y con estas referencias, aunque solo sea un poco, se pueda ver desde qué perspectiva hablo. No obstante, permitirme aprovechar la oportunidad para decir que lo que sí rompe España es la desigualdad, pero no la manida desigualdad entre territorios de la que habla el PP para enfrentar a unas comunidades con otras, sino la que provocan para favorecer a los que más tienen.

Como ya se habrá podido atisbar, me reconozco en las ideas de izquierdas y cuando hablo de, ahora sí, CONCIERTOS EDUCATIVOS, lo hago desde la perspectiva ideológica que reconoce en la educación una especie de ascensor social que dé las mismas oportunidades a los que nacen en una familia sin recursos que a quienes nacen en familias acomodadas. Y como veréis —por mucho que se esfuercen en negarlo—, eso nunca se puede conseguir poniendo la educación en manos de empresas privadas que, como es lícito, solo buscan incrementar su cuenta de beneficios. En primer lugar, la llamada “educación concertada” no existe. La enseñanza o bien la presta un colegio público o lo hace una empresa privada. Otra cosa es que la Consejería encargada de la Educación Pública haya abdicado de sus funciones hace años y apostado por un modelo privado pagado con los fondos que deberían servir para dar más recursos y personal a la escuela pública. Porque eso son los conciertos educativos: una privatización encubierta de la red de enseñanza pública. Es decir, un gran negocio con un servicio público y con un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución.

Eso son los conciertos educativos: una privatización encubierta de la red de enseñanza pública. Es decir, un gran negocio con un servicio público y con un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución

Los conciertos educativos se conciben en sus inicios como un remedio temporal a la falta de centros públicos. Sin embargo, tras varias décadas de implantación de este modelo, lo que nos encontramos es que se cierran líneas en los colegios públicos y se concierta la educación con nuevos centros privados. El último ejemplo lo conocimos ayer, cuando la ministra de Educación, Pilar Alegría, tendió la mano a las empresas educativas privadas para continuar caminando por la senda de la privatización. Todo, ello a pesar de que el PSOE pactó con Unidas Podemos la LOMLOE, que obligaba a la extensión de la red de enseñanza pública y a limitar los conciertos. Eso es lo que ocurre cuando el PSOE gobierna solo (o casi), que los grandes titulares sociales se quedan en una fotografía, mientras que la realidad es que desde el Ministerio se refuerza la concertada y se apuesta por impulsar también la privatización de la Formación Profesional.

El modelo concertado cumple un triple objetivo para la derecha. En primer lugar, como ya hemos visto, sirven para desarrollar una paulatina privatización de la educación, creando un gran negocio para los empresarios amigos del gobierno autonómico de turno, a costa de prestar un servicio público que corresponde a la administración. La otra, crear dos modelos educativos diferentes, en función de la renta de las familias. En principio, los colegios privados concertados tienen prohibido segregar al alumnado o cobrar cuotas. La realidad es que es una práctica habitual camuflar estas cuotas y hacer imposible que una familia de renta baja pueda costear el precio. ¿Cómo enmascaran estos pagos? Mediante donaciones voluntarias —que no son tan voluntarias—, imposición de uniformes que sólo pueden adquirirse en determinados comercios o con extraescolares de pago. Estas prácticas habituales en la concertada son las que hacen que las familias con menos recursos no puedan acceder a sus centros y constituye en la práctica un sistema de exclusión y segregación. Por último, los profesores y profesoras de la educación privada no cuentan con los mismos derechos laborales y estabilidad que los profesores de la pública. Por lo tanto, se precariza aún más la docencia.

Convierten los centros públicos en una alternativa poco atractiva a la que sólo acudirán los hijos e hijas de aquellas familias que no puedan costearse el acceso a un centro privado, por muy concertado que esté. Así es como se rompe el ascensor social

La educación pública, por el contrario, no segrega al alumnado, ya que no implica estos costes económicos para las familias. Por eso, la apuesta desde hace décadas de la administración consiste en devaluar la enseñanza pública, no dotarla de medios, recortar en profesores e, incluso, no construir las infraestructuras necesarias, llegando a instalar barracones por la falta de nuevas aulas. Convierten, por tanto, los centros públicos en una alternativa poco atractiva a la que sólo acudirán los hijos e hijas de aquellas familias que no puedan costearse el acceso a un centro privado, por muy concertado que esté. Así es como se rompe el ascensor social y se pone muy difícil a los hijos de las clases menos pudientes contar con las mismas oportunidades que aquellos que son de familias con más recursos. Para que luego hablen de meritocracia.