Corrupción mediática: el caso de Castilla y León Televisión (II)

La televisión pública autonómica de Castilla y León está materialmente privatizada debido a una serie de actuaciones públicas de indudable ilegalidad. Nos hallamos ante un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones públicas y el poder privado se confabulan para asegurar sus intereses en el ámbito mediático. La Junta de Castilla y León, prácticamente siempre en manos del Partido Popular, con la intención de consolidar un poder mediático aliado, optó por entregar la televisión pública autonómica a dos empresarios afines de los sectores de la construcción y la comunicación. Analicemos los entresijos de una privatización fraudulenta.

En el año 2009, la Junta de Castilla y León adjudicó dos canales digitales a la empresa Radio Televisión de Castilla y León, S. A. La principal irregularidad de este caso es que el contrato en cuestión implicaba que la Junta de Castilla y León no tenía que pagar ni un euro a la empresa. Sin embargo, transcurridos pocos meses desde la adjudicación, la Junta de Castilla y León comenzó a otorgar subvenciones directas por importes millonarios a la citada empresa. ¿Por qué subvenciones? Porque para modificar un contrato público es necesario cumplir una serie de trámites legalmente establecidos, sin que puedan quedar afectadas sus condiciones esenciales. Es fácil concluir que en un contrato público en el que la Administración no tiene que pagar un euro no es posible hacer una modificación para que la Administración pase a pagar unos veinte millones de euros anuales. Estas cautelas legales tienen todo el sentido del mundo para evitar la adulteración de las licitaciones. Por ello, la Junta se decantó por otorgar subvenciones directas, eludiendo así el marco legal de la contratación pública. A sabiendas de la aberración jurídica que ello supone, los ideólogos de la privatización decidieron crear un marco legal ad hoc con la intención de ocultar el verdadero alcance de la operación.

En efecto, la Junta aprovechó el Proyecto de Ley de la Publicidad Institucional de Castilla y León para añadir una regulación sobre la televisión autonómica. La licitación se anuncia en 2008 (el contrato se adjudica en marzo de 2009) y la Ley de Publicidad Institucional se aprueba en mayo de 2009. Así pues, en la disposición adicional segunda de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León se crea la “Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre”, un órgano de la Administración que “determinará las necesidades de interés público que deben ser atendidas por este servicio”. En relación con la financiación, se dispone que “para la consecución de los objetivos de interés público se llevará a cabo a través de los instrumentos legalmente previstos y, en especial, a través de contratos-programa. Dicha financiación determinará que los mismos no constituyan alteración del contenido prestacional propio de la gestión del servicio público”. Pese a la aparente complejidad, este marco sobrevenido pretendía dar algún tipo de cobertura a una privatización millonaria a todas luces ilícita. Además, con la intención de diluir sutilmente las responsabilidades, la citada disposición contempló que la Comisión creada, dependiente de la Junta, debía incorporar en su composición a un representante de cada uno de los grupos parlamentarios. Solo en fechas recientes la oposición parece haberse percatado de la gravedad del sistema ideado: nunca es tarde si la dicha es buena. Por cierto, no deja de ser llamativo que las subvenciones a la televisión privatizada se regulen en una ley de publicidad institucional, como si el mecanismo de financiación de la televisión autonómica fuese una parte más de aquel pastel (cabe recordar que los empresarios adjudicatarios también son dueños de numerosos periódicos locales).

Las Cortes de Castilla y León han llegado a financiar a la empresa la elaboración de un programa de televisión sobre la actividad parlamentaria

La estrategia de licitar dos canales de televisión a coste cero para posteriormente crear un precio jugoso por la vía de la subvención directa puede explicarse por varias razones. Si en la licitación hubiese constado un precio de unos veinte millones anuales, entonces más empresas habrían estado interesadas en concurrir, lo que dificultaría la decisión de entregar la televisión pública autonómica a la empresa afín. Además, si en un contrato público se prescinde del precio, resulta más fácil amañar la adjudicación, ya que las distintas ofertas que presentan las empresas carecen de un dato objetivo esencial. Por eso resultó sencillo que un comité de personas expertas (dos de ellas vinculadas a Safeview S. L., empresa salpicada por la trama Lezo) seleccionara a la empresa adjudicataria frente a la otra oferta presentada. El órgano de contratación era la Consejería de Fomento, con Antonio Silván a la cabeza, quien estuvo implicado en la trama Enredadera por amañar contratos para las empresas de José Luis Ulibarri, cuyo grupo empresarial controlaba el 50% de Radio Televisión de Castilla y León S. A. (en dicha trama también fue relacionado el entonces presidente de la citada empresa, Miguel Hernán Manovel). Un dato revelador del contrato público en cuestión es que la empresa adjudicataria concurrió como sociedad anónima ya constituida, cuando lo normal en estos casos es hacer una unión temporal de empresas, pues no tiene sentido crear una sociedad sin la seguridad de ganar la licitación (cabe recordar que la empresa es la suma de los grupos Edigrup y Promecal). El guion estaba escrito.

Por si todo esto fuera poco, la empresa Castilla y León Televisión ha sido adjudicataria de otros contratos y ayudas que se superponen. En 2009, la Junta le concedió un aval de seis millones de euros, solo dos meses después de la adjudicación del primer contrato y al margen de este. También ese año la Consejería de Hacienda adjudicó otro contrato por importe de 200 000 euros para informar sobre asuntos financieros, tributarios y estadísticos. Aunque las subvenciones directas anuales se conceden a cambio de que la empresa emita más contenidos autonómicos, las Cortes de Castilla y León han llegado a financiar a la empresa la elaboración de un programa de televisión sobre la actividad parlamentaria (por ejemplo, el contrato de 2017 tuvo un importe de 376 425 euros).

A pesar de todo lo aquí argumentado, poco cabe esperar de la Justicia. Con todo, en una ocasión incluso la Justicia ha arrojado algo de luz. La Audiencia Nacional, en marzo de 2018, condenó a la empresa Castilla y León Televisión a pagar el IVA de las subvenciones millonarias anuales que concede la Junta. Sin entrar aquí en el fondo del asunto tributario, la Sentencia aclaró que las subvenciones se enmarcaban en una relación contractual. A pesar de ello, la Junta decidió, de manera voluntaria, pagar el importe del IVA, sin que la empresa siquiera lo solicitara formalmente (46,6 millones de euros). A pesar de la fluidez del dinero público, las trabajadoras y los trabajadores de la televisión autonómica vienen denunciando situaciones de precariedad. Las privatizaciones siempre precarizan las condiciones de trabajo.

En definitiva, el caso de la televisión autonómica de Castilla y León revela la promiscuidad de los poderes públicos y privados a la hora de afianzar un entramado mediático afín y permite intuir que la arbitrariedad es aún mayor en los niveles territoriales infraestatales. Operativas como la explicada también sirven para comprender cómo es posible que la derecha lleve décadas gobernando en Castilla y León a pesar de la corrupción, la despoblación o la atonía económica. Las subvenciones directas por importes millonarios continúan. Aunque la impunidad pueda generar desaliento, la verdad y la pedagogía siempre son armas cargadas de futuro en la imprescindible tarea de democratizar el poder mediático.