Ecuador, la nueva patada al orden internacional

La policía ecuatoriana ha asaltado la embajada mexicana en Quito, violando de forma flagrante la legalidad internacional fundada, entre otras, en la Convención de Viena de 1961. ¿Qué nos dice este movimiento sobre el presidente Daniel Noboa y sobre el frágil equilibrio internacional?
El presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa — Carlos Luján / Europa Press / ContactoPhoto

El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ha consagrado un decisivo golpe al orden internacional en un marco de generalizado caos. En la madrugada del viernes al sábado, la Policía ecuatoriana asaltó la Embajada mexicana en la capitalina ciudad de Quito con el objetivo —por cierto, exitoso— de detener a Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa entre los años 2013 y 2017. Glas recibió la protección del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador como consecuencia de una sostenida denuncia de lawfare por parte de él y de otras figuras destacadas de la izquierda ecuatoriana. Las relaciones entre México y Ecuador se encontraban ya tirantes desde hace días, a tal punto que Ecuador había nombrado “persona non grata” a la embajadora de México Raquel Serur. Tras el ataque, México ha suspendido las relaciones diplomáticas con Ecuador, definiéndose así una nueva crisis bilateral en América Latina. Además, el asalto por parte de Ecuador de la embajada mexicana constituye una considerable escalada y una flagrante violación del derecho internacional que parece consolidar una tendencia en la región.

La Convención de Viena

En 1961, durante la Convención de Viena, se sentaron algunas de las principales bases que habrían de regir el orden internacional venidero. Fundamentalmente, el texto decretaba la irrenunciable inviolabilidad de las misiones diplomáticas, que durante siglos habían sido tratadas de hecho con especial cuidado por los estados receptores. El consenso es claro y, salvo excepciones, ha sido respetado por la práctica totalidad de los gobiernos en todo el mundo durante décadas: ningún agente del estado puede ingresar a las embajadas o consulados de otro estado sin explícito consentimiento del jefe de la misión diplomática. Así, por ejemplo, ningún policía español puede ingresar a la embajada ecuatoriana en Madrid salvo que cuente con el expreso beneplácito del embajador ecuatoriano en la capital.

El Gobierno ecuatoriano se ha saltado este acuerdo internacional, violando no solo los derechos de la misión diplomática mexicana en Ecuador, sino el orden internacional en sí mismo que reconoce como válidos los consensos de la Convención de Viena. Apenas unos días después del ataque israelí contra la embajada de Irán en Damasco, la agresión ecuatoriana a la embajada de México abona en mayor medida el generalizado retroceso de las instituciones rectoras del orden internacional.

En clave interna, es decisiva la variable electoral. Como consecuencia de la particular y extraordinaria convocatoria de las elecciones del 2023 (la “Muerte Cruzada” convocada por el ex presidente Guillermo Lasso), el mandato de Noboa será corto: el 9 de febrero de 2025 los ecuatorianos acudirán de nuevo a las urnas. La corta extensión de su actual mandato obliga a Noboa a acelerar sus lógicas de gobierno, con el objetivo de revalidar su proyecto derechista para el país. Su retórica anti corrupción, la crisis securitaria que le estalló como consecuencia de años de desinversión en el sistema penitenciario nacional y la fuerte impronta anticorreísta de su frágil base electoral empuja a Noboa a tomar decisiones precipitadas y a mostrar contundencia frente a la principal preocupación de las capas medias y trabajadoras del país: la violencia.

Simultáneamente, la conexión que la derecha ecuatoriana imprime entre el narcotráfico y los gobiernos de Rafael Correa, habilita la persecución a los líderes de Revolución Ciudadana. A su vez, la inmediatez del plebiscito del 21 de abril —en el que Ecuador votará un paquete de resoluciones para “bukelizar” su lucha contra el crimen organizado— vuelca una cierta urgencia electoralista sobre el oficialismo, consciente de su necesidad de escenificar una categórica voluntad de luchar contra el crimen organizado por cualquier medio si pretende legitimar en las urnas su agenda “a la salvadoreña”.

Pero, además, la arremetida ecuatoriana contra México clarifica una tendencia global. El contexto de transición geopolítica, marcado por factores como el Pivot to Asia de Washington, la consagración del orden multipolar, la guerra en Ucrania, el genocidio israelí en Palestina o el viraje conspiracionista de la derecha global, agrava sus consecuencias a partir del abandono sistemático de los consensos que pretenden regir las relaciones internacionales. A medida que se agrede alguno de los consensos fundantes de la paz —que es frágil, coyuntural y localizada—, se abre la puerta a un ataque posterior. Si las embajadas ya no son espacios inviolables, entonces los cuerpos diplomáticos pierden garantías, complejizando en mayor medida la representación de los estados más allá de sus fronteras.

Las rupturas de la derecha

Sin duda, una de las claves que explican esta espiral es el viraje de la derecha europea y americana hacia posiciones antiinstitucionales. En el caso de América Latina, la nueva “polarización” se conecta con esta noción. Cada vez más, la dialéctica intergubernamental de la región se explica de forma más clara a través del clivaje institucionalidad democrática-impugnación, siendo las derechas radicales las que en mayor medida confrontan los pilares del orden continental. Gobiernos como el de México, el de Brasil o el de Colombia pretenden conservar los acuerdos mínimos sobre los que se asientan las delicadas democracias latinoamericanas. Por contra, las “nuevas” derechas de Argentina, Chile, Ecuador, Perú o El Salvador los rechazan.

Así, son ya varios los ejemplos recientes de antiinstitucionalidad de los gobiernos de la región, como el de Nayib Bukele, que amenazó al poder legislativo de la mano de las Fuerzas Armadas cuando su partido se encontraba todavía en minoría en la Asamblea salvadoreña, o el de Javier Milei, que gobierna en una persistente conflagración contra el Congreso y los gobernadores provinciales. A su vez, las derechas latinoamericanas se han valido electoral y legalmente del lawfare contra sus rivales políticos en Brasil, Argentina, Honduras, Guatemala o el propio Ecuador.

De hecho, la profundización de las lógicas antidemocráticas ha abierto la puerta a procesos golpistas en el continente. En Perú, Dina Boluarte ha consolidado su posición al frente del Ejecutivo nacional gracias a una medida alianza con el Congreso que ha posibilitado el relativo éxito de su golpe contra el presidente Castillo. En Bolivia, el golpe duro contra el presidente Evo Morales no solo desató la ola de violencia contra la militancia de la izquierda en el país, sino que resuena en la actualidad siendo parte explicativa de la crisis interna del MAS-IPSP. En Brasil, el impulso a las tesis antidemocráticas por parte del poder judicial y de los aparatos mediáticos, determinó que Jair Bolsonaro se lanzase a diseñar un golpe de estado clásico contra Lula da Silva que no prosperó por la negativa de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, conscientes de la compleja coyuntura continental con la que contaba el ex presidente en aquel momento.

En suma, el orden internacional se encuentra embrutecido. Ciertamente, el respeto a los consensos diplomáticos estuvo siempre ligado a la voluntad de los gobiernos nacionales, y nunca impidió ni las guerras por los recursos ni las agresiones imperialistas. Sin embargo, la fractura que están sufriendo algunos lineamientos fundacionales como la Convención de Viena es una novedad. Si ni el ataque israelí contra la embajada iraní ni el ataque ecuatoriano contra la embajada mexicana reciben una contundente respuesta del resto de actores, nada obliga a estos mismos a proceder conforme a la norma en sus propias discrepancias. La legalidad internacional, en tanto institución supraestatal, tiene el peso que los actores particulares decidan otorgarle en la práctica.

Si esta tendencia continúa consolidándose, podría llegar a abrir ventanas de resolución violenta a numerosos conflictos tanto regionales (el conflicto por el Esequibo, la ocupación británica de las Islas Malvinas, la disputa entre Chile y Bolivia por el corredor del Atacama, la ocupación estadounidense de Guantánamo…) como internacionales (la guerra en Corea, la disputa entre Rusia y Japón por las islas Kuriles, el asunto de Taiwán, el reclamo marroquí sobre Ceuta y Melilla…). Del resto de estados latinoamericanos y mundiales depende ahora la valoración histórica del movimiento de Daniel Noboa, cuyo consentimiento agravaría las tendencias de desorden que cada vez en mayor medida definen las relaciones internacionales.

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