Chile tendrá ley contra violencia hacia las mujeres pese a la resistencia de los conservadores

El Estado cuenta ahora con nuevas herramientas para erradicar la violencia de género, deberá readecuar normativas y funciones de los organismos encargados, así como destinar más recursos para elevar las capacidades de protección de las eventuales víctimas
March 8, 2022, Santiago, Chile: Thousands of women marched in the streets of Santiago de Chile in commemoration of International Women's Day 8M,Image: 667329752, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Israel Chavez / Zuma Press / ContactoPhoto
Ya en 2022 se manifestaban en Santiago de Chile contra la violencia de género —

El hombre usó un martillo para propinarle a su pareja 17 golpes en manos y cabeza. Paola Jofré Arellano de 56 años de edad, que junto a su pareja vivía en la sureña ciudad chilena de Talca, al morir su nombre se sumó a la lista de trece femicidios en lo que va de 2024. El crimen ocurrido al interior de la casa de Paola Jofré ocurrió el 28 de marzo pasado. Una semana después, en Maipú —una populosa comuna de Santiago de Chile— Solange Argomedo de 39 años era asesinada por su pareja y suegros, y este lunes 1 de abril en la nortina ciudad de Ovalle perdió la vida de un balazo en la cabeza Paulina Cáceres. Ya había denuncias previas de violencia hacia la joven de 17 años, pero nadie pudo impedir el crimen. Las medidas cautelares a quienes ya habían sido denunciados por violencia intrafamiliar no funcionaron, la policía no llegó a tiempo y los llamados de los vecinos al FonoMujer para denuncias nadie los contestó.

Durante el año pasado fueron registrados 101 femicidios y 335 casos no consumados; de estos últimos siempre hay “cifras negras”, es decir intentos de asesinatos no denunciados, estadísticas que dan cuenta de vulnerabilidad que viven mujeres, principalmente de sectores más pobres, ante la violencia de género. También demuestran la notoria incapacidad del Estado para hacer frente a un problema que golpea a la sociedad como resultado de un sistema educativo que no aborda estos fenómenos, de organismos estatales que no consiguen prevenir y de cuerpos policiales y de la justicia que no reaccionan a tiempo o no logran proteger a las víctimas.

Desde 2017, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, estuvo en trámite una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La demorada tramitación en el Congreso bicameral chileno da cuenta de la baja prioridad que ha tenido este cuerpo legal que tuvo escasos avances durante el gobierno del ahora fallecido ex presidente Sebastián Piñera. De hecho, después de aprobado el cuerpo legal en la Cámara de Diputados y Diputadas, durmió en un cajón de la sala del Senado por varios años, hasta que fue retomado por el gobierno de Gabriel Boric, que pidió una tramitación urgente y consiguió si aprobación, siempre con votaciones parlamentarias divididas.

Cuando la ley contra la violencia hacia las mujeres estaba en camino a su divulgación, 54 parlamentarios de los sectores más conservadores recurrieron al Tribunal Constitucional para que este declare la supuesta ilegalidad de un inciso que decía que la “educación no sexista” desde los primeros años en que niños y niñas comienzan a asistir a las escuelas es una herramienta para educar en el respeto a los derechos de las personas, la no violencia y no discriminación y, por cierto, contra la violencia hacia las mujeres.

Los congresistas de la ultraderecha del Partido Republicano, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, y el Partido Social Cristiano buscaron echar abajo la ley y argumentaron que esta era contraria a la libertad de enseñanza y “al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”. En la presentación ante el tribunal los parlamentarios alegaron “que la "imposición" de una educación no sexista "es completamente ilegítima". Los parlamentarios de derecha sostuvieron que la educación 'no sexista' puede ser una alternativa para los padres y estudiantes que así lo deseen y elijan para sus hijos, "pero en ningún caso puede ser una obligación que deba promoverse desde un órgano del Estado".

También adujeron que "el concepto 'no sexista' contiene una indudable carga valórica, de gran intensidad, que incluso va más allá del concepto de perspectiva de género, no existiendo, hasta la fecha, una normativa vigente de estas características en nuestro derecho". Por lo tanto, agregaron que "no es lo mismo promover la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir la violencia de la mujer en todas sus formas, que promover 'una' educación no sexista. De manera clara, la redacción denota precisamente un afán hegemónico”.

Pero el Tribunal Constitucional votó a favor de la ley integral y desechó los argumentos conservadores. El Tribunal Constitucional, con seis votos a favor y cuatro en contra, confirmó la constitucionalidad de la legislación contra la violencia de género, incluyendo el artículo sobre educación no sexista. Con ello confirmó una clara derrota a la derecha.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, celebró esta decisión, destacando que allana el camino para la promulgación de la ley, que contiene medidas para prevenir la violencia de género desde una edad temprana.

Esta ley permite la creación de un sistema integrado de información sobre la violencia de género, modifica normativas para fortalecer la protección de las víctimas y establece principios para intensificar la vigilancia de las medidas cautelares, además de resguardar la confidencialidad de las víctimas al proteger sus datos.

La nueva legislación que ahora queda lista para su promulgación además habilita la creación de un sistema integrado de información sobre la violencia de género para mejorar la respuesta estatal y las políticas públicas. Asimismo, permite modificaciones en otras normativas legales para abordar la violencia de género, como la intensificación de la vigilancia de las medidas cautelares, y establece la protección de los datos para salvaguardar la confidencialidad de las víctimas, entre otras disposiciones.

El Estado chileno cuenta ahora con nuevas herramientas para erradicar la violencia de género, deberá readecuar normativas y funciones de los organismos encargados, así como destinar más recursos para elevar las capacidades de protección de las eventuales víctimas de violencia y, de paso, también formar las nuevas generaciones en el respeto y la no violencia.

Todo ello en la búsqueda de terminar con las agresiones extremas, como los femicidios que se han conocido en Chile durante las últimas semanas.

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