¿Qué se juegan Chile y Argentina en la Antártida?

Argentina y Chile son dos de los únicos siete países que, a día de hoy, sostienen reclamos de soberanía sobre la Antártida. El continente helado ─el único sin población indígena, por cierto─ genera interés e intriga casi a partes iguales entre los actores internacionales. Se le presume inmensamente rico en términos acuíferos, minerales y energéticos, aunque la viabilidad de su “aprovechamiento” humano está en franca duda. En la práctica, ningún estado tiene control soberano en condición de exclusividad sobre ninguna parcela antártica, siendo de hecho una suerte de condominio internacional amparado en el Tratado Antártico de 1959 que, no obstante, podría sufrir alteraciones decisivas a partir del año 2048.

¿Quién gobierna en la Antártida?

En base al acuerdo de 1959, ningún estado que no lo hubiera hecho previamente puede reclamar territorio antártico como soberano, por lo que únicamente Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido cuentan en la actualidad con parcelas pretendidamente propias. No obstante, en relación a estos siete países, el Tratado “pausa” sus reclamos; es decir, los considera válidos por haber sido definidos con anterioridad a 1959, aunque prohíbe que los actores expandan dichos reclamos. A su vez, niega la posibilidad de nuevos estados a postular reclamos propios, dejando el asunto de la soberanía en un status de parálisis en el tiempo.

Los reclamos en firme, no obstante, podrán ser un arma diplomática importante a partir de 2048; en esta fecha se abriría una compleja ventana de riesgos y oportunidades, por cuanto pasaría a ser posible revisar los distintos elementos del acuerdo, requiriéndose tres cuartas partes de los votos de los países con carácter de parte consultiva para modificar artículos del tratado. Aspectos del orden de lo medioambiental, militar o económico podrían ponerse en juego en aquel año, constituyéndose como un momento bisagra para los intereses de dos naciones latinoamericanas y periféricas frente a estados imperialistas con reclamo en firme y frente a aquellos que, sin tenerlo todavía, se han reservado el derecho a reclamar una porción del continente llegado el momento (Estados Unidos, por ejemplo).

Indudablemente, será la correlación de fuerzas entre los centros dirigentes del sistema-mundo y las periferias con reclamo lo que defina el nuevo esquema de poder antártico a partir de 2048, por lo que el debate en torno al interés estratégico de Argentina y Chine sobre el continente helado adquiere una dimensión antiimperialista. Esto es así, en primera instancia, por las características del reclamo británico: las extensiones pretendidas por Londres coinciden casi en su totalidad con los reclamos chileno o argentino, e incluso con ambos en una franja que tanto Santiago como Buenos Aires consideran simultáneamente como propia. Además, el reclamo británico no es excepcional, sino estratégico, por cuanto conecta con el esquema de influencia imperial Índico-Atlántico-Pacífico que ejerce en relación a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y en torno a otros enclaves como las islas Ascensión y Diego García.

Antártida… ¿para qué?

En la actualidad, el continente antártico no es más que un espacio gestionado asociativamente por parte de numerosos actores internacionales fundamentalmente para actividades de índole científica. Sin ir más lejos, España y otros países europeos sin reclamo como Suecia, Italia, Ucrania, Polonia o Alemania tienen desplegadas bases de investigación científica en suelo antártico que cooperan en este campo, tal como obliga el artículo 2 del Tratado. De nuevo, esta dinámica de cooperación, por el momento regente del orden continental, podría estar amenazada por el año 2048… o no.

La incógnita que define las discusiones en esta materia gira en torno al valor real de la Antártida en el ámbito económico, región a la que se le presume un inmenso potencial minero que, de nuevo, se encuentra ─al menos, por ahora─ limitado (de facto, prohibido) tanto por el propio Tratado Antártico como por el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente consagrado en los acuerdos de Madrid del 1998. Sin embargo, sería naïve no incluir en la ecuación la variable de la fragilidad de los tratados internacionales, especialmente cuando confrontan con los intereses extractivos y estratégicos de las potencias imperialistas.

Francamente, no es descabellado plantear que, a partir de 2048, la economía de las grandes potencias del sistema-mundo pueda requerir un marco “liberalizador” en la Antártida; es decir, que los consensos asociativos y medioambientales que hoy parecen regir la gestión conjunta del continente podrían venirse abajo si los monopolios o los estados centrales así lo considerasen. Para ello, no obstante, se requerirían avances considerables en el campo de la tecnología minera que, a día de hoy, no pueden descartarse ni darse por hechos; las capacidades de perforación de las empresas mineras hoy no sirven en un terreno tan hostil como el antártico, con densísimas capas de hielo por encima del suelo rocoso.

La logística de transporte, por su parte, podría suponer también un problema decisivo: la Antártida es una región verdaderamente remota, lo que convierte el traslado de minerales en una tarea considerablemente cara en la actualidad. Esta misma complejidad es protagonista también en relación al crudo, estimándose por cierto que la Antártida podría disponer en la actualidad de la tercera mayor reserva mundial, únicamente por detrás de Venezuela y Arabia Saudí. De igual forma, el agua dulce ─el 70% del total global está en la Antártida─ llama la atención de los estados, aunque el traslado de la misma llegado el momento sería, con toda probabilidad, prohibitivamente caro en comparación a procesos como la desalinización de las aguas nacionales.

Ojo avizor

En cualquier caso, ni Argentina ni Chile deberían estar tranquilas. Su reclamo, dos de los pocos que pueden hacerse internacionalmente fundados en el criterio de la cercanía geográfica, no asegura en ningún caso que, de romperse el marco regulatorio en el año 2048, ellos vayan a gozar de una posición ventajosa. Con toda seguridad, las potencias imperialistas ─tanto las que tienen reclamo en firme como las que no─ se lanzarán a “la conquista del hielo” si las condiciones globales lo exigen y lo permiten. La tecnología para las prácticas extractivas puede evolucionar aceleradamente, haciendo posible en veinte años lo que hoy supone un impedimento logístico.

En simultáneo, la privilegiada ubicación estratégica del continente es un atractivo determinante para Washington, Londres, París y otros actores: no solo se trata de un enclave crítico en la guerra por el espacio por la especial facilidad que ofrece a la hora de vigilar los cielos, sino que su propia disposición y amplitud geográfica brindaría a quienes en efecto logren controlar porciones de suelo antártico un control colosal del transporte marítimo internacional. Para Santiago y Buenos Aires y para América Latina en su conjunto, la Antártida es una oportunidad para la desperiferización que exige una gobernanza pública regionalizada; para el bloque imperialista colectivo, será en efecto un enclave importante en relación a China, a Rusia, al resto de potencias emergentes y a la periferia latinoamericana.