La revuelta por la vivienda digna no será televisada

Más allá de lo que diga el CIS, la vivienda es el principal problema que padece la ciudadanía española (la inmigración solo puede ser el primer problema para los racistas). Amplios sectores de la población ni siquiera contemplan la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad y, además, sufren cada mes para poder pagar el precio del alquiler, que en los últimos años se ha desbocado. Las consecuencias son incontables: dificultades para la emancipación, precariedad, pobreza, exclusión, sinhogarismo, etc. Sobran datos al respecto, aunque siempre hay quien quiere interpretarlos de manera torticera.

Gran parte de los esfuerzos progresistas en mejorar el bienestar social en los últimos años se ha ido por el sumidero de la vivienda

Los medios de comunicación no ocultan el problema, pues se trata del gran tema de conversación en la vida cotidiana y son conscientes de que deben guardar un mínimo de conexión con la ciudadanía, aunque solo sea de forma aparente. Pero, paradójicamente, los medios son actores responsables de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda en España. En los últimos años, los medios se han inventado el falso problema de la ocupación, llegando a colonizar las mentes de buena parte de la ciudadanía. Para ello, los medios incluso han aupado a una organización fascista como Desokupa, que en cualquier Estado de Derecho estaría ilegalizada. Además, prácticamente casi todos los medios de comunicación ocultan las verdaderas causas del problema del acceso a la vivienda y las soluciones que requiere, cuando no silencian o desacreditan a los actores sociales que luchan por una vivienda digna. Si los sindicatos de inquilinos hubiesen tenido el tiempo en televisión del que ha disfrutado Desokupa, la renta media del alquiler en España sería 300 euros inferior a la actual. El poder mediático no legisla directamente, pero adultera los procesos electorales y acota los límites de lo posible.

Gran parte de los esfuerzos progresistas en mejorar el bienestar social en los últimos años se ha ido por el sumidero de la vivienda. Y es que en la cuestión de la vivienda se dirime la desigualdad de clases en un contexto en el que el agotamiento energético pone en cuestión el crecentismo capitalista. Las élites (no solo de nuestro país) desean mantener sus niveles de beneficio a toda costa, pero también la arraigada estratificación de clases. Para las élites la vivienda es el activo que permite blindar el desigual reparto de la riqueza. No se puede hablar de vivienda con rigor sin prestar atención al trasfondo del actual momento capitalista, a su concreta manifestación en forma de fondos buitres y a su penetración en el conjunto del poder económico-mediático.

El problema de la vivienda en España es el resultado de concebir la vivienda como un negocio

El Gobierno, con acierto, redujo los precios del transporte público para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Lo hizo con facilidad porque Renfe es una entidad pública empresarial, entre otras razones. Los Gobiernos (pensemos también en las competencias autonómicas) hoy día tienen dificultades para garantizar el derecho a la vivienda, cuando tienen voluntad, porque escasea la titularidad pública. Los neoliberales que han esquilmado a los Estados no solo querían forrarse, sino también amputar la capacidad estatal de desplegar políticas públicas eficaces. La principal causa del problema del acceso a la vivienda en España es la ausencia de un parque público suficiente. Las medidas en materia de vivienda pública y alquiler social son exiguas. Hoy algunos defendemos con urgencia medidas de mínimos como regular el mercado del alquiler porque las soluciones estructurales requieren más tiempo. Aunque parece que nunca hay tiempo para los cambios reales, Sánchez podría haber adquirido y construido ya varios millones de viviendas públicas si hubiese comenzado en 2018, cuando asumió la presidencia del Gobierno.

No por obvio hay que dejar de decirlo: el problema de la vivienda en España es el resultado de concebir la vivienda como un negocio (estas cosas las han dicho desde el PSOE), de ahí que el urbanismo haya sido una fuente inagotable de corrupción durante décadas (con el Partido Popular a la cabeza). Las oleadas de especulación, el fraude del rescate bancario, las burbujas de todo tipo o el más reciente fenómeno de la turistificación son otras derivadas de la visión mercantilista.

Quienes sostenemos que la vivienda es un derecho y no un negocio tenemos numerosas tareas pendientes. Una no menor es la de revisar el marco constitucional. En la Constitución española de 1978 el derecho a la vivienda es un mero principio rector que carece de las garantías propias de los derechos fundamentales. En un verdadero Estado social y democrático de Derecho la vivienda debería ser un derecho fundamental. Ciertamente, el único derecho social que es un derecho fundamental en la vigente Constitución es el de educación, y no por razones de equidad, sino para tratar de asegurar el adoctrinamiento ideológico de la Iglesia. La Constitución de 1978 casi nunca es parte de la solución.

La ciudadanía debe ser consciente de que quien abogue por solucionar el problema de la vivienda atendiendo a sus causas reales será vilipendiado por el poder mediático, cuando no perseguido judicialmente. Lo saben bien Belarra y otros representantes morados, o Mélenchon en Francia. La revuelta por la vivienda digna no será televisada, pero las gentes de izquierdas deben dar un paso adelante en las calles y las plazas. Pocas veces se recuerda, pero el denominado Movimiento por una Vivienda Digna de 2006 fue un precedente significativo de lo mejor que legó, un lustro después, el Movimiento 15-M.