40 Aniversario: La primera rebelión popular contra el neoliberalismo en América Latina

A pesar de los esfuerzos desplegados por organizaciones de derechos humanos, la impunidad fue la regla aplicada a los responsables de los crímenes y atropellos cometidos

Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 entraron a la historia latinoamericana por las jornadas de protestas que se desarrollaron en República Dominicana, las cuales constituyeron la primera rebelión popular contra el neoliberalismo en la región, cuyas ondas expansivas se sintieron en Jamaica (1985), Venezuela (1989), Perú (1991 y 2002) México (1994), Argentina (2001), Bolivia (2001 y 2003), Ecuador (1997, 2000, 2005 y 2006), y en los recientes estallidos sociales en Chile (2019) y Colombia (2021), entre otros.

Se recuerda que el partido que dirigía el país, era el Partido Revolucionario Dominicano, el cual formaba parte de la Internacional Socialista, cuyos socios europeos eran Mitterrand, Craxi, Felipe González, entre otros. Ciertamente, esta formación tenía una historia que procedía de las luchas democráticas contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

En 1962 esta organización ganó las elecciones por abrumadora mayoría pero siete meses después el gobierno democrático del Profesor Juan Bosch fue derrocado por los militares, la iglesia, los empresarios y el apoyo de la embajada norteamericana.

A raíz de esos acontecimientos, en 1965 se produjo la segunda intervención militar norteamericana del siglo XX, simultánea con la invasión a Vietnam, cuando 42,000 marines fueron enviados para neutralizar el levantamiento cívico-militar conocido como Revolución de Abril, destinado a reponer el gobierno democráticamente electo y restaurar la Constitución de 1963 [1].

La historia muestra como en el proceso post-intervención militar, la formación política Partido Revolucionario Dominicano —abandonada por Juan Bosch en 1973— se fue adaptando al sistema pro-norteamericano y/o al “nuevo orden mundial”, a los fines de cumplir con los términos de referencia que Washington había impuesto para el ejercicio de las “democracias” en la región.

Aunque en la historia oficial se refiera el periodo de dos gestiones entre 1978 y 1986 como el inicio de la "transición democrática" dominicana, desde la lógica antes enunciada se entienden las frustraciones que se fueron acumulando en los sectores y corrientes dentro del partido, y que aspiraban a programas de la socialdemocracia “original”.

Así llegamos a 1984, cuando el presidente Salvador Jorge Blanco entregó la dirección económica a tecnócratas conservadores que promovieron la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para frenar las espiral inflacionaria provocada por las deudas que arrastraba al gobierno, heredada de la administración anterior y fruto también de sus propios desórdenes y corrupción, la evasión de impuestos del gran capital, entre otros factores. En ese sentido, siguiendo los mismos dictámenes, se tomaron una serie de medidas “liberalizadoras” a través del programa de ajustes macroeconómicos diseñado por el FMI. Esto tuvo como consecuencia la eliminación del subsidio a los precios de los productos de primera necesidad, lo que provocó un aumento significativo en los precios de los alimentos y de los combustibles. Asimismo se dispuso la devaluación de la moneda y la reducción de salarios, entre otras medidas.

Aunque el Consejo de Estado estaba consciente de la crisis y el malestar que estas políticas generarían, lo cierto es que nadie midió la repercusión que tendrían en la población. Los disturbios se iniciaron el lunes 23 de abril de 1984, después de las vacaciones de Semana Santa, en horas de la mañana, específicamente en el populoso barrio capitalino de Capotillo, logrando extenderse hasta el día 25 en una gran parte del territorio dominicano.

La gente salió a las calles a manifestarse ocupando la vía pública e incendiando y destruyendo autobuses del transporte público. Lo que comenzó como una protesta focalizada y pacífica puntual, desembocó en pocas horas en verdaderos disturbios antigubernamentales.

Las protestas se fueron produciendo primero en los barrios populares de Santo Domingo, desde donde luego se extendieron a los centros urbanos de provincias como Santiago, La Vega, Valverde, Barahona, Peravia, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y La Romana. Esta situación produjo el cierre de los comercios y del servicio del transporte público, lo cual quedó documentado para la posteridad en las imágenes grabadas por los medios de comunicación.

Las noticias reportaban las incidencias sobre los hechos dando cuenta de la intervención de comercios, especialmente los dedicados a la venta de alimentos, mientras los manifestantes expresaban su descontento con ataques hacia las instituciones estatales y sedes o locales del partido de gobierno, así como contra algunos símbolos del poder económico.

La situación se fue deteriorando hasta el punto de que los policías perdieron el control del orden y el gobierno apeló a los militares, los cuales salieron a reprimir con severidad a la población, derivando en una masacre sin precedentes en la historia moderna del país.

De acuerdo con las cifras que oficialmente expresaron los mandos militares, los sucesos dejaron un saldo de 47 muertos y 182 heridos. Sin embargo, esos números fueron cuestionados por la prensa de la época que demostró las incongruencias en la cantidad que reportaban así como las malas prácticas llevadas a cabo por los militares, como esconder los muertos y enterrarlos en fosas comunes. Por tal motivo, los datos extraoficiales sugieren que la cantidad de víctimas fue mucho mayor, superando más de 100 muertes, 500 heridos y cerca de 4000 personas arrestadas.

En el país surgió un organismo a los fines de investigar y documentar las muertes, en la cual se integraron la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos (UDHU) y el Comité Investigador de los Sucesos de Abril (CISA), aportando una cifra que doblaba a la suministrada por los militares, aunque estaban conscientes de que faltaban todavía más personas por contabilizar en sus registros.

A pesar de los esfuerzos desplegados por organizaciones de derechos humanos, la impunidad fue la regla aplicada a los responsables de los crímenes y atropellos cometidos. Desde el Estado dominicano y desde la historia oficial se ha querido enterrar aquella historia, echándola en el morral del olvido, pues ningún gobernante en todos estos años se ha atrevido a reivindicar a los y las mártires por la justicia económica y social del pueblo dominicano, protagonista de la primera rebelión popular contra el neoliberalismo en Nuestra América. 

[1] La Revolución de Abril podría considerarse la primera experiencia de reversión de un golpe de Estado en América Latina por parte de un levantamiento popular y de militares democráticos, que efectivamente logró derrocar al gobierno de facto en Santo Domingo, 37 años antes de los sucesos conocidos en abril de 2002 en Venezuela, cuando fue revertido el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Y, paradójicamente, en un abril de 1984, 19 años después, se daban en República Dominicana los acontecimientos descritos en este artículo, siendo el mismo PRD defendido por el pueblo en 1965, el que ahora ordenaba a los militares salir a reprimir y aplastar violentamente las revueltas populares. 

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