Pedagogía del déficit en el inicio de curso
El pasado jueves informó el diario El Mundo de que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se reunirá con la escuela concertada para tratar de atender sus demandas económicas, sin que ninguna fuente gubernamental haya desmentido la información. La ministra parece asumir la abyecta tesis de que la educación privada tiene un “déficit” de financiación pública. El día anterior, el presidente Sánchez intervino en una suerte de acto de inauguración del curso político en el que abordó las prioridades de su Gobierno. En su discurso, Pedro Sánchez reivindicó el derecho a la educación: “La sanidad, la educación, la dependencia no son mercancías, son derechos. No deben ser negocio para unos pocos, como están haciendo barones del PP”. Prácticamente el mismo día que el presidente reivindicaba el derecho a la educación, su ministra se doblegaba ante el negocio de la educación privada. ¿Estamos ante un mero sinsentido?
En el inicio del curso educativo es menester recordar que solo la educación pública tiene la capacidad de compensar las desigualdades de origen socioeconómico del alumnado y de formar una ciudadanía crítica. El actual sistema de conciertos, que tiene su principal antecedente normativo en la franquista Ley General de Educación de 1970, consiste en la financiación pública de una red de centros privados cuya titularidad corresponde, en su mayoría, a la Iglesia. El sistema de conciertos comporta numerosas injusticias: reproduce las desigualdades de clase al sesgar la admisión del alumnado, impide desplegar con carácter sistémico la política educativa y facilita el adoctrinamiento cultural y religioso. No por obvio hay que dejar de decirlo: la educación concertada es un mecanismo extremadamente regresivo que transfiere recursos públicos a actores privados que buscan reforzar sus posiciones económicas y culturales. Por su naturaleza regresiva y adoctrinadora, la educación concertada no tiene cabida en un Estado social y democrático de Derecho.
Una de las anomalías democráticas de España es el enorme peso de la educación privada y su desorbitada financiación pública. Por ello, conviene asumir la realidad: ninguna reforma educativa provocará un cambio democratizador real en el sistema educativo si no suprime el sistema de conciertos.
La posición del PSOE respecto de la educación concertada no es una contradicción casual o una manifestación más de su inconsistencia ideológica. Es evidente que el PSOE blindó la educación concertada con la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985. Es el partido que más años ha gobernado en España en el actual sistema constitucional y, por tanto, no puede soslayarse su principal responsabilidad en el afianzamiento de la educación concertada. Pero poco aportaría una crítica que se limitara a señalar la incoherencia del PSOE. Lo que creo que necesita la ciudadanía es comprender el rol de este partido en un sistema constitucional que solo es democrático en su formal apariencia. La educación concertada ―como la monarquía, la desigualdad socioeconómica o la restante financiación pública de la Iglesia― es uno de esos candados consustanciales al sistema del 78. El PSOE aceptó no abrir esos candados a cambio de obtener facilidades para copar el espacio progresista, pero no han faltado otros aspirantes más recientes con análogas pretensiones. Quienes queremos avanzar en democracia no deberíamos limitarnos a censurar la falta de principios de un actor político, por muy relevante que sea, sino que es imprescindible identificar las lógicas constitutivas del sistema político y su escasa autonomía respecto del verdadero poder. En otras palabras: necesitamos explicar que el déficit democrático se ha disparado hasta tal punto que la democracia ha quebrado. Y, como hemos visto esta misma semana en Francia, la anomalía parece ser la norma.