La inconfiabilidad de Junts
La acción del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de la pasada legislatura, que no olvidemos que se tuvo que enfrentar a una crisis pandémica global, a la invasión rusa de Ucrania y hasta a una erupción volcánica en La Palma, fue posible gracias a la confiabilidad tanto de los socios de gobierno como de los socios de investidura, entre los cuales no se encontraba Junts per Cataluña ni ningún otro partido nacionalista de derechas catalán. La acción de gobierno de la pasada legislatura se realizó con un entorno hostil de la alta judicatura española, de la ultra derecha formada por PP y Vox, de los medios de comunicación, incluida RTVE, y en un entorno de lawfare contra Junts, ERC y, con la mayor insidia, contra Podemos.
En esas circunstancias el PSOE se comportó como siempre, tirando del freno de mano de los avances democráticos que había pactado con Podemos cuando Pedro Sánchez firmó el gobierno de coalición con Pablo Iglesias. Aun así Podemos se mostró como un socio confiable que nunca puso en riesgo la legislatura. Lo cual no impidió que usara todos los medios de presión democráticos necesarios para hacer que el PSOE cumpliese, hasta extremos nunca vistos, los acuerdos del pacto de gobierno. Por su parte los partidos nacionalistas vascos, PNV y Bildu, así como ERC que logró negociar los indultos del procés, siempre actuaron con una consistente responsabilidad de legislatura.
Todo lo contrario del modus operandi con el que está actuando Junts en este inicio de legislatura en la que sus votos son necesarios para mantener una cierta estabilidad de gobierno. Junts se negó el martes pasado a votar sí a un texto que ya había pactado en en la comisión de justicia con el PSOE. Lo hizo por querer blindar más la interpretación futura que algunos jueces importantes harán de ella. Tanto el PSOE como Junts deberían saber que cualquiera que sea la letra con la que finalmente acuerden la ley de amnistía, habrá jueces que van a retorcer la justicia hasta estrangularla con el fin de liquidar la eficacia de un acuerdo democrático sustentado, no solo por la mayoría de las y los parlamentarios, sino también por la mayoría del electorado de la España diversa y plurinacional a la que representan.
En este arranque de legislatura se está notando con meridiana claridad los efectos de que el PSOE se aliara con el PP, la alta judicatura, Ferreras y su contador de penas, y otros medios de la progresía, para liquidar a Podemos tumbando la ley del solo sí es sí. Igualmente es evidente que la maniobra fallida, promovida por Sánchez y ejecutada por Yolanda Díaz con el apoyo de Izquierda Unida, la vieja Iniciativa per Cataluña Verds, transformada en Los Comunes, Compromís sin Mónica Oltra y Más Madrid con Íñigo Errejón, para matar a Podemos ha conducido a debilitar electoralmente no solo a la izquierda, también al propio gobierno de coalición que actualmente está en manos de la in-confiabilidad de Junts.
Vivimos las consecuencias de la existencia de un PSOE que va a rastras cuando defender la democracia significa salirse los marcos reaccionarios incrustados en el régimen del 78, de un PSOE que ha buscado imposibilitar la existencia de una izquierda siquiera socialdemócrata de verdad, no digamos ya socialista. Las consecuencias de un Pedro Sánchez que no se mueve por posiciones ideológicas, sino matemáticas en el congreso y de un Sumar que está más interesado en el reparto de parcelitas que en forzar al PSOE a que actúe según lo que promete en las elecciones. Pero también las consecuencias de una derecha catalana que ha perdido el contexto global fascista hacia el que avanza Europa y el mundo, un Junts, con Puigdemont al frente, que no es consciente de que hacer pagar al bloque de investidura lo imposible, solo por querer parecer ante ERC más independentista que nadie, es enterrarse a sí mismo bajo los escombros del fracasado procés cuya antepasada Convergencia inició.
Si la inteligencia cundiera en el bloque de investidura, se sumarían los votos nacionalistas con los de Podemos para que Pedro Sánchez priorizase una agenda urgente de democratización de estado. Esa es la clave y no parecer más independentista que nadie. Una agenda que pasa ineludiblemente por democratizar RTVE, renovar el CGPJ con el bloque de investidura en España y no con el PP en Bruselas, acabar con la ley mordaza, reformar el código penal para que ninguna acción de protesta o reivindicativa pueda ser considerada terrorismo, democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, destapar los secretos oficiales de la transición, modificar la forma de acceso a la judicatura, la fiscalía y otros altos cuerpos del estado para que las clases medias y populares formen parte de las mismos, promulgar una ley de medios que limite el impacto de la trama dependiente del poder económico y de las instituciones. Esto sería tener una mirada hacia el horizonte, y no la actual que mira al suelo mientras se dan cartas a la ultraderecha para que mañana gobierne a sus anchas recortando derechos y libertades.