Perú: Orden, Indulto y supervivencia política

Golpeados por la represión, agobiados por la crisis económica, y asfixiados por un ordenamiento político institucional que bloquea cualquier salida, los sectores populares que se movilizaron por la destitución de Castillo acumulan malestar
December 7, 2023, Lima, Lima, Peru: ''Get all them out'' can be read on a sign when at the end of Dina Boluarte's first year as president of Peru after the dismissal of Pedro Castillo, hundreds of protesters from social and political organizations, under the slogan "Get them all out", took to Lima streets to demand the suspension and trial of the Attorney General, the closure of Congress and new general elections amid generalized corruption crisis.,Image: 827725729, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / ContactoPhoto
Manifestaciones por el primer año de gobierno de Dina Boluarte, diciembre 2023—Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / ContactoPhoto

Perú cierra el 2023 con el dictador Alberto Fujimori libre en su casa, la mandataria designada Dina Boluarte segura de gobernar un año más y Pedro Castillo preso sin condena en Barbadillo. Un nuevo pacto de impunidad golpea la moribunda democracia peruana, maniatada por los partidos que perdieron las elecciones y se hicieron del poder a punta de lafware, maniobras parlamentarias y balas que terminaron con la vida de más de 60 peruano. La clase política ha renovado acuerdos y se queda pese al enorme rechazo ciudadano y la cada vez más deteriorada institucionalidad. No hay institución con legitimidad para frenarlos o canalizar alguna reforma democrática. Tampoco la ciudadanía ha logrado recobrar el impulso movilizador después de las masacres del 7 de diciembre. La coalición sobrevive y se queda porque puede y porque quiere.

Se quedan porque pueden; el orden (post) fujimorista

La coalición golpista, con Dina Boluarte en el ejecutivo y el Fujimorismo, la ultraderecha en el Congreso puede mantenerse en el poder porque existe un ordenamiento económico, político y social fraguado durante la dictadura fujimorista y continuado por los gobiernos que la sucedieron lo permite.

Desde el 2001, los sucesivos gobiernos que se turnaron el poder rechazaron de plano la posibilidad de discutir el modelo económico impuesto a sangre y fuego por el fujimorismo. Por el contrario, profundizaron el neoliberalismo facilitando la entrada del capital transnacional minero y petrolero en base al despojo de comunidades indígenas y campesinas. Mantuvieron también regímenes especiales de sobre explotación laboral y exoneraciones de impuestos a mineras y agroexportadoras. Tampoco tocaron el perverso sistema privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP). Con un 75% de población en la informalidad y un tejido social sumamente fragmentado, los empresarios acumularon ganancias y jugaron sus fichas políticas.

La transición y los siguientes gobiernos negaron también toda reforma política que implicara la participación de la ciudadanía. El rápido reacomodo Fujimorista de la mano de Keiko les permitió ganar puestos en el legislativo hasta lograr una hiper mayoría el 2016 y acumular poder para gobernar sin el ejecutivo. Desde el Congreso el Fujimorismo y sus aliados lograron designar puestos claves en el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo. También promulgaron la ley “anti-referéndum” que niega a la ciudadanía la posibilidad de impulsar una consulta sobre la nueva Constitución. Y en su afán de afán de destituir a Pedro Castillo terminaron con el equilibro de poderes eliminando la facultad presidencial de cerrar el Congreso tras dos cuestiones do confianza rechazadas. Hoy Perú vive un engendro de régimen político cada vez más parlamentarista, donde los congresistas fungen de reyezuelos negociando sus votos totalmente de espaldas a sus electores.

En una sociedad sin partidos políticos ni mediaciones sociales, buena parte del rechazo al sistema se expresaba cada cinco años en un voto “anti fujimorista”. El “anti-fujimorismo” actuó como un eje clave de identificación político electoral y fue decisivo para impedir tres veces que Keiko ganara la presidencia. No obstante, los gobiernos que llegaron al poder proclamándose “anti fujimoristas” como Humala y Kucinysky - Vizacarra mantuvieron prácticamente el mismo orden de cosas. Hartos de este continuismo, los sectores más excluidos especialmente del sur andino cambiaron el eje antagonista y el 2021 eligieron a Pedro Castillo con la esperanza de que uno de ellos gobernara realizando cambios profundos. Obviamente esto fue demasiada osadía y rápidamente se activó la coalición golpista para lograr que su gobierno fracase.

En suma, gracias al ordenamiento actual, los grupos que hoy comparten el poder, pueden gobernar copando las instituciones del Estado, sin el voto popular pero con respaldo policial y militar. Pueden frenar cualquier cambio que implique participación popular, sean nuevas elecciones o un referéndum sobre una nueva Constitución. Quieren que las cosas se mantengan así y no escatiman en pactos para conseguirlo.

Se quedan porque quieren, los pactos de la coalición

Desde antes de capturar el poder el 7 de diciembre del 2022 se conocía la existencia de una coalición que conspiraba contra el gobierno de Pedro Castillo de forma claramente golpista. Los grupos de poder económico, las fuerzas políticas en el Congreso, la Fiscalía como brazo legal y los medios de comunicación como caja de resonancia, trabajaron concertadamente en la tarea de socavar la democracia. Incluso sectores de centro y progresistas que hoy critican el carácter mafioso y autoritario de la coalición pasaron por agua tibia varias de sus acciones ganados por su animadversión a Castillo.

Cumplida la tarea de tomar el ejecutivo, la coalición pasó a tejer un entramado de pactos para mantenerse en el poder. El principal sin duda es un acuerdo de sobrevivencia entre el Congreso y el Ejecutivo pues la suerte de Dina Boluarte y los congresistas está intrínsicamente ligada; si Boluarte renuncia o es vacada corresponde por ley la realización de nuevas elecciones generales para renovar presidencia y Congreso. La mandataria no quiere irse, sabe que apenas salga de Palacio tendrá que enfrentar cargos por crimines de lesa humanidad. Los congresistas quieren quedarse y seguir gozando de jugosos sueldos, clientelas y privilegios.

En este pacto de sobrevivencia, el Fujimorismo lleva la voz cantante pues tiene la primera mayoría en el Congreso. Keiko Fujimori ha sostenido varias reuniones con Dina Boluarte encargándose de colocar cuadros políticos en puestos claves como el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tener ambas carteras era fundamental para los planes fujimoristas de validar el indulto otorgado a Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kucinzky el 2017 y rechazado el mismo año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con Boluarte dispuesta a todo por sobrevivir en el cargo, el indulto al exdictador, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, discurrió sin dificultad. Una muestra de sumisión necesaria para contentar a la mafia.

Otro acuerdo importante es el de Dina Boluarte y Alianza para el Progreso, un partido con fuerte presencia regional que a cambio del respaldo parlamentario ha colocado en el ejecutivo una red de autoridades locales (prefectos). También bancadas de ultraderecha como Avanza País y Renovación Popular obtienen lo suyo de Boluarte a cambio de no cuestionar al gobierno. Hay socios menores como la izquierda parlamentaria, especialmente Perú Libre de Vladimir Cerrón que comparte la mesa Directiva del Congreso con el Fujimorismo o el Bloque Magisterial, los diez sindicalistas que llegaron al Parlamento con Pedro Castillo y hoy negocian cualquier cosa con tal de mantener su curul. A estos se suman una serie de parlamentarios “no agrupados” que desfilan por Palacio negociando sus votos por favores políticos.

Pero a un año de convivencia, la coalición golpista muestra ya sus primeras fisuras. Tras cumplir un rol clave en el derrocamiento de Pedro Castillo, la fiscal de la Nación Patricia Benavides se aventuró en negocios propios, coordinando con sectores del Congreso para inhabilitar rivales y designar puestos claves en la Junta Nacional de Justicia. Benavides consiguió que varios congresistas votasen de forma favorable a sus planes a cambio de archivar sus denuncias. También para presionar al ejecutivo, empezó a investigar a Alberto Otárola primer ministro y hombre de confianza de Dina Boluarte. Sin embargo, un sector de la propia fiscalía denunció a Benavides exponiendo el negociado con los congresistas. La fiscal reaccionó culpando al ejecutivo y elevó denuncia contra Dina Boluarte por delito de genocidio. Parecía que la tensión escalaba, pero se impuso el espíritu de sobrevivencia y un rápido control de daños sucedió al bullicio; Patricia Benavides fue temporalmente suspendida, el Congreso amenazó con una moción de vacancia y para calmar tensiones Boluarte indultó a Alberto Fujimori. No todos quedaron contentos, pero por lo menos pueden mantenerse en el poder hasta nuevo aviso.

En todo este tinglado de pactos y negociados, lo último que interesa es el pueblo. Golpeados por la represión, agobiados por la crisis económica, y asfixiados por un ordenamiento político institucional que bloquea cualquier salida, los sectores populares que se movilizaron por la destitución de Castillo acumulan malestar sin recobrar la vitalidad impugnadora del estallido. Nada esta dicho, pero por ahora la coalición ingresa al 2024 con renovados acuerdos para sobrevivir en un orden cuya descomposición linda en la podredumbre.

Nada de esto sería posible sin suscriptores