La justicia chilena declara culpable a un líder mapuche de delitos contra la seguridad del Estado

Héctor Llaitul arriesga una condena de 25 años de cárcel, una sentencia que se conocerá el próximo 7 de mayo

Un tribunal penal de la ciudad de Temuco, a unos 650 kilómetros al sur de Santiago, este lunes declaró culpable al líder mapuche Héctor Llaitul, acusado de incitación a la violencia, delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado, uso de armas, atentados contra la autoridad y robo de madera por lo que arriesga una posible condena de 25 años de cárcel, sentencia que se conocerá el próximo 7 de mayo.

Llaitul, de 56 años de edad, encabeza la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) desde su fundación en 1998, una organización mapuche que se reivindica anticapitalista y que ha concentrado sus ataques en las instalaciones y recursos de la pujante industria forestal que se ha instalado en los territorios que pertenecieron al pueblo originario. Los waichafe (guerreros) de la CAM también han transformado en blancos algunas instalaciones turísticas y las haciendas de antiguos colonos, en su mayoría de ascendencia europea que a su llegada a Chile ocuparon las tierras ancestrales.

Durante el juicio que se inició en marzo pasado, pese a que Llaitul y otros dirigentes indígenas están arrestados desde el año 2022, la Fiscalía dio a conocer intercepciones telefónicas en las que Llaitul da instrucciones sobre supuestos atentados y la distribución de armas, a lo que se agregó abundante material de prensa y entrevistas en las que el dirigente mapuche reivindica la acción directa, formas armadas de lucha y la recuperación de tierras. Durante la presentación de pruebas, la Fiscalía también incluyó fotografías y videos de personas armadas, una larga lista de atentados atribuidos a la CAM y los testimonios de más de 160 testigos, una decena de ellos con ocultamiento de su identidad.

Llaitul acusó a los abogados del Ministerio Público de “subjetividad” y rechazó los cargos en su contra. “Solicito la absolución y la justicia en este proceso judicial. Para condenar a una persona, a mi juicio, no es suficiente la subjetividad de la Fiscalía y es lo que yo observé todo el tiempo”, dijo el werkén (portavoz, en mapudungun) en los casi diez minutos que tuvo para sus descargos. El dirigente enfatizó que el juicio ha sido una nueva evidencia del “choque de culturas” entre el Estado chileno y el pueblo originario. “Seguramente esta será una condena en donde yo reciba toda la fuerza del Estado por este mismo choque de cultura, que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanente”, explicó al describir el conflicto intercultural que se arrastra desde la colonización española y luego con la llamada “pacificación de la Araucanía”, cuando el ejército chileno invadió los territorios mapuche y se produjo “el despojo de las tierras ancestrales”.

“Tengo la profunda convicción, no esa convicción que vi aquí en los fiscales y en los querellantes, que con esto no puedan aplacar la lucha mapuche. Todo lo contrario, se creará un cimiento para que la voz de mi pueblo se levante con mucha más fuerza”, advirtió, unos minutos antes de que la jueza Rocío Pinilla diera a conocer el veredicto y anunciara que la sentencia —incluyendo la condena— se conocerá el 7 de mayo. “Si me condenan va a seguir existiendo el conflicto mapuche porque es un problema objetivo, de condiciones objetivas. No se puede descansar en la vocería un conflicto de esta envergadura", remató.

La CAM no es la única organización mapuche que opera en el llamado Walmapu, territorio que también incluye una franja ubicada en el sur argentino, como tampoco es la única que utiliza la propaganda armada en su accionar; pero es la de mayor tamaño e influencia. Su primera acción pública la realizó en diciembre de 1999 en la pequeña localidad de Lumaco, cuando una decena de comuneros atacaron a tres camiones de transporte de madera, los destruyeron y quemaron. La acción sería ejemplificadora de las acciones que caracterizan a esta organización marcada por el fuerte liderazgo de Llaitul.

Como estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Concepción, Llaitul inició su militancia política en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en plena dictadura militar, para más tarde emigrar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), dos organizaciones armadas en las que hizo un aprendizaje operativo, político y de organización, que más tarde imprimirá en la CAM.

La radicalidad de sus propuestas, que incluye la expulsión de las empresas forestales del Walmapu, la recuperación de tierras para las comunidades y la conservación de la cultura y costumbres ancestrales, ha marginado a la CAM de todos los esfuerzos que han realizado los gobiernos civiles posteriores a la dictadura para aplacar la violencia en los territorios indígenas, donde también operan “guardias blancas” de las empresas forestales, bandas delictuales que roban maderas y, desde hace menos tiempo, organizaciones criminales de narcotráfico y robo de automóviles.

Pero hay otros factores que también inciden en la conflictividad que se expresa en la Araucanía, entre ellos la pobreza. La Araucanía es la región más pobre de Chile con un 17,4% —muy por sobre el promedio nacional que bordea el 10%—. Y es también la segunda con la mayor pobreza extrema 5,9%, que está por sobre el promedio nacional de 4,3%.

En ese contexto, la propuesta de la CAM es multidimensional, al proponer una estrategia política que busca la “liberación nacional” a través de un proceso de conquista de autonomía y generación de una normativa de gobernanza basada en costumbres ancestrales, pero al mismo tiempo la recuperación de tierras para superar la pobreza. Otras organizaciones mapuche, algunas desprendidas de la CAM, también ponen énfasis en el cultivo de la cosmovisión religiosa del pueblo mapuche, lo que explica la quema de iglesias como parte de su estrategia.

Ya está cerca el cumplimiento de dos años en que la Araucanía está bajo Estado de Excepción al que recurrió el gobierno de Gabriel Boric en mayo de 2022 para aplacar la violencia en la región. El Estado de Excepción —que se renueva por el Congreso cada 30 días— permite que efectivos militares realicen actividades de apoyo a las fuerzas policiales, sobre todo en custodia de caminos, infraestructura crítica y tareas de presencia preventiva y persuasiva.

En el gobierno dicen que la violencia rural en la zona de la Araucanía ha disminuido, al mismo tiempo que ha aumentado el número de condenados por la justicia. Un informe del Ministerio del Interior de enero de este año consignó las cifras: en 2020 hubo 65 personas condenadas por distintos delitos asociados a la violencia rural (robo de maderas, atentados, etc.);  121 en 2021; 231 en 2022: y en el 2023 la cifra cayó a 167 condenados por la justicia.

Conocido el veredicto que declara culpable a Llaitul de “actos terroristas”, algunos analistas se apuraron en proyectar la posibilidad de que con la CAM “debilitada” se generen mejores condiciones para dialogar con las organizaciones mapuche para buscar acuerdos que permitan bajar la tensión en la zona, como ha propuesto desde el año pasado el Instituto Nacional de Derecho Humanos, que busca la desmilitarización de zona y cautelar la vigencia de los derechos de las personas. Una propuesta a trabajar en una mesa en la que también participen representantes de la CAM.

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