Maribel Gordón: «Queremos un Canal para el país, y no un país para el Canal»

A pocos días de las elecciones generales, conversamos con la docente y economista Maribel Gordón, candidata de libre postulación de la izquierda y el progresismo panameño
Maribel Gordón — Hinrich Schultze

Leyendo la plataforma política de su candidatura, puede notarse cierto énfasis en la recuperación de una identidad panameña vinculada a su propia historia, en el intento por rescatar su propias ideas, sus propias figuras. ¿Cuál es el estado de situación de esta identidad nacional? ¿Está en crisis acaso? De ser así, ¿cómo se relaciona esto con el actual momento político?

En el «Plan para la Vida Digna» hemos llamado a reescribir nuestra historia. La historia la han escrito nuestros colonizadores, el poder económico, el poder político. Hemos tenido que hacer un esfuerzo por recuperar la labor que realizaron nuestros héroes, nuestras heroínas. Un caso muy típico es [el del líder indígena] Victoriano Lorenzo, que fue acusado de vándalo, de borracho. Lo fusilaron cuando su único delito fue defender a la cholada, a los indígenas de este país, en esos años de nuestra historia temprana. En la lucha entre liberales y conservadores [Lorenzo] estuvo del lado de los liberales. Pero los dos partidos se pusieron de acuerdo y lo mandaron a fusilar, porque no les convenía contar con una figura que pudiera ejemplificar la dignidad de un pueblo.

Este es un país que ha estado históricamente en lucha por la recuperación de su plena soberanía. Hemos dado por ella la sangre de los panameños. En varias ocasiones la juventud llevó adelante estos procesos patrióticos, por la recuperación del canal y de las áreas aledañas. 22 muertos nos costaron las jornadas de enero de 1964, cuando la juventud salió a las calles reclamando que se le dejara iza su bandera y cuando el ejército más poderoso del mundo, el de los Estados Unidos, los acribilló con bayonetas y tanquetas.

Incluso hoy los panameños clamamos para que esa historia no se pierda. Sin embargo, la educación neoliberal impuso la eliminación de toda asignatura que implique pensar críticamente nuestra historia y recuperar nuestras luchas por el territorio. En función de ello venimos planteando la necesidad de rescatar esa identidad, la identidad de nuestros pueblos originarios, de nuestros negros, de nuestros obreros, de nuestras mujeres; la voluntad de rescatar nuestro patrimonio. Este es un eje fundamental. Si no partimos de este criterio nos condenaremos al olvido.

¿Qué busca expresar su candidatura a la Presidencia de la República en términos políticos y sociales? ¿Qué la diferencia de los otros seis candidatos y candidatas?

Siempre he dicho que la candidatura no me pertenece. Cuando iniciamos el proceso y cuando se volvió evidente para el poder económico, político y mediático que llevábamos una ventaja considerable que finalmente nos permitiría presentarnos a las elecciones, los medios empezaron a hablar del «fenómeno Maribel», tratando de separar la campaña de la lucha y el trabajo honesto que llevan adelante los movimientos sociales. Movimientos que han sido satanizados, y que surgen de un pueblo hastiado, al que se le ha sometido a la mayor discriminación, a la mayor exclusión, a la pauperización, a la pobreza. Yo he dicho que ésta es una candidatura del movimiento social, que no me corresponde. Yo pertenezco al movimiento social y asumo con orgullo la responsabilidad que tuvieron a bien otorgarme.

Primero hemos hecho un trabajo en la recolección de firmas, porque para poder ser candidata a presidenta, al no provenir de un partido político, tuve que hacerlo por vía de la «libre postulación». Se nos exigieron varios criterios, entre ellos recolectar más de 40.000 firmas, que es la cantidad de votos que un partido debe tener para mantenerse vigente. Además, se nos exigió estar entre las tres precandidaturas independientes que más firmas recaudasen. En ese entonces veníamos de 31 días de lucha, de huelga, de tomarnos las calles exigiéndole al gobierno que se atendieran los problemas del alto costo de la vida, la seguridad social, la educación y los medicamentos. Fui la última en inscribirme entre los 34 precandidatos que asumieron el reto. La mayoría provenía del poder económico y de los partidos políticos tradicionales. Mi candidatura venía del movimiento social. Al final juntamos más de 170.000 firmas.

Hablando precisamente de ese movimiento social, el país vivió en el 2023 una serie de protestas multitudinarias contra Minera Panamá, filial de la trasnacional First Quantum Minerals, que explota el cobre del distrito de Donoso. Hay incluso quien afirma que se trató de las protestas más importantes en los últimos 35 años, las que forzaron un fallo judicial favorable a la suspensión de las actividades extractivas. ¿Por qué se opuso a la minera? ¿Por qué cree que no lo han hecho los otros candidatos? ¿En qué consiste ese crecimiento sin desarrollo que suele mencionar en su campaña?

En primer lugar, he venido cuestionando la forma en que se atiende la economía. Yo soy economista. Los gobiernos, los empresarios, los partidos políticos, el poder económico y político, sólo velan porque la economía crezca, y miden su crecimiento a través del comportamiento del Producto Interno Bruto. Si el PIB aumenta, dicen «el país va muy bien, el gobierno es exitoso». Sin embargo, en Panamá, aunque la economía crece el pueblo sigue condenado a la pobreza. El último informe del Banco Mundial nos coloca como el cuarto país más desigual del mundo, aún siendo un país rico, teniendo una posición geográfica ventajosa y una diversidad desbordante.

Eso solo refleja un modelo economista, transportista, rentista, que solo mira los negocios, que solo mira algunas actividades económicas, pero que al resto las margina. No basta con crecer: tenemos que mirar el desarrollo y el subdesarrollo. Para mí la economía tiene tres puntales. El crecimiento, del que no renegamos. Pero también el bienestar humano y el desarrollo sostenible. A eso estamos convocando, a cambiar la economía y a romper con el modelo rentista y transitista, al que hoy quieren sumar al extractivismo minero como una forma de resarcir las pérdidas de un modelo agotado. Nos opusimos al extractivismo minero y a una trasnacional que funciona como un enclave e impone sus condiciones.

Un gobierno sumiso [el de Laurentizo Cortizo] negoció un contrato leonino que entregaba nuestros recursos, nuestra diversidad, que atentaba contra la naturaleza y la vida. Y que además lesionó de manera flagrante algo que los panameños no admitimos: que se trasgreda nuestra soberanía, nuestro territorio. Todos los demás candidatos a la presidencia han avalado el extractivismo y son financiados por el poder económico. Han planteado que de ser electos van a dejar que esta trasnacional prepotente siga funcionando.

Todo esto revela a quién responden las candidaturas. En mi caso particular vengo luchando desde 1979 contra el extractivismo minero. No aparezco hoy en esta lucha. Mi pueblo habló claro y alto, lo hizo en las calles y fue reprimido. Cuatro vidas de patriotas nos costó el «no» a la minería, el «no» a la pérdida de nuestra soberanía. Yo tengo que obedecer a ese pueblo que logró en las calles que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo que declaró la inconstitucionalidad de un contrató que violentaba más de 25 artículos de la Constitución.

Hablando precisamente de los costos sociales de este modelo de desarrollo, usted hizo algo poco frecuente al priorizar, en el último tramo de su campaña, la visita a las comunidades indígenas. Estuvo en los últimos días en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Darién, así como en las comarcas de los pueblos Ngöbe Buglé y Kuna. Quería preguntarle por la presencia de estos pueblos y comunidades indígenas, que tienen poco lugar —o que ocupan a lo sumo un logar exótico— en la imagen dominante del Panamá trasnacionalizado. ¿Cuál es el estado de situación de estas poblaciones? ¿Qué proponen al respecto los progresismos y las izquierdas del país?

Ante todo, nuestros pueblos indígenas luchan por el territorio y por la propiedad colectiva sobre la tierra. Para mí esto es muy importante, porque estos pueblos, de los que me siento parte —de hecho en el último censo me declaré originaria, por mi ascendencia— han sido los panameños más olvidados, los más pobres entre los pobres, los que han sido desplazados a las regiones más extremas. Pero resulta ser que hoy esas regiones más extremas tienen los minerales, tienen el bosque, tienen la biodiversidad. Por eso los siguen arrasando, los violentan, quieren sacarlos de su territorio y han sido sometidos a la represión más salvaje que hemos visto en nuestro país por parte de gobierno alguno. Algunos han sido lesionados en su dignidad, han perdido la visión y hasta han derramado su sangre.

Nosotros hemos dicho que son pueblos que tienen sus capacidades, que tienen sus recursos, que han sostenido históricamente una relación armónica entre la naturaleza y los seres humanos que es un verdadero ejemplo a seguir. Hay que fortalecer nuestra identidad en la cultura, el arte, la danza, la gastronomía y la belleza escénica de los pueblos indígenas, pero también hay que ver cómo se organizan ellos en el territorio. Éste es el compromiso que he asumido públicamente.

Quería preguntarle por la infraestructura que ha hecho de Panamá un territorio mundialmente conocido desde comienzos del siglo XX: su canal interoceánico. Un canal que se ve hoy afectado por la escasez hídrica y que en el futuro podría competir con otros proyectos alternativos en la región, desde Nicaragua hasta México. ¿Qué política desarrollaría en la administración del canal y cómo vincularía la economía transitista con el conjunto de la economía panameña?

Aquí se habla mucho del canal, pero realmente nuestro principal recurso es nuestra posición geográfica. Tenemos una posición relativamente privilegiada en la economía global, que nos permite, como decimos los economistas, reducir el tiempo de rotación del capital, es decir, generar más plusvalía o permitir que la plusvalía se realice más rápido.

Para ser concreta, yo siempre he planteado que nosotros queremos un canal para el país y no un país para el canal, que es la visión que tiene el poder económico y las corporaciones navieras internacionales. En ese sentido hemos señalado varias cosas. Lo primero es que el funcionamiento del canal no puede comprometer el uso del agua para el consumo humano, que es lo que pretenden algunas de las autoridades, lo cual evidencia sus intereses y compromisos. Además, tenemos un canal que está ausente de la perspectiva de un desarrollo nacional.

Nosotros hemos planteado que debe incorporarse el canal y su logística a los sectores productivos, para que por primera vez en la historia contemple nuestra producción y nuestras necesidades, y para que no sólo favorezca a la economía mundial. Nosotros recibimos un excedente canalero, y estamos  luchando porque ese excedente atienda la gran deuda social que tiene este país.

En esa misma línea, la economía canalera y el régimen fiscal panameño —virtualmente, el de un paraíso fiscal— conecta estrechamente al país con el norte global y con los centros financieros internacionales. ¿Es posible pensar otro tipo de inserción internacional, priorizando por ejemplo al conjunto de América Latina y el Caribe?

La economía panameña, nuestro país, nuestros gobiernos, han privilegiado fundamentalmente la relación con los Estados Unidos. Es una relación de subordinación y de sumisión que se ha profundizado en este período. Yo creo que, como nunca en nuestra historia, el país tiene que integrarse al conjunto de América Latina. Creemos en la integración regional como base del desarrollo, del intercambio de cultura, de nuestra identidad nacional, de nuestra autodeterminación, y del potenciamiento de nuestras capacidades productivas en el sector industrial y agropecuario.

Por eso hemos sido promotores de la integración de nuestras comunidades a la región latinoamericana, para poder enfrentar los grandes retos de la economía mundial, para poder garantizar la autodeterminación de nuestro pueblo. Esa es la visión que tenía Simón Bolívar en su momento y es la que tenemos nosotros ahora: América Latina debe ser para los latinoamericanos.

Para terminar: usted propone realizar una constituyente originaria, debate apasionante que en América Latina dejó como legado algunas de las cartas magnas más avanzadas del planeta en materia de derechos consagrados. ¿Qué límites encuentra en la Constitución vigente y en qué pilares fundamentaría un nuevo ciclo constituyente en Panamá?

Nosotros hemos planteado, como organizaciones del movimiento social, la necesidad de construir una nueva Constitución. La Constitución de Panamá proviene de 1972, de los años del régimen militar [de Omar Torrijos]. Se le han hecho cambios pero son meros parches. Parches que responden a los intereses de los poderes económicos, dirigidos a cercenar derechos y a ejecutar mejor una política neoliberal.

Creemos que todos los actores sociales de la vida panameña deben ser parte de la creación de su propia Constitución. Por eso es que planteamos una asamblea constituyente originaria, que discuta, que elabore, que dé soluciones, que tome en consideración los intereses y las necesidades de todos los sectores en su conjunto. Una constituyente de verdadera participación democrática en donde se ejerza un poder popular, y que no sea patrimonio exclusivo de la clase dominante, como lo ha sido desde los inicios de nuestra vida republicana. Sólo ella pueda garantizar la democracia, el desarrollo real y una participación popular genuina.

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