Narco, pesca ilegal y energía nuclear: las excusas de Milei para alinearse con EEUU e ir contra China

"Te quería avisar que no voy a ir por la situación que estamos viviendo", escribió una alumna a su profesor de gimnasio en la ciudad Rosario. ¿Qué era lo que “estaba” pasando? Un taxista, un chofer de bus y un trabajador de una bomba de gasolina habían sido asesinados por criminales como si hubiesen sido elegidos al azar para enviar un mensaje. Rosario, la ciudad de los mates por la tarde en el Río de Paraná, de los teatros y de las noches de fútbol, era un manto de silencio por el miedo de sus habitantes.

Las bandas criminales habían reaccionado con estos asesinatos al despliegue fotográfico que había dispuesto en las cárceles el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Un intento de reproducir el imaginario Bukele de reos rodeados de uniformados para proyectar una idea de control sobre la delincuencia. El gobernador había desoído las recomendaciones de los funcionarios salvadoreños de que eso solo se podía hacer si se “tenía control en las calles”. Su reacción, por supuesto, fue a tono: “Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles”.

Con la llegada al poder de Javier Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, ha vuelto hablar de narcoterrorismo como en los tiempos que dirigía la cartera en la presidencia de Mauricio Macri. “No dejaremos que Rosario sea tierra de narcoterroristas”, afirmó en alusión a la ciudad de Argentina más afectada por la acción de bandas criminales. En pocos años, la tasa de homicidios de Rosario ha aumentado a 22 cada cien mil habitantes, bastante lejos del promedio de entre 5 y 6 de la mayoría de Argentina, según un estudio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Entre la batería de medidas, propuestas por el gabinete de seguridad de Milei, está una ley anti bandas, inspiradas en la ley Rico de Estados Unidos, y un proyecto de ley para permitir que los uniformados se sumen a tareas de seguridad interna.

Para Sabina Frederic, exministra de Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández: “por las investigaciones de inteligencia criminal, de las causas judiciales y de estudios sociales, se sabe que las organizaciones que lideran el tráfico de drogas ilegalizadas en Argentina, y lo combinan con otros delitos como el robo de autos y lavado de dinero, no son inmensos carteles como los que estamos acostumbrados a ver en las series. La categoría de carteles en Argentina no es aplicable. Por lo que el gobierno argentino de Javier Milei tiene un diagnóstico muy errado de los problemas de seguridad cuando su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las califica de narco terroristas. Los informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio Público Federal, hablan de cuanto mucho, redes de tres o cuatro persona”.

En su opinión, el problema en Rosario es que falta autoridad del Estado para castigar a los criminales. “Hace mucho tiempo que no hay un sistema de justicia en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, organizado para delitos ordinarios como federales de narcotráfico, que sea concebido socialmente como un sistema de castigo, punición y de control. Los que conocen mucho la problemática señalan que la red de relaciones entre el mundo político y judicial de la ciudad impide la autonomía e independencia de todos los poderes para castigar y controlar a la criminalidad. Sin esa capacidad estatal no hay regulación del delito posible”.

Para la exministra, además, Argentina no es un país importante de tránsito de drogas hacia el mercado internacional. “La principal razón es el costo logístico tan alto que implica el transporte hacia el sur para después subir hacia el norte: Europa o Estados Unidos. Por lo que la problemática de seguridad de Argentina es bastante diferente, en términos de organización delictiva, de la de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia”. Por eso, para ella, lo que hay una clara intención de la ministra de Seguridad de Milei de aplicar un modelo foráneo para un problema que no tiene nada que ver con lo que padecen otros países. “Todo dentro de un esquema electoralista que no está asociado a la eficacia de las políticas sino al mantenimiento de un caudal electoral que la aplauda”.

Según la exministra, además, los militares argentinos no están de acuerdo de que sea necesario que se desplieguen para luchar contra el narco. “Argentina posee 24 policías provinciales y cuatro fuerzas federales que crecieron en tamaño. Las Fuerzas Armadas argentinas entienden que las capacidades de esas fuerzas no están desbordadas y están subutilizadas”.

Argentina, sin embargo, parece estar afectada cada vez más por la sobreproducción de cocaína en América Latina, que ha pasado solo entre 2014 y 2018 de 869 1.723 toneladas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). “Hay una cantidad de cocaína tan grande en la región que las organizaciones buscan alternativas a los puertos tradicionales. Hay un porfolio de rutas y métodos al que las organizaciones apelan y cambian, un know how ya desarrollado y eso también incluye la utilización de puertos no tradicionales y el desplazamiento hacia el sur”, de acuerdo a Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional y coautora del informe Tráfico de cocaína desde puertos no tradicionales: examinando los casos de Argentina, Chile y Uruguay.

Países como estos, en su opinión, tienen buena reputación comercial por lo que sus envíos son menos revisados que los despachados desde Ecuador o Colombia. “Cuanto más “limpio” sea el país en reputación, menos riesgoso será su uso con fines delictivos, convirtiéndose en un incentivo adicional a los mencionados anteriormente. Argentina, Chile y Uruguay son países de imagen limpia que no activan el sistema de alarma en los países de entrada cuando sale un barco”.

A pesar de eso, los 30 puertos argentinos están lejos de estar ubicados en los primeros lugares de exportación de cocaína del mundo, según los datos de la UNODC.

El narcotráfico como una forma de ceder el control al Comando Sur y desplazar a China

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la doctrina de seguridad nacional, que Washington impulsó en América Latina en los años 60 y 70 para “luchar contra la subversión comunista”, fue sustituida a finales del siglo XXI por la doctrina de nuevas amenazas propuesta por el Comando Sur y lobistas de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países. “Esta doctrina sostiene que las amenazas principales a la estabilidad de los Estados provienen ahora de la criminalidad organizada transnacional, en particular de actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, “el populismo y el terrorismo. Desde este punto de vista, las Fuerzas Armadas de cada país deberían ser reentrenadas para enfrentar estas cuestiones heterogéneas y que en más de un caso son fenómenos socioeconómicos complejos”, de acuerdo a uno de sus informes.

Para Sergio Eissa, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Defensa de Argentina, “el proceso de securitización, que es el término académico para hablar de militarización de un problema, empieza con justamente el lenguaje. Instalar la necesidad de que cierto tema deba sea resuelto por los militares. En las décadas del 50, 60 y 70 la subordinación de los militares latinoamericanos estaba dada por la lucha contra el bloque comunista, una guerra ideológica este-oeste, pero en los 90, una de las principales razones fue el combate contra los barbaros de América Latina que contaminan con droga a la juventud blanca estadounidense. Un proceso que comenzó con Richard Nixon en los 70 y siguió en los 80 con Ronald Reagan cuando declaró al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional”. En su opinión, Argentina se resistió a sumarse a este enfoque, al igual que a la guerra contra el terrorismo iniciada en los 2000 por George Bush. “Coincide con un alineamiento muy sobreactuado de Javier Milei con Estados Unidos y sus políticas”.

El presidente argentino, en sus primeros seis meses de gobierno, ha visitado tres veces a Estados Unidos y acelerado los contactos para recibir un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Su aprobación depende del apoyo de Washington, el miembro con mayor poder de voto, y de otros países miembros como Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica o China, bastantes reacios a volver a otorgar más dinero a Argentina. Como una forma de alinearse, el gobierno de Milei ha anunciado planes para que el Comando Sur despliegue militares en una base argentina en Tierra del Fuego, cerca de la Antártida, y firmado un acuerdo, a través de la Autoridad General de Puerto, para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tengan presencia en la Hidrovía en tareas de “asesoría en la gestión de puertos y vías navegables”.

La Hidrovía tiene 3.400 km de largo sobre los Ríos Paraná y Paraguay y permite conectar puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los puertos de Rosario, epicentro del narcotráfico argentino, son el segundo nodoagroexportador del mundo después de los de Nueva Orleans, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por esto, hace largos años, la influencia sobre este paso fluvial se ha convertido en motivo de disputa entre Estados Unidos y China, uno de los principales destinos de cereales, como la soya, que salen desde este lugar de América Latina. Una de las preocupaciones del Comando Sur en su estrategia son las inversiones, y la presencia china, en pasos marítimos estratégicos de América Latina.

“La presencia en la Hidrovía es una injerencia de Estados Unidos en el cordón umbilical de Argentina por donde salen el 80% de sus exportaciones cerealeras. El mismo interés estratégico aparece en el anuncio de instalar una base conjunta con el Comando Sur en Ushuaia, Tierra del Fuego, en función de los tres corredores bioceánicos que unen el Atlántico Sur y el Pacífico: el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle, y el Pasaje Drake. A esto hay que sumarle la presencia de Gran Bretaña en las Malvinas, donde ocupa un territorio que pertenece a Argentina, restringe nuestra libertad de maniobra en el Atlántico Sur y limita la proyección argentina en la Antártida. Hay una renuncia estratégica a tener un país con fuerzas armadas que defiendan la soberanía y apoyen la política exterior”, asegura Eissa.

Pero la presencia estadounidense no se reduce a la Hidrovía, ni a sus intereses por los cereales. Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ha dicho que le preocupa la acción “maligna” de China en el triángulo del litio, que comprende Chile, Argentina y Bolivia y posee el 50% de este mineral clave para la transición energética. "Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo", argumentó Richardson. Para el Comando Sur, China consigue el 36% de sus importaciones de alimentos y el 75% del litio de América Latina.

El gobierno de Milei ha presentado, en este contexto, una solicitud para ser socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), integrado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que abre cierta suspicacia por lo que puede llegar a suceder si hay algún reclamo contra Rusia por el yacimiento de hidrocarburos recién descubierto en un área de la Antártida reclamada por Buenos Aires y Londres. Los navíos de investigación rusos habrían descubierto reservas de gas y petróleo equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad aproximadamente diez veces mayor que la producción total del Mar del Norte en cincuenta años. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países, prohíbe la prospección y explotación de recursos naturales de forma indefinida.

“El hallazgo podría venirle como anillo al dedo al gobierno argentino para calificar a Rusia como “potencia maligna que saquea recursos argentinos” para alinearse con la hipótesis de amenazas que agita Estados Unidos”, señala Alejandro Frenkel, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El alineamiento de Argentina con la OTAN, y Estados Unidos, es tan evidente que Argentina ha comprado 24 aviones militares F-16, fabricados por la estadounidense Lockheed Martin, en vez de los JF-17 negociados con china durante la administración de Alberto Fernández. Uno de los principales impulsores de la compra fue el embajador estadounidense en Buenos Aires, Mark Stanley. “Si se repitiese un escenario de conflicto con Gran Bretaña, como en la guerra de Malvinas, Argentina podría quedarse sin repuestos para operar esos aviones militares, ya que su suministro está controlado por Estados Unidos, aliado de Gran Bretaña”, según el analista Cristian Riom.

De las nuevas amenazas y el narco hacia el bloqueo de las inversiones chinas

Uno de los objetivos de la inclusión de Argentina como socio global de la OTAN es “mejorar el dominio marítimo total” integrando una “grilla de actores que comparten valores occidentales”, según Juan Bataleme, Secretario de Asuntos internacionales de la Defensa del gobierno de Milei. “En Argentina no podemos ser neutrales”, afirma Bataleme. Uno de los gestos en este sentido es el ejercicio militar, conjunto, que se realizará a finales de mayo entre Buenos Aires y Washington con la visita del portaaviones estadounidense USS George Washington, lo que va en línea, además, con la estrategia del Comando Sur 2017-2027 que habla de convertirse en “en una «red de redes» que articule a las fuerzas de seguridad de América Latina para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, la migración, y la “influencia maligna” de países como China, Rusia e Irán”.

También luego de una larga campaña contra la pesca de arrastre china por “depredar los mares argentinos”, se desplegó el buque Cutter James, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en una misión conjunta de patrullaje en el Atlántico Sur con las fuerzas de seguridad argentinas. Washington ya tiene iniciativas regionales contra la pesca ilegal de buques chinos, como el Eastern Tropical Pacific Maritime Corridor, y el Congreso estadounidense busca sancionar una legislación para que eso se traslade a toda la región con la excusa de ir, además, contra el tráfico ilícito de narcóticos, actividades criminales transnacionales y la minería ilícita.

Para Juan Gabriel Tolkatlian, profesor de Relaciones Internacionales especializado en seguridad, el Comando Sur tiene una clara estrategia de limitar o negar el acceso de China, o Rusia, a su “área de influencia”.

Alejandro Frenkel, antiguo asesor del Ministerio de Defensa argentino, sostiene que: “el discurso de América Latina respecto a la presencia china en el Cono Sur y América Latina está cada vez más dirigido a lo que Estados Unidos califica como el accionar de “potencias malignas”, donde identifica como cuestiones importantes la infraestructura crítica, inversiones portuarias y la depredación de recursos naturales relacionada al accionar de los barcos chinos en las zonas exclusivas de los países de la región. El gobierno de Milei ha incorporado, en este contexto, la pesca ilegal como un problema de seguridad a tono con los reclamos de las embajadas de Estados Unidos en la región y las declaraciones de los jefes del Comando Sur”. Gobernadores de la Patagonia, como Ignacio “Nacho” Torres” de Chubut, también han pedido por la presencia de buques estadounidenses para patrullar las costas sureñas.

Pero la sobreactuación del alineamiento argentino con Estados Unidos no se reduce ni a la pesca ilegal ni a la lucha contra el “narcoterrorismo”. En vísperas de la visita a la Argentina de, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, Mark Stanley, embajador de Estados en Buenos Aires, criticó la presencia de científicos chinos en una base de monitoreo espacial en la provincia de Neuquén, acordada entre 2012 y 2014, similar a una establecida por la Unión Europea en la provincia vecina de Mendoza. “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”, remarcó. En consecuencia, el gobierno de Milei ordenó una inspección para revisar las tareas de los científicos y si había algún tipo de actividad militar. “Nadie detectó que hubiera personal militar allí, los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”, señaló la canciller argentina Diana Mondino a modo de “broma”.

El episodio es uno de muchos ejemplos del alineamiento, pero no se detiene allí. Durante el gobierno de Alberto Fernández, delegados del gobierno estadounidense, como Laura Richarldson, Mark Stanley, Christopher Hanson, presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU, y  David Turk, secretario adjunto de Energía, presionaron para que Buenos Aires abandonara el proyecto de construcción de la cuarta central nuclear argentina Atucha III, acordada en conjunto entre  Nucleoeléctrica Argentina y Corporación Nuclear Nacional China (CNNC). El proyecto, financiado en un 85% con fondos chinos, planeaba ampliar en un 60% la capacidad instalada en energía nuclear y representaba el ingreso de la tecnología china en la región en esta área, según el periodista argentino Raúl Delatorre. El gobierno de Milei, en respuesta, suspendió el proyecto y desfinanció también la construcción de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), el Reactor Argentino Multipropósito RA-10, competidor de prototipos similares de Estados Unidos e Inglaterra.

La suspensión de todos los proyectos con China habría sido acordada por el presidente argentino con la jefa del Comando Sur en la reunión que mantuvieron durante su visita a la ciudad argentina de Ushuaia, según el portal La Política Online. La decisión tiene implicancias que los funcionarios argentinos intentan minimizar, como la posibilidad de que Argentina tenga que devolver al Banco Central de China un swap, un intercambio de monedas realizado el año pasado, por valor de 5.000 millones de dólares justo cuando Milei necesita fondos frescos para eliminar el control de cambios. También la animosidad puede deteriorar las relaciones con el principal socio comercial de Argentina, al que vende el 92% de su soja y el 57% de sus exportaciones de carne, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

El juego peligroso de Milei quizás tenga sus propios límites en la realidad financiera que tanto lo apasiona.