Episodios y razones del asalto a la embajada mexicana en Quito
Este lunes 29 de abril, almorzamos en América Latina con la noticia de que el gobierno de Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el otorgamiento de asilo político al exvicepresidente Jorge Glas. El anuncio, en un claro golpe de efecto, se lanzó el día previo al inicio de las audiencias ante la misma CIJ para imponer medidas cautelares contra Ecuador ante el asalto de las fuerzas policiales ecuatorianas a la embajada de México en Quito para aprehender a Glas el pasado 5 de abril.
No es que el gobierno de Ecuador no tenga situaciones internas graves como para ocuparse en una ofensiva judicial internacional contra un país cuya tradición de asilo es reconocida desde hace décadas. Ecuador está en estado de guerra interna desde enero; tendrá elecciones presidenciales y legislativas en menos de 50 semanas y acaba de pasar una importante consulta popular a la que el presidente Daniel Noboa apostó para implementar sus políticas más importantes —mano dura en materia de seguridad (aprobadas) y profundización de políticas neoliberales de empleo y arbitraje internacional (rechazadas). Y además de la tristemente famosa crisis de violencia, hay también una crisis energética que ha llegado a paralizar las jornadas escolares y laborales y ha dejado pérdidas millonarias.
En medio de este escenario, Noboa asaltó una embajada, sometió con el uso de la fuerza al personal diplomático y secuestró a una persona con estatus de asilado político para internarlo en una prisión de máxima seguridad. ¿Qué hay detrás de estas graves acciones, y su empeño en prolongar el conflicto con México?
Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador —CONAIE, la mayor organización indígena del país— ofrece algunas pistas para interpretar en clave de política nacional el embate internacional.
Las crisis ecuatorianas
Daniel Noboa, de 36 años e hijo de una millonaria familia bananera, asumió la presidencia el pasado noviembre para un periodo de 1 año y 6 meses, tras una crisis entre el entonces presidente Guillermo Lasso y el poder legislativo. Prometiendo empleos y mano dura en un país azotado por la violencia —Ecuador ronda los 40 homicidios por cada 100 mil habitantes—, llegó con una popularidad altísima. Para enero, el empresario educado en Harvard decretó un conflicto armado interno, calificó a 22 organizaciones como terroristas y le entregó a los militares el control de la seguridad en las calles y las cárceles.
Para Leónidas Iza, es indispensable que se ubique que el proceso de criminalidad que hoy sufren en Ecuador tuvo su caldo de cultivo en acciones de una élite política económica que empezó a profundizar las políticas neoliberales, “para ser exactos, desde Lenin Moreno”: el achicamiento del Estado, reflejado en la eliminación de políticas sociales, de presupuestos para educación y salud, y de la garantía condiciones básicas de empleo.
“¿Qué tienes allí? Lo que tienes es una parte de la sociedad empobrecida, sin opciones de vida. Mucha parte de esa sociedad sin opciones de vida, que es principalmente la juventud, está siendo reclutada por la economía ilegal, el crimen organizado”, señala el experimentado político Kichwa-Panzaleo. Estima que entre 50 y 70 mil muchachos se encuentran vinculados a las economías ilegales.
Y de esa manera, la élite política neoliberal fabricó el problema y luego se presentó como la solución. Iza señala que el gobierno de Noboa ha utilizado el estado de guerra interna y combate a la inseguridad como un show mediático, pues no se ataca de manera integral a la criminalidad y mucho menos a los altos mandos, muchos de los cuales están en la estructura del Estado.
“¿Será que de esos 6 000 millones de dólares de la economía ilegal se están beneficiando los muchachos empobrecidos que están en las calles, drogadictos?”, cuestiona. “Se está beneficiando el sistema financiero, el sistema industrial, el sistema comercial”, responde.
Al puntualizar que a los grandes barones de este sistema no se les exhibe en los medios como a los muchachos aprehendidos masivamente, el dirigente indígena advierte que lo que ha hecho el gobierno es utilizar el estado de guerra para perseguir a los sectores populares y “confundir con actos delictivos nuestras luchas”. Informa que en este momento, hay 72 compañeros indígenas acusados de terrorismo y 28 sentenciados.
El asalto a la embajada mexicana en Quito
Glas, vicepresidente de Rafael Correa de 2013 a 2017, fue sentenciado a seis años de prisión en dos causas por corrupción relacionadas con el caso Odebrecht y obtuvo libertad condicional en 2022. El 17 de diciembre de 2023, tras ser requerido nuevamente para comparecer por una causa relacionada con malversación de fondos, se refugió en la embajada mexicana. El 5 de abril de 2024, México comunicó a Ecuador que le concedía el asilo político. En vez de otorgar el salvoconducto, fuerzas de élite asaltaron la embajada.
Iza previene: aunque ellos no meten las manos al fuego por ningún político y piensan que debe haber investigaciones rigurosas de los hechos de corrupción, también se debe saber que hay un proceso de estigmatización de la política y de la “Revolución Ciudadana” como narcopolíticos. Esto permitió que Noboa presentara el asalto como acción de un presidente firme y radical en su persecusión de la justicia, un presidente “con huevos de avestruz”.
Después de la condena generalizada de los gobiernos de América, el presidente ecuatoriano dijo que estaba dispuesto a dialogar con el gobierno mexicano, pero se negó a emitir una disculpa o a entregar al exfuncionario y se reafirmó una y otra vez en su acción: “la justicia no se negocia”. Luego, personajes vinculados a la derecha ecuatoriana iniciaron una denuncia contra el encargado de la embajada atacado por “obstrucción a la justicia”. Y ahora la noticia de la denuncia ante la CIJ.
El ataque es una ruptura escandalosa de las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas y asilo. Como muchos analistas se encargaron de recordar, ni siquiera las cruentas dictaduras de Chile y Argentina se atrevieron a atacar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Además, según las mencionadas convenciones, sería potestad de México decidir sobre la concesión del asilo, aunque Ecuador alegue en su demanda que México ha incumplido “sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes”.
El dirigente de la CONAIE considera que el ataque es una acción prepotente e irresponsable para afirmar la imagen de Noboa, sin considerar las posibles consecuencias. Iza ubica, en primer lugar, la desconfianza de la comunidad diplomática internacional ante posibles acciones de Ecuador en su contra; en segundo, la posibilidad de que se tomen algunas represalias comerciales —la balanza comercial actual es de 1000 millones de dólares, agrega—; en tercer lugar, posibles represalias contra las personas migrantes ecuatorianas que atraviesan México en su camino a Estados Unidos, incluyendo el aumento del cobro de los traficantes de personas; y cuarto, las posibles sanciones y aislamiento a Ecuador en las Naciones Unidas.
En las próximas audiencias podremos comprobar cuál es la línea discursiva del gobierno de Noboa. Para Iza, lo que sucede es la advertencia de que el mandatario tiene una actitud fascista que no va a ser fácil combatir. “Claro que tiene una actitud fascistoide. Hemos visto experiencias a nivel europeo y a que a nivel continental que han demostrado que pueden ser incluso más radicales que los dictadores”, advierte.
Para el movimiento indígena, será clave, considera, prepararse, garantizar la unidad y participar en los procesos de política nacional, tanto en procesos de lucha como en procesos electorales. “Y no nos queda más que luchar”, avisa.
Iza fue entrevistado para Canal Red el 18 de abril, antes de conocerse la denuncia de Ecuador contra México.